Una de las propuestas que las fuerzas liberales han estado haciendo en España ha sido –junto con la reducción de los salarios y la desregulación del mercado de trabajo– la reducción del gasto y empleo público, pues se asume que el “excesivo tamaño del Estado” ha obstaculizado el desarrollo económico del país, siendo ahora responsable del retraso en la recuperación económica.
El más reciente ejemplo de lo que digo es la promoción por parte de la mayoría de los medios de información (El País, 08-11-09; El Mundo, 26-10-09; ABC, 26-10-09; El Periódico, 26-10-09) del informe “El coste de la Administración Pública en España” de la Escuela de Administración de Empresas de Barcelona. La tesis de este informe es que en España el empleo público ha experimentado un acelerado crecimiento estos últimos años (desde el año 2000), alcanzando unos niveles excesivos que están obstaculizando la eficiencia económica del país, mostrando una relación inversa entre el peso del empleo público de un país y su prosperidad económica. Para confirmar tales tesis el informe compara, por ejemplo, el tamaño de la población empleada en el sector público español con el existente en Alemania, concluyendo que el empleo público de España (como porcentaje del empleo total) es mayor que en aquel país, con lo que nos gastamos en tal empleo (que el informe confunde con funcionariado) mucho más que allí. Según el informe, la evidencia empírica muestra que, a mayor peso del funcionariado público, menor es la riqueza económica del país y de las regiones, y sugiere “la importancia de mantener el tamaño de los sectores públicos a raya con el fin de fomentar la productividad y la eficiencia económica”. La conclusión que se deriva es que hay que reducir el empleo público si queremos ser más eficientes.
El informe, sin embargo, selecciona y manipula los datos de una manera que unos medios de comunicación más críticos de los que tenemos habrían detectado. Se incluyen en el texto errores fáciles de ver, como que empleo público y funcionariado no son la misma categoría, sino dos distintas. Todo funcionario es empleado público, pero no todo empleado público es funcionario. Otro error es que la categoría empleo público que recoge el informe (derivado de Eurostat) no incluye a todos los empleados públicos, sino sólo los datos referentes, por ejemplo, a la categoría Administración pública y defensa. Se excluyen así muchos empleados públicos que no quedan incorporados en esta categoría. En tercer lugar, utiliza indicadores de tamaño del sector público que dan una visión sesgada de tal tamaño. Veamos.
Si analizamos el total de personas empleadas y contratadas en el sector público (a niveles centrales, regionales o autonómicos y locales), utilizando como fuente de datos las únicas que ofrecen tal información, que son la Organización Internacional del Trabajo y Eurostat, y analizando los indicadores que deben utilizarse para medir el tamaño del sector público (el número de empleados públicos sobre el total de la población adulta), podemos ver que España tiene un porcentaje de personas empleadas en el sector público de los más bajos de la UE-15 (9,5%), sólo mayor que Austria, Italia y Portugal. Alemania (el país que el informe cita erróneamente como que tiene un empleo público menor que España) tiene un 10%, mientras que Suecia tiene un 21%.
Para llegar a la deseada conclusión de que Alemania tiene un empleo público menor que España, el informe calcula el número de empleados públicos como porcentaje de todo el empleo. Pero, al utilizarse este indicador, el informe no está comparando manzanas con manzanas, sino con peras. El empleo público tiene una composición distinta en los dos países. La sanidad alemana, por ejemplo, está basada en un sistema de aseguramiento, por lo que no quedan incluidas en la contabilidad nacional las cifras de empleo público en sanidad, pues tal empleo no está contratado por el Estado, sino por las compañías de aseguramiento. De ahí que el empleo público en sanidad en Alemania sea muy bajo. Si se excluyese la sanidad, entonces se vería que, en realidad, el empleo público es notablemente mayor en Alemania que en España (ver “Los errores del el informe Los costes de la Administración Pública en España” en www.vnavarro.org).
Lo mismo ocurre en cuanto al gasto público, que el informe considera explosivo, manifestando que ha experimentado este crecimiento en los últimos años, entre otras razones por el crecimiento del gasto en remuneración de los empleados públicos. Pero cuando se analizan los datos se ve que, en realidad, el gasto público (por habitante) en remuneración salarial de los empleados públicos es de los más bajos de la UE-15 (sólo por encima de Grecia, Italia y Portugal), y ello como consecuencia no sólo de que el empleo público es de los más bajos de la UE-15, sino también de que el gasto por empleado también lo es (lo cual explica, por cierto, la emigración de profesionales cualificados del sector público español a otros países de la UE-15, incluida Alemania).
Una consecuencia de esta situación es que el número de empleados públicos por ciudadano sea el más bajo de la UE-15 (junto con Italia y Portugal). Lo que quiere decir que los ciudadanos están menos atendidos por el Estado en España que en el resto de la UE-15. Esta escasa atención toma lugar principalmente en los servicios públicos. La tan citada rigidez del Estado en España es consecuencia de su pobreza. En realidad, la escasa eficiencia de la economía española, como del resto del sur de Europa, se basa en el escaso desarrollo del sector público. Como incluso el Foro de Davos (El Vaticano del pensamiento liberal) reconoce, los países con mayor eficiencia económica y bienestar social en Europa son los países nórdicos de tradición socialdemócrata con amplios sectores públicos.
Por último, la reforma de la Administración pública, dando mayor protagonismo a las autonomías, ha significado un cambio en el sistema de gobierno del empleo público. Pero ello no ha significado un aumento muy marcado del empleo público. En realidad, tal crecimiento ha sido sólo de un 1% por año, lo cual no ha sido especialmente acentuado teniendo en cuenta el gran déficit de personal en el sector público.
Vicenç Navarro es catedrático de Políticas Públicas de la Universidad Pompeu Fabra y profesor de ‘Public Policy’ en The Johns Hopkins University
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