La pasada semana se cometió un grave atropello contra la ¿democracia? En tan sólo un par de días, dos partidos políticos –ANV y EHAK- fueron ilegalizados por unanimidad de la sala 61 del Tribunal Supremo, que, sin necesidad de mucho debate, accedió a la petición de la Fiscalía del Estado y del Gobierno.

Al parecer, amparadas por una Ley de Partidos Políticos diseñada años atrás por los dos partidos que se alternan en el poder, las ilegalizaciones se llevaron a cabo para “impedir la participación de ETA en las instituciones”; eterno delito que a día de hoy todavía no ha sido probado.

En cualquier caso, una cosa está muy clara: tamaño atrevimiento inculca los derechos civiles y políticos de miles de personas, a la vez que incita a hacer unas cuantas preguntas: ¿Será el PP representante del sangriento franquismo en las instituciones del Estado y el PSOE del GAL? Jaime Mayor Oreja expresó, no hace mucho, algo así como que en tiempos de la dictadura franquista se vivía de manera placentera; y la imagen de Felipe González acompañando hasta la puerta de la cárcel de Guadalajara a dos condenados –Vera y Barrionuevo-, por su relación con el GAL, todavía la tenemos muy fresca en nuestras memorias. ¿Cometieron ambos delito de enaltecimiento del terrorismo? ¿Por qué estos dos individuos no han pisado nunca el interior de una cárcel? El PP jamás ha condenado al franquismo, y el PSOE tampoco al GAL ¿Por qué estos dos partidos no son sometidos a las exigencias de su propia ley? ¿A qué espera el Tribunal Supremo para ilegalizarlos? ¿O es que únicamente la Ley de Partidos se aprobó para eliminar de la escena política a una parte concreta de la sociedad?

Resulta curioso cómo todos los partidos políticos con representación en Euskal Herria –incluidos el PSOE y el PP- albergan en sus filas a ex militantes de ETA. De la mano del PP, ufano, va Jon Juaristi, y hace un par de elecciones municipales, en Donostia, Mikel Azurmendi engrosó la lista del mismo partido. ¡De ETA al PP! Son dos ejemplos de extrema reconversión ¿ideológica?

Del PSOE no hace falta decir nada porque, cuando absorbió a buena parte de Euskadiko Ezkerra, a su seno cayeron no pocos ex ¿terroristas? ¿Y acaso las listas de ambos partidos se han considerado alguna vez “contaminadas”? No hace falta ser un avispado observador para darse cuenta de que la justicia no es aplicada de idéntica manera a todos los ciudadanos del Estado. Pero, por si las pruebas aportadas no son aún suficientes, añado otra más: Hace tan sólo unos días fue renovado el Consejo General del Poder Judicial –CGPJ-, y, como resultado del pacto alcanzado el pasado mes de julio entre Zapatero y Rajoy, se hizo de esta significativa y vergonzosa manera: de los veinte miembros que lo componen, el PSOE eligió a ocho; el PP a otros ocho; y la elección de los otros dos correspondió al PNV y a CIU. El magistrado Carlos Divar será el presidente del CGPJ y del Tribunal Supremo, y el vocal Fernando de Rosa el vicepresidente. Este hecho evidencia que el órgano de gobierno de los jueces, encargado de organizar la administración de la justicia, mantiene estrecho vínculo con el poder político –y económico, en definitiva-. ¿Debemos seguir “tragando”, pues, que la “democracia española” se sustenta en un Estado de Derecho?

Nunca me he creído aquello de que llevamos treinta años disfrutando de democracia. Y es que soy de los que piensan que la sociedad capitalista jamás podrá ser democrática, porque, como dijo el compañero Fidel, “es la máxima expresión de la lucha feroz entre los hombres, la máxima expresión de la falta de igualdad y de fraternidad entre los hombres”. ¿Se puede reconocer la existencia de democracia en un país cuyo sistema permite –y facilita- la existencia de una minoría con fortunas inmensas, mientras muchos de sus habitantes no tienen nada o casi nada? ¿Qué atisbo de igualdad y fraternidad puede haber entre el millonario y el pordiosero? Obviamente ninguno. Los dos partidos antes mencionados no son más dos “empresas” dedicadas a facilitar el trabajo saqueador de los grandes capitalistas, clase a la que, en mayor o menor medida, sus máximos dirigentes también pertenecen.

La democracia sólo puede existir dentro del sistema socialista, fuera de él siempre será un maloliente cadáver con, según los casos, diferentes grados de permanente descomposición. “Cracia” quiere decir poder y “demos” pueblo. De modo que la democracia es el poder del pueblo, basado en el principio de la subordinación de la minoría a la mayoría, y no al revés. Algo muy diferente a lo que sucede en este engendro que llamamos España.