La muerte en atentado de una soldado española es la última y trágica llamada de atención que nos ha lanzado el gravísimo problema que nuestra política exterior tiene aún por resolver en Afganistán.
La deposición del régimen taliban y la ocupación del país en el otoño y el invierno de 2001 se produjeron con el mundo entero bajo el aplastante impacto de los ataques terroristas del 11 de septiembre, en un clima de lógica compasión por las víctimas, simpatía por el pueblo norteamericano y repulsión por el salvajismo de los terroristas de Al-Qaeda y sus aliados locales. Nadie en la comunidad internacional negó en aquel momento el derecho de EEUU a dar caza a los autores de los ataques y desmantelar sus infraestructuras. De los horrores del régimen taliban ya veníamos sabiendo desde tiempo atrás, y como muestra de que nuestra repulsión es compartida en todo el mundo musulmán, ni siquiera los grandes enemigos de EEUU en la zona, como Irán o Siria, se mostraron especialmente combativos frente a la intervención occidental. El poder legislativo norteamericano, la OTAN, la onU y buena parte de la opinión pública internacional entregaron al gobierno de EEUU el equivalente a un cheque en blanco en la lucha contra Al-Qaeda y los talibanes. Cinco años después, la catástrófica situación que se vive en el país, y en el conjunto del Oriente Medio y Próximo, debería obligarnos a una reflexión sobre las decisiones que se tomaron en aquel momento, y en que medida deben ser revisadas y corregidas.
En los documentales de Michael Moore, en los reportajes y libros de Norman Mailer, Seymour Hersh o Bob Woodward y en las imágenes del telediario de todos los días se amontonan las pruebas de la maligna y demente gestión que de la guerra contra el terror hizo el gobierno Bush desde su primera hora. Tantas, es preciso recordarlo, como las que inculpan a EEUU de haber alimentado durante años, mientras fue útil a sus propósitos estratégicos en la zona, al monstruo del terror integrista. La guerra norteamericana en Afganistán fue bestial con la población civil, ya sobradamente torturada por los talibanes y los igualmente sanguinarios señores de la guerra que se les oponían, y voraz con los recursos naturales del país, rápidamente entregados por el nuevo gobierno afgano a la rapiña de las grandes corporaciones norteamericanas afines a la banda de Bush. Mientras tanto, Osama Bin Laden disfrutaba durante su huida en motocicleta de los hermosos paisajes nevados de la frontera afgana, y los talibanes organizaban su tenaz resistencia. Las bandas mafiosas que cultivan heroína por toneladas gobiernan regiones enteras, la esclavitud femenina sigue vigente y las constantes e infructuosas ofensivas sobre los persistentes talibanes suelen acabar en considerables matanzas de civiles que se ofuscan en buscar el impacto de las bombas norteamericanas sobre sus cabezas. Afganistán es hoy un régimen brutal y corrupto en la capital y el fin del mundo en el resto del país, todo él un horrendo infierno de miseria, miedo y violencia. Proporcionalmente a su tamaño y población, la guerra de Afganistán no es hoy, en febrero de 2007, menos guerra, menos macabra o menos sangrienta que la guerra de Iraq.
Entonces… ¿qué pintan allí todavía las tropas españolas? Es cierto que nuestro Ejército permanece bajo mandato de la onU y se aplica sobre todo en tareas policiales y humanitarias. Pero en Afganistán son las decisiones políticas y militares de Washington, aplicadas con completa autonomía por sus tropas, las que marcan el rumbo de la situación. Y al igual que pasó en Iraq, las decisiones de EEUU convierten en papel mojado las intenciones y normas de actuación de otras tropas sobre el escenario, aunque no estén formalmente sujetas a su mando. Testimonios de periodistas y militares españoles en Iraq denunciaron como las acciones norteamericanas implicaban repetidamente al contingente español en escenarios de combate que desbordaban su mandato, desbaratando sus esfuerzos por apaciguar la convivencia con la población local y mejorar sus condiciones de vida. Asimismo, Amnistía Internacional sostiene con acertado criterio que, aunque no exista ningún indicio que apunte a la existencia de violaciones de los Derechos Humanos en la acción de policía de las tropas españolas, tampoco estas pueden garantizar en modo alguno los derechos de los sospechosos a los que detiene cuando estos son entregados a las tropas de EEUU y sus alidos locales, para dar con sus huesos en alguna inmunda cámara de torturas tras un par de vueltas al mundo en clase combatiente ilegal de las siniestras CIA Airlines.
