MANIFIESTO DEL 6 DE DICIEMBRE DE 2009
¡NI ESTADO SOCIAL, NI ESTADO DEMOCRÁTICO Y DE DERECHO: ESTA CONSTITUCIÓN ES UN FRAUDE!
Los trabajadores y trabajadoras estamos asistiendo a una crisis económica sin precedentes, que está empeorando cada vez más nuestras condiciones de vida. El escenario socioeconómico en el Estado español dista mucho de lo que debería ser un supuesto Estado social:
- Más de 4 millones de parados/as, lo que supone una tasa de paro del 17, 93%, a lo que debemos añadir las previsiones, en las que coinciden todos los analistas económicos, de deterioro del mercado de trabajo durante los próximos años.
- Más de 1 millón de hogares donde todos sus miembros se encuentran en situación de desempleo.
- Un 63% de asalariados/as que ganan menos de 1.000 euros/mes, lo que implica no poder cubrir los gastos esenciales para garantizar una vida digna.
En Andalucía el problema del paro se agrava con respecto al conjunto del Estado. Actualmente hay 994.400 andaluces y andaluzas en situación de desempleo, lo que equivale a una tasa de paro del 25,64% (casi 8 puntos por encima de la media estatal).
Las soluciones a la crisis que están proponiendo la patronal y el Gobierno de ZP caminan en la misma dirección (más allá de los teatrales desencuentros que vienen escenificando): la recuperación del crecimiento económico se conseguirá haciendo que la clase obrera trabaje mucho más por mucho menos, y garantizando que la clase empresarial reciba muchas más ayudas del Estado y pague muchos menos impuestos al erario público. En este marco es donde debe situarse la nueva reforma laboral que demanda la CEOE y su propuesta de contrato del siglo XXI, que debería llamarse más bien contrato del siglo XIX, al tratarse de un tipo de contratación despojado de todos los derechos que el movimiento obrero internacional ha obtenido en 200 años de lucha. Por lo que respecta a las medidas anticrisis del Gobierno ZP, todas ellas responden a esa misma lógica: regalar miles de millones de euros a la banca (mientras a los parados se les ofrece una limosna de 420 euros al mes, o algunos meses de trabajo temporal en las obras del Plan E); subida de impuestos a través del aumento del IVA (que es el impuesto más injusto ya que lo pagan por igual tanto los trabajadores mileuristas como los banqueros millonarios); permisividad fiscal para que las grandes fortunas sigan tributando al 1% mediante artilugios financieros como las SICAV, etc.
Esta ofensiva de Gobierno y patronal contra los derechos de los trabajadores y sectores populares, está contando con la actitud cómplice de las direcciones de los sindicatos mayoritarios, que se esfuerzan por apaciguar los ánimos en el seno de la clase trabajadora, postergando las convocatorias de movilizaciones y huelgas, y tratando de convencer a los trabajadores/as de que deben ser pacientes y esperar que la economía española recupere la senda del crecimiento.
Ante este panorama, tan sólo una movilización masiva de la clase trabajadora, contando con el apoyo de todos los sectores populares, será capaz de echar por tierra los planes del Gobierno y la patronal, logrando que se garanticen los derechos de trabajadores/as, parados/as, estudiantes, jubilados/as, etc., y viabilizando una superación de la crisis que beneficie a los trabajadores/as y que traslade el coste de los males económicos a los verdaderos culpables de esta situación: banqueros, especuladores, patronal, políticos corruptos, etc.
El ascenso de la movilización obrera y popular debe partir de las luchas puntuales que se están dando en determinados sectores: acciones del Sindicato Andaluz de Trabajadores – SAT, huelga de los trabajadores/as metalúrgicos que sufren la paralización de sus convenios, movilizaciones de los trabajadores del Transporte Metropolitano de Barcelona – TMB, huelga del 21 de mayo de la mayoría sindical vasca (LAB, ELA, ESK,…), combatividad de la CSI asturiana, etc. Sólo mediante la coordinación y la unificación de estas luchas sectoriales será posible levantar una movilización obrera sostenida en el tiempo, que tenga en su horizonte la convocatoria de una Huelga general.
