Jorge del Cura, portavoz de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT) y miembro fundador del centro documental sobre la misma, es una voz de máxima autoridad en la lucha contra los abusos físicos y mentales y los tratos crueles y degradantes. Fue coordinador de la Acción Popular contra los GAL, uno de los portavoces de la Coordinadora Solidaria con las Personas Presas y presidente de la Asociación contra la Tortura. Comisarías, prisiones, centros de internamiento de inmigrantes y en general cualquier espacio de impunidad del Estado están en su mirilla. Los informes de la CPT son empleados por Amnistía Internacional (AI) y la Secretaría de Estado de EEUU para denunciar que en España sigue habiendo tortura. Hace dos semanas, la Diputación de Sevilla censuró un ciclo de la CPT porque dijo la institución participaban personas "supuestamente vinculadas al entorno abertzale".
¿Le sorprendió la censura?
Es delirante la alusión al "entorno abertzale" en referencia a Salhaketa, que ayuda a presos sociales. Ane Ituiño [candidata por ANV en Bilbao en 2007] venía como abogada a contar su experiencia. Y, que yo sepa, ser abertzale no es delito ¡por ahora! Ese concepto del entorno es diabólico.
¿Lo sufre la CPT?
Se descalifica a todo el movimiento basándose en la acusación de que hay proterroristas. La CPT integra a 45 colectivos de todo el Estado, y sólo el 5% o el 6% de las denuncias que nos llegan tiene que ver con detenidos incomunicados por supuestos delitos de terrorismo. Logran que todo el tema sea tabú, cuando el 36% de los casos afecta a gente que simplemente discute con un policía y acaba golpeado, detenido y acusado de atentado. No preguntamos por su delito a nadie, porque la tortura es intolerable siempre. En Colmenar Viejo, vinieron tres chavales a los que la Guardia Civil había maltratado. Sus padres eran falangistas y ellos creían que no íbamos a ayudarlos. ¡Si nos da igual! Nadie nos llamó profalangistas por ayudarlos.
¿La tortura es un fenómeno extendido en España?
Aunque es difícil precisar el número exacto de casos, los mil que nosotros conocemos al año nos permiten afirmar que sí. Además, pocos inmigrantes denuncian, porque conlleva una contradenuncia y te expulsan o te quitan los papeles. Los presos de segundo grado, si denuncian, se exponen a perder el grado y los beneficios. En zonas rurales, donde no suele haber asociaciones de derechos humanos, hay pocas denuncias. Hay más en Madrid, Catalunya,Euskadi, Andalucía...
¿El fenómeno va a más?
Se denuncia más, pero a la vez crece su apoyo y respaldo social, sobre todo cuando la tortura se utiliza en lucha contra el terrorismo.
O cuando se pide apretar a detenidos, como en el caso de Marta del Castillo.
No tenemos datos sobre la actuación policial en ese caso, pero he leído en algunos medios eso de que hay que "sacarles la verdad como sea". ¿Pero qué es eso? Habrá que buscar la verdad con todos los medios legales.
En los juicios, ¿es difícil romper la presunción de veracidad del agente?
Sólo es posible con testigos, partes médicos Y hay un problema. El detenido es llevado al hospital por los policías, así que el médico no se atreve a hacer informes exhaustivos y el detenido se calla. Los médicos forenses, en los juzgados, también hacen exámenes muy superficiales.
¿Sirven de algo las cámaras en comisaría?
Son fáciles de eludir. En las zonas de incomunicados, no hay. Los policías no golpean donde saben que hay. Se vio en Roquetas, cuando le daban a [Juan Martínez] Galdeano en el ángulo que no se grababa. La ventaja de Les Corts [la comisaría barcelonesa de los mossos] es que no sabían que había cámaras. Por eso se vio lo que se vio.
Willy Toledo, al hilo de sus polémicas declaraciones, comparó a España y Cuba.
La CPT sólo se encarga de la tortura en el Estado español ¡y bastante tiene con eso! Lo ocurrido con Zapata es inaceptable, pero también la falsa idea de que las democracias no torturan.
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