Varios escritores e intelectuales, algunos de ellos de indiscutible valía -otros de valía más discutible-, acaban de hacer público un manifiesto en el que expresan su preocupación "por la situación institucional de la lengua castellana". Creen que el castellano está asediado, preterido y poco menos que vejado por culpa del trato favorablemente discriminatorio que reciben las lenguas llamadas vernáculas en las comunidades autónomas respectivas.
Reclaman más respeto por "la lengua común". Común ¿a quién? Los que hablamos varias lenguas, tenemos varias lenguas comunes, y todas ellas nos merecen respeto, y las apreciamos todas, pero no podemos aspirar a que todo aquel que se relacione con nosotros sea capaz de expresarse en ellas con la debida soltura. Si mi lengua materna es el catalán, el portugués, el euskera o el occitano, es lógico que desee recibir enseñanza, escribir, pedir certificados en mi ayuntamiento o declarar ante un juez, llegado el caso, en catalán, portugués, euskera u occitano. Más que nada porque ésa es mi principal "lengua común".
Los firmantes del manifiesto dan por hecho que el conjunto de la ciudadanía que tiene la nacionalidad española -un DNI español, para entendernos- puede comunicarse sin ningún problema en castellano, vehiculando en esa lengua todos los matices de su pensamiento. Pero no es verdad. Para mucha gente que lleva el DNI español en su cartera, el castellano es un instrumento de comunicación forzado. Se manifiesta mucho más a sus anchas en la lengua en la que aprendió a hablar, a pensar y a amar. Nadie puede obligarle, salvo con violencia, a perorar o escribir en una lengua en la que se desenvuelve con dificultad. Porque yo hable y escriba en francés con relativa soltura (cada vez menor, por cierto), no se justifica que alguien trate de obligarme a tener mis relaciones sociales en francés.
"Ya, pero es que tú no eres francés, sino español", me replican. O sea, que el asunto es ése: que me han asignado una nacionalidad, volens nolens, y eso me acarrea determinadas obligaciones ineludibles. O sea, que no estamos hablando de lenguas, sino de política. ¡Haber empezado por ahí!
La lengua castellana no necesita ninguna defensa. Está en un momento espléndido, de expansión por el mundo entero. A algunos puristas estúpidos nos preocupa la contaminación que está sufriendo por culpa del inglés preponderante, que todo lo invade y que mueve a la gente, en particular a los periodistas y a los políticos, a decir cosas rarísimas (¿se han fijado ustedes que ya nadie comete errores, sino que los hace? Make mistakes : les copiamos). Pero eso está en el orden natural de las cosas: si somos serviles al mundo anglosajón en la política, en la economía y en las guerras, ¿en razón de qué habríamos de atrincherarnos y ponernos gallitos en la lengua? Es lo que les pasó a nuestros lejanos antepasados con el latín.
El problema de los firmantes del manifiesto en defensa del castellano es el mismo que tiene el Estado español para todo y con todo. Sus defensores no dicen nada con respecto al apabullante predominio del inglés en todos los órdenes de nuestra vida social, porque son incapaces de objetar nada a lo que se les impone desde arriba, pero se indignan cuando aparece un pobre pelanas autonómico que presenta sus cuitas lingüísticas, reivindicando derechos de andar por casa. Todos nuestros mandamases son serviles hacia arriba y tiranos hacia abajo.
Me sucedió hace tiempo: estaba viendo la televisión en un bar de Madrid y apareció Lluís Llach cantando. En catalán, por supuesto. Un vecino protestó: "¡Que le pongan subtítulos, por lo menos!". A continuación, apareció otro tipo -bastante interesante, por cierto- que se puso a cantar en inglés. Nadie se quejó de nada, aunque tengo mis dudas de que ninguno de los presentes entendiera de qué hablaba.
¿Cómo carajo querrán que nos hermanemos todos, si no hacen el menor esfuerzo por ser nuestros hermanos?
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