Ante la posibilidad de que se de un auge de la conflictividad laboral y social, que permita a los trabajadores retomar la iniciativa y poner contra las cuerdas a la patronal, el Gobierno ZP está desarrollando su estrategia de desmovilización: dividir a la clase trabajadora, aislar las luchas, y aplicar una fuerte represión sobre aquellos sectores de trabajadores/as o sindicatos que muestren cierta combatividad. Esta represión preventiva, ante un hipotético escenario de deterioro de la situación económica y emergencia de estallidos sociales, la están sufriendo los compañeros/as del SAT, los metalúrgicos en lucha, los dirigentes de la CSI Cándido y Morala, los trabajadores/as de TMB, y todos aquellos trabajadores/as y sindicalistas que han decidido emprender el camino de la lucha. En muchos de estos casos de represión vemos el resurgimiento de ciertos elementos punitivos que nos recuerdan a otra época: a los consabidos despidos, multas, apaleamientos de trabajadores/as por las fuerzas policiales, se están añadiendo allanamiento de locales sindicales y penas de cárcel.
Uno de los casos más graves de represión sindical de los últimos tiempos, ha sido la irrupción de la policía en la sede del sindicato LAB en Donostia, para detener y enviar a prisión a Rafa Díez Usabiaga, ex – secretario general del sindicato LAB, junto con Arnaldo Otegi y otros dirigentes políticos que allí se encontraban reunidos. Según el juez Baltasar Garzón, titular del Juzgado de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, los militantes sindicales y políticos encarcelados estaban tratando de reorganizar la nueva dirección de Batasuna, bajo la completa tutela de ETA. Sin embargo, el propio auto de Garzón está repleto de contradicciones flagrantes que hacen tambalearse todas sus acusaciones contra los procesados. Uno de estos elementos contradictorios es la severa crítica que hace ETA, en una comunicación dada a conocer en el auto de Garzón, a la decisión de Arnaldo Otegi y Rafa Díez Usabiaga de pedir el voto para Iniciativa Internacionalista en las pasadas elecciones al Parlamento europeo, ya que según el documento de ETA la prioridad de la Izquierda Abartzale era hacer una candidatura conjunta con Eusko Alkartasuna. Por consiguiente, esta prueba sacada a la luz en el auto de Garzón refleja dos elementos de suma importancia: el primero es que es totalmente falso que dirigentes políticos y sindicales como Otegi y Rafa Díez sean “marionetas” de ETA, porque si lo fueran no se explica como en un asunto tan crucial como el posicionamiento a tomar ante un proceso electoral tengan capacidad y autonomía para adoptar una línea política diferente a la que defiende la organización ETA; y en segundo lugar, por si a alguien le quedaba alguna duda después de la sentencia del Tribunal Constitucional favorable a la legalidad de Iniciativa Internacionalista, los promotores de IISP no fueron instrumentalizados por la Izquierda Abertzale para cumplir el objetivo de concurrir a las elecciones europeas, sino que los integrantes de IISP constituyeron, en ausencia de injerencias externas, una candidatura que se definía como un altavoz electoral para “dar voz a los sin voz”, denunciar la crisis capitalista, y reclamar el derecho a la autodeterminación de los pueblos; ante lo cual la gran mayoría del independentismo vasco decidió votar a IISP, a pesar de que una opción de este tipo representaba una novedad que nunca se había imaginado en el ámbito del soberanismo vasco.
