Hace apenas unos minutos Colombia fue gratamente informada de la liberación definitiva de un grupo de 15 prisioneros que estaban en poder del las guerrillas de las FARCs, encabezado por la Excandidata presidencial Ingrid Betancourt. El país espera que este hecho abra el camino a un acuerdo político militar completo que ponga punto final a una guerra interna de medio siglo, que ayude también, a liquidar la extensa violencia diaria que actualmente cubre todo el territorio colombiano.
Este acontecimiento tendrá, de todos modos, notable influencia política ante las acciones del Presidente Álvaro Uribe Vélez contra la Corte Suprema de Justicia, para la renovación y prórroga de su período presidencial, que lo mantiene enfrentado a los sectores democráticos colombianos, al Partido Liberal, al fuerte movimiento de izquierda el Polo Democrático y a una opinión dispersa que clama por el rescate de la democracia plena y el fin de las maniobras del Presidente Uribe Vélez por prolongar su período político de gobierno. En Colombia es clara la visión y convicción de que Uribe Vélez trabaja en función de un golpe de Estado que permita destruir la autonomía de la Corte Suprema de Justicia y legislar a su antojo y para sus fines, apoyándose en la mayoría de miembros del Congreso que lo siguen, incluidos los que aún ejercen ese cargo representativo pese a estar en las listas de las decenas de congresistas investigados por el tráfico de influencia y de dinero en las últimas elecciones, no sólo para elegirse ellos mismos como nuevo Congreso sino para la primera y segunda reelección del Presidente Álvaro Uribe Vélez. A su vez, la Corte Suprema de Justicia en diversos comunicados ha mantenido con energía su independencia jurídica y política total de las maniobras y agravios del presidente Uribe Vélez.
El hecho de que la liberación de prisioneros de las FARCs se hubiera ejecutado mediante acuerdos de esta organización y el gobierno de Uribe Vélez, muestra la posibilidad real de lograr la paz en Colombia después de 50 años de guerra interna, de violencia y crímenes políticos y de despojo económico y social que han llevado a que sea el país del mundo con más de 3 millones de refugiados que han huido del campo a las grandes ciudades y poblaciones intermedias colombianas, que constituyen una gran masa humana de persona de todas la edades y condiciones, acomodadas a la intemperie y recurriendo no pocas veces al hurto de elementos indispensables para simplemente sobrevivir y vencer el hambre.
La agresividad del Presidente Álvaro Uribe Vélez contra la Corte Suprema de Justicia ha mostrado su propósito y decisión de prorrogar su gobierno quebrantando abierta y cínicamente la Constitución colombiana. Esta conducta presidencial no se había visto en Colombia en el siglo XX ni en el XXI, con más de 100 años de relativa estabilidad jurídica, aunque con violencia de tal magnitud que se estima al rededor de 500.000 personas asesinadas por razones políticas durante ese largo período de la vida nacional.
A lo anterior se agrega la crisis económica y social que domina en Colombia por el alza de los precios de combustibles y productos alimenticios de primera necesidad que el gobierno de Uribe Vélez ha sido incapaz de manejar y controlar. El hambre en Colombia está ganando a grandes trancos el territorio nacional. El precio de los artículos de primera necesidad y de los combustibles ha llenado de miedo y de desesperación a los pobres y las gentes de clases medias, que comienzan a dudar a fondo de la seriedad política y económica del Presidente Uribe Vélez, que ha mostrado una espectacular habilidad para dirigir y manipular los medios de comunicación estatales y privados.
De todos modos lo que está ocurriendo viene animando desde hace algún tiempo la decisión de mayor acción política de los partidos y grupos que se oponen a los rumbos dictatoriales puestos en ejecución por el Presidente Uribe Vélez, cada vez más entregado al destino político que propone el Presidente Bush de los Estados Unidos, cuyos voceros y socios políticos, como el candidato Republicano McCain, proclama a Uribe Vélez como su mayor y mejor aliado en todo el continente americano, lo cual le permitió a Uribe Vélez decir en Cartagena, que: “estas placas demuestran que Colombia siempre ha tenido una política abierta y bipartidista con Estados Unidos, y esperamos que esta posición se mantenga en el próximo gobierno”.
Es, sin embargo, muy importante subrayar el pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia. En su comunicado de protesta por los agravios del Presidente Uribe Vélez, subrayó que los Magistrados de la Corte “nunca han protestado por las decisiones presidenciales, como la extradición de los 14 jefes paramilitares a Estados Unidos, sin consultar con la Corte”. A la vez que ratifica que “la Corte tiene un ejercicio autónomo e independiente de la función jurisdiccional y, en consecuencia, cualquier ingerencia indebida resquebraja y desquicia el Estado Social y Democrático de Derecho.
http://www.argenpress.info/nota.asp?num=056764&Parte=0
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