El 26 de noviembre de 2007, en el transcurso de una operación de recarga de combustible, se produjo en el interior de la central nuclear de Ascó (Tarragona) la fuga de una cantidad todavía indeterminada de partículas radioactivas. Tres días más tarde, al conectarse los sistemas de ventilación una vez finalizada la recarga, estas partículas fueron liberadas al medio ambiente. El escape no es detectado por Ascó hasta el 14 de marzo. Sin embargo, el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), la agencia que vela por la seguridad de las instalaciones atómicas españolas, no es informado del incidente por la dirección de la central hasta el 3 de abril. Y la opinión pública no es alertada hasta el 5 de abril, y no por las empresas propietarias de la central (Endesa e Iberdrola) ni por el CSN, sino por Greenpeace, organización a la que un grupo de trabajadores de la propia central filtra la noticia, en respuesta a la desidia y el secretismo de sus jefes y de quienes deberían supervisar su trabajo (el CSN tiene inspectores permanentes en todas las centrales españolas). A partir del 5 de abril, se suceden los controles radiológicos a los potenciales afectados (incluyendo a los escolares que habían participado en una visita guiada a la central tras el escape) y la investigación oficial, que concluye, por un lado, minimizando el impacto de lo ocurrido, y por otro, con el cese del director de la central.
No es el único incidente de este tipo registrado en España en fechas recientes. El 2 de mayo se produjo un rebose de agua durante la operación de carga del primer reactor de la central de Almaraz, oficialmente sin impacto radiológico en el exterior de la central (tras ser "descontaminados", 30.000 litros de agua en contacto con el incidente fueron vertidos al embalse de Arrocampo, en el río Tajo). También en Almaraz, en noviembre de 2007, otro incidente durante una recarga obligó a la evacuación de emergencia de numerosos trabajadores. Además, se ha producido en los últimos meses problemas menores con las barras de control o las válvulas de seguridad en las centrales de Trillo y Cofrentes. La avalancha de incidentes no se limita a España: también se han producido en Eslovenia (fuga de agua y apagado de emergencia de la central de Krsko), Francia (fuga de 74 kilos de uranio hacia acuíferos subterráneos en un almacén de combustible en Tricastin)...
Esta sucesión de incidentes de distinta gravedad ha venido a enfriar el entusiasmo de los animadores de la intensa campaña pro-nuclear que venimos padeciendo con especial intensidad en los últimos dos años, después de casi dos décadas de prudente silencio de la industria atómica tras la catástrofe de Chernóbyl en 1986, que dejó 200.000 víctimas mortales y 7 millones de afectados graves. Esta renovada campaña pro-nuclear se basa en negar la realidad de los reiterados fallos de seguridad y proponer fantasías sobre un futuro muy impreciso de centrales avanzadísimas y residuos inofensivos. Por ejemplo, se habla insistentemente de "una nueva generación de reactores", de fabricación francesa, de los cuales, de momento, sólo hay dos en construcción: Flamanville en Francia, comenzada en diciembre de 2007, y paralizada por el equivalente francés al CSN por problemas graves de seguridad, y Olkiluoto-3 en Finlandia, que sólo tras dos años del inicio de las obras acumula otros dos años de retraso y un sobrecoste de 1.500 millones de euros (por cierto que ambas centrales son iniciativa de la compañía semipública francesa Areva, que está viendo muy dificultada su privatización por el impacto en la opinión pública de estas informaciones). También se especula sobre unos sistemas de "transmutación", que permitirían reducir la peligrosidad y acortar la vida de los residuos radioactivos, pero que de momento son pura ciencia-ficción frente a la cruda realidad de miles de toneladas de basura nuclear que, muy sensatamente, nadie quiere ver enterrados frente a su casa o al lado de los acuíferos de los que se nutre, y que permanecerán decenas o cientos de miles de años envenenando la tierra bajo la que sean sepultados. La única realidad palpable en materia de seguridad nuclear es el recorte en los últimos años de las partidas económicas y el personal dedicados a la seguridad en las centrales que se acercan al final de su período de explotación, a las que las empresas propietarias tratan de exprimir las últimas gotas de beneficio aún a costa de incrementar los riesgos sobre el medio ambiente y la población: "las nueve centrales nucleares españolas, en conjunto", denuncia el investigador Miguel Jara, "han reducido a menos de la mitad sus gastos de seguridad en los últimos cuatro años". Evidentemente, este dato no figura en ninguno de los artículos, conferencias y visitas "educativas" financiadas por el lobby pro-nuclear.