Las herramientas represivas que se están utilizando sobre los sectores más combativos de la clase trabajadora del Estado español, y que en un futuro podrían aplicarse masivamente sobre todos aquellos trabajadores/as, activistas y sindicalistas que se opusieran a los planes del gobierno y la patronal, se asientan en un andamiaje jurídico – legal, cuyo pilar central es la ley de partidos y cuya base de sustentación es el régimen político de la Constitución del 78 (con su Audiencia Nacional, continuadora del Tribunal de Orden Público franquista, y sus Fuerzas Armadas garantes de la integridad territorial del Reino). Este recorte al ya de por sí menguado Estado de Derecho tuvo su origen en el “Pacto Antiterrorista” firmado por PSOE y PP el 8 de diciembre de 2000, que contó con la aprobación de los dirigentes de CCOO y UGT, y que en principio iba a servir para alcanzar la solución policial del conflicto vasco, mediante la aprobación de nuevas disposiciones legales que posibilitaran la expulsión de la izquierda abertzale del mapa social y político, a través de su ilegalización y disolución. Nueve años más tarde el balance es claro: el conflicto vasco no se ha solucionado, la izquierda abertzale sigue manteniendo su base social de más de 170.000 personas, y la aplicación de la legislación antiterrorista se ha extendido desde la disidencia política vasca al conjunto de los movimientos sindicales, sociales y políticos alternativos del Estado español (como lo demuestran el intento de ilegalización de Iniciativa Internacionalista, y el reiterado uso de la legislación antiterrorista para meter en la cárcel a sindicalistas y a activistas sociales).
Por todo ello, en nuestro propósito de unificar las luchas que van surgiendo para avanzar en la convocatoria de una Huelga general que se oponga a que la crisis la paguen los trabajadores/as, es esencial arropar de la más amplia solidaridad a los trabajadores/as y sindicatos que están sufriendo la salvaje represión del Estado. Y, en última instancia, para frenar los golpes represivos del Gobierno debemos desmontar todo el edificio jurídico – político que legaliza la represión del Estado. De ahí, que hoy 6 de diciembre de 2009, 31 años después de que se aprobase la Constitución española consensuada entre la izquierda claudicante y los aparatos del régimen franquista, EXIJIMOS:
- LA LIBERTAD DE RAFA DÍEZ USABIAGA, EX – SECRETARIO GENERAL DE LAB, Y DE TODOS LOS DIRIGENTES POLÍTICOS VASCOS, CUYO ÚNICO DELITO ES ACTUAR DESDE LA POLÍTICA PARA BUSCAR UNA SALIDA DIALOGADA AL CONFLICTO VASCO.
- EL CESE DE LA REPRESIÓN SINDICAL SOBRE TODOS LOS TRABAJADORES/AS Y SINDICATOS EN LUCHA
- LA DEROGACIÓN DE LA LEY DE PARTIDOS
- LA APERTURA DE UN PROCESO CONSTITUYENTE ENCABEZADO POR LA CLASE TRABAJADORA Y LOS SECTORES POPULARES QUE DEROGUE LA CONSTITUCIÓN DEL 78 Y ESTABLEZCA UN MARCO JURÍDICO – POLÍTICO MÁS JUSTO, DEMOCRÁTICO E IGUALITARIO
POR LA UNIFICACIÓN DE LAS LUCHAS PARA LOGRAR UNA MOVILIZACIÓN MASIVA DE LA CLASE TRABAJADORA Y LOS SECTORES POPULARES QUE IMPIDA QUE LA CRISIS LA PAGUEN LOS TRABAJADORES/AS Y QUE GARANTICE TODOS LOS DERECHOS CONQUISTADOS DURANTE 200 AÑOS DE LUCHAS OBRERAS
INICIATIVA POR LA UNIDAD DE ACCIÓN
Charla-coloquio el 27 de noviembre a las 19h.00 en la sede de CGT de Málaga C/ Madre de Dios, 23) con los siguientes ponentes:
Josep Garganté (CGT - TMB)
Antonio Torres (SAT Málaga)
Manuel F. Trillo (Profesor y experto en Derecho)
Presenta: Miguel Montenegro (CGT)
Modera: Daniel López (Corriente Roja, e Iniciativa Por la Unidad de Acción)
Organiza:
INICIATIVA POR LA UNIDAD DE ACCIÓN
iniciativaporlaunidaddeacción@gmail.com
Más información:
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