Es preciso decir alto y claro que estas no son circunstancias para que las tropas españolas permanezcan en Afganistán. EEUU ha incumplido sistemáticamente las condiciones impuestas por la onU a su intervención, a la vez que ha pervertido por completo sus fines. Puede cabalmente preguntarse si algún día la acción occidental en Afganistán fue legítima y legal. Hoy, tajantemente, no reune ninguna de esas dos condiciones. Si sumamos las dos bajas por atentados y los accidentes del avión Yak-42 (mayo de 2003, 62 muertos) y del helicóptero Cougar (agosto de 2005, 17 muertos), esta es con mucho la intervención militar española en el extranjero con un balance más trágico, además de la más costosa en términos económicos, en torno a mil millones de euros de los erarios del Estado. Unos sacrificios que en muy poco han podido ayudar a mejorar las condiciones de vida de los afganos, y que se revelan excesivos para mantener las ya de por sí escasas simpatías que, para buen nombre de nuestro país, nos dispensan el Nerón de Texas y sus compinches. El gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero debe abandonar su resignado conformismo ante esta situación insostenible y plantear inmediatamente a Washington, como hizo en Iraq, y a ser posible en concurrencia con otros actores de la comunidad internacional, un catálogo de condiciones de obligado cumplimiento para mantener nuestra presencia en el país. Una de esas condiciones debe ser la autoridad directa e incondicional de las Naciones Unidas sobre todos y cada uno de los soldados extranjeros sobre el terreno. Otra, la plena jurisdicción del Derecho y los tribunales internacionales sobre sus acciones y las de las autoridades locales a las que auxilien, con carácter retroactivo para los casos de violaciones de los Derechos Humanos y crímenes de guerra. Cualquier escenario distinto al cumplimiento de estas exigencias debe suponer la retirada inmediata de nuestro Ejército. Si algún día se diesen tales condiciones, el Parlamento podría volver a autorizar su despliegue. Hoy, debe ordenar su regreso.
Con el enjuiciamiento en curso de los acusados de la matanza del 11-M, nuestro país está dando una lección al mundo acerca de cómo un país democrático dotado de un sistema legal garantista puede y debe plantar cara al fenómeno del terrorismo global. Asimismo, resulta más que positiva la reacción del Parlamento Europeo, con la aprobación del informe Fava, y de los gobiernos, la opinión pública y los tribunales de España y algunos otros países de la Unión, investigando los secuestros y otras violaciones de los Derechos Humanos cometidos por EEUU en nuestro territorio, así como la presencia y actividad de agencias de seguridad europeas en Guantánamo y otros campos de exterminio norteamericanos (temas ambos que han de ser objeto de una investigación exhaustiva, que conduzca a la puesta a disposición judicial de quienes las promovieron o autorizaron). Del mismo modo, puede sin duda elogiarse el papel moderador que la diplomacia española, con mayor solvencia y decisión que cualquier otra de Europa, viene jugando desde marzo de 2004 en Líbano, Palestina, Siria, Irán y otros países del conflictivo tablero oriental, ejerciendo en ocasiones de firme contrapeso a las urgencias belicistas de EEUU y sus aliados israelíes. La Alianza de las Civilizaciones promovida por Jose Luis Rodríguez Zapatero es un proyecto difuso y objetable, pero que al menos apunta en una dirección alternativa y sin duda más saludable que el choque de civilizaciones promovido por los halcones de Washington, a cuyos planes la diplomacia española también ha plantado cara en el seno de la OTAN. Son los pasos correctos para ir desmontando el estado de excepción global impuesto por EEUU después del 11-S, que lleva ya un lustro alimentando el terrorismo con la misma intensidad con que la gasolina alimenta los incendios, y pueden ser los primeros indicios de que estamos arribando a un nuevo escenario, en el que el mundo pueda abordar el problema del terrorismo global con mayores probabilidades de victoria, liberados ya de una vez por todas de los pirómanos enajenados que bajo la coartada de la guerra contra el terror han tratado de medir su propio fanatismo con el fanatismo de quienes nos mostraron su saña homicida en Nueva York, Madrid y Londres.
La tarea de construir este nuevo escenario aún exigirá de la nuestra y de futuras generaciones un enorme esfuerzo de sensatez, templanza y coherencia. Precisamente por coherencia con ese afortunado giro a mejor de nuestra política exterior y nuestra estrategia antiterrorista, ni un solo soldado español debería ya permanecer en Afganistán. Nuestro gobierno no debería tardar mucho tiempo más en tomar plena conciencia de ello, ni en actuar en consecuencia.
Jónatham F. Moriche, 23 de febrero de 2007
www.geocities.com/jfmoricheweb | jfmoriche@gmail.com
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