No sólo hablamos del futuro del medio natural y de modelos energéticos. La energía nuclear es también social y políticamente insostenible. Para que nuestra economía pudiese tener como base preponderante la energía nuclear, harían falta en España entre 120 y 180 centrales, más o menos tres por provincia. ¿Se imagina el lector una situación así? ¿Seguiría tratándose sólo de una cuestión de energía? Como escribe Ricardo Marqués, una nuclearización masiva inundaría la geografía de explotaciones de uranio, instalaciones para su procesamiento, centrales nucleares, transportes de combustible y almacenes de residuos que "configurarían un mundo más inseguro y tendría sin duda consecuencias negativas sobre las libertades y derechos humanos de los ciudadanos de a pie". Por añadidura, la gran concentración de capital que exige la industria nuclear requiere de enormes empresas y monopolios poco competitivos (con todo lo que ya sabemos acerca del desprecio a la opinión pública y la irresponsabilidad social corporativa de los gigantes energéticos), frente al mercado mucho más horizontal y democrático de la energía renovable, abierto a la pequeña inversión, la inversión cooperativa o la propiedad pública. Conociendo como conocemos a los malnacidos que tiran de los hilos de este planeta, ¿cuánto tardarían en sustituir sus guerras petroleras en Oriente Medio por guerras a la conquista del uranio en África? (de momento, la extracción de combustible nuclear ya ocasiones graves conflictos sociales y penosas consecuencias medioambientales y de salud pública en países como Níger, tercer exportador mundial de uranio y uno de los países más pobres del planeta. Una historia ya conocida...).
Pero nada resulta tan ofensivo para la moral y para la inteligencia como el tercamente reiterado pseudo-argumento de que la energía nuclear es "una solución" al problema del cambio climático. Sin duda, es cierto que las centrales nucleares no provocan emisiones de CO2 a la atmósfera. Pero, ¿es que el CO2 es el único agente contaminante existente y sus emisiones son el único problema medioambiental que deba preocuparnos? Es una lógica perversa, la misma que nos propondría invertir en fábricas de napalm para frenar la producción de minas antipersonales. La alternativa más razonable a asfixiar al planeta no puede ser envenenarlo. Incluso un moderado como Al Gore ha desdeñado las fantasías del capitalismo atómico: las centrales nucleares, explica el ex-vicepresidente de EEUU, son enormemente caras (entre 3.000 y 5.000 millones de euros por unidad, aproximadamente), generan un problema a muy largo plazo con sus residuos, incrementan el riesgo terrorista y la inestabilidad geopolítica y su aportación a la lucha contra el calentamiento global "no sería significativa". En realidad, casi todo el mundo en el ámbito científico que no recibe un sueldo de la industria nuclear está básicamente de acuerdo: la única estrategia viable ante el cambio climático es la basada en una extensión y optimización de las energías solar, eólica e hidráulica que permita a la mayor brevedad la desconexión de las centrales nucleares y una progresiva independencia del flujo de petróleo, carbón y gas natural. Y, por supuesto, al otro lado del sistema energético, un decrecimiento radical de la demanda mediante el ahorro y la racionalización del comportamiento de los consumidores. Una revolución energética integral que, ante la amenaza del calentamiento global, defienda a vida o muerte el derecho de la Humanidad a un planeta habitable. Es un desafío imponente, sin duda. Pero es que, con menos que eso, muy difícilmente sobreviviremos.
Volviendo al más inmediato presente, la industria atómica hará borrón y cuenta nueva de esta oleada de incidentes de seguridad y arreciará en su campaña promocional de átomos simpáticos y saludables para el medio ambiente. Las centrales de Garoña en Burgos y Almaraz en Cáceres serán las próximas en cerrar (en 2009 y 2010, respectivamente) o las primeras en recibir una ampliación de su plazo de explotación, marcando el rumbo para las restantes instalaciones nucleares españolas y retrasando otros veinte años el horizonte de la plena desnuclearización de nuestro país, convertido en compromiso electoral por el Partido Socialista en 2004 y 2008. Como escribe Carlos Bravo, de Greenpeace, el gobierno español "tiene que decidirse entre respetar la palabra dada a los ciudadanos o sucumbir a las presiones del lobby nuclear". El próximo 13 de septiembre, los extremeños estamos convocados a manifestarnos de nuevo ante las puertas de la central de Almaraz, para exigir a los gobiernos de Mérida y Madrid que se respete la palabra dada y se deniegue cualquier renovación de su período de explotación. Almaraz debe apagarse para siempre antes del 31 de diciembre de 2010. A la vista de los hechos, ningún argumento económico, y mucho menos medioambiental, podrían justificar lo contrario.
Jónatham F. Moriche, julio de 2008
http://jfmoriche.blogspot.com | jfmoriche@gmail.com
[Una versión reducida de este texto se publicará en el nº 46 (julio de 2008) de La Crónica del Ambroz. Versión digital disponible en http://www.radiohervas.es]
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