El juez de La Haya rechazó el planteo de la defensa del piloto de la ESMA que había relatado ante sus compañeros cómo arrojaba personas vivas al mar y pretendía ser juzgado en Holanda. Julio Alberto Poch, preso en España, seguramente será trasladado a Buenos Aires.
Por Diego Martínez
El ex piloto naval Julio Alberto Poch, preso en España por haber confesado ante sus compañeros de trabajo que arrojó personas vivas al mar desde aviones en vuelo durante la última dictadura, será extraditado a la Argentina. Un juez de La Haya rechazó ayer la pretensión del abogado Gerard Spong para que el oficial retirado de la Armada sea juzgado en su patria adoptiva: el Reino de los Países Bajos. Se trata de una buena noticia para el ex funcionario de la dictadura Jorge Zorreguieta y su hija, la princesa Máxima de Holanda, pero pésima para la Armada Argentina, que según el ex capitán Adolfo Scilingo obligó a participar a todos sus miembros en los vuelos de la muerte.
La confesión de Poch ante sus compañeros de la aerolínea Transavia ocurrió durante una cena con buen vino en el restaurante Gado Gado de la isla de Bali, en Indonesia, luego de que los holandeses calificaran de “régimen criminal” a la dictadura argentina. “Poch dijo que teníamos una imagen errónea de la época, que hubo una guerra y en la guerra muere gente”, relató el piloto Tim Weert. Luego contó “cuando a bordo de su avión se echaba fuera de borda a personas con vida con el fin de ejecutarlas”, agregó. “No hay problema, estaban drogados”, les aclaró.
“Su comportamiento era impresionante. Defendía el hecho de haber arrojado gente al mar”, destacó Edwin Brouwer, impresionado “por su gesto, el movimiento que hizo con la mano, como si dejara voltear un avión para dejar escapar la carga”. A diferencia de lo que ocurre en las aerolíneas argentinas, donde no han faltado relatos de pilotos y mecánicos que en los ’80 tomaron distancia de las Fuerzas Armadas, cuando los testigos holandeses informaron sobre la confesión, su jefe Geert Geroen Engelkes no dudó en denunciar a Poch ante la Policía Nacional. “Era mi obligación como persona y ciudadano del mundo”, explicó.
A diferencia también de lo que ocurre en la Justicia argentina, donde una confesión idéntica del capitán Hemir Sisul Hess hibernó durante cuatro años en un despacho de Comodoro Py, el Ministerio Público holandés realizó una investigación exhaustiva, les tomó declaración a testigos directos e indirectos, y envió a tres personas a la Argentina para interiorizarse sobre el estado de los procesos. Aquí confirmaron que desde la confesión pública de Scilingo, en 1995, no hubo un solo detenido por los vuelos (ni siquiera el abogado Gonzalo Torres de Tolosa, que según Scilingo lo ayudó a arrojar personas al vacío) pero lograron que el juez federal Sergio Torres, a cargo de la causa ESMA, aceptara viajar a Holanda para escuchar a los testigos, y solicitara la captura con fines de extradición.
Poch fue detenido el 22 de septiembre en el aeropuerto de Valencia, durante una escala de su último vuelo antes de jubilarse como comandante de Transavia. El ex marino de 57 años, que había comprado un departamento frente a la playa de Xeraco, quedó alojado en el centro penitenciario Picassent. El 6 de octubre negó haber confesado los crímenes ante un juez de la Audiencia Nacional. Un día después la embajada argentina en Madrid entregó el exhorto diplomático que ratificó el pedido de extradición. El 30 de octubre el Consejo de Ministros del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero aprobó la continuidad del proceso.
Con el argumento de la doble ciudadanía, sumado a que los testigos de la confesión y quienes investigaron a Poch son holandeses, Spong solicitó la extradición de su cliente al Reino de los Países Bajos y montó una campaña mediática en la que incluyó a la familia del imputado. El Estado holandés se pronunció en contra: sostuvo que el juicio debe realizarse en la Argentina, donde ocurrieron los vuelos, con el fin de que “los familiares de las personas desaparecidas puedan seguir el proceso”. Ayer un juez civil de La Haya falló en la misma línea. Admitió que Holanda está facultada para juzgar a Poch y no descartó la posibilidad de que pueda retornar allí para cumplir su eventual condena, pero ante la falta de interés del Ministerio Público local y las garantías de las que gozan los represores en la Argentina, rechazó el pedido de extradición.
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