Tras la sentencia del Tribunal de Estrasburgo, favorable a la ilegalización de Batasuna, las conciencias democráticas de los partidos de obediencia española aún no parece tranquila y su posición aparentemente reforzada no puede ocultar el problema real que la democracia española tiene en Euskal Herria. De nuevo queda claro ante todos, que miles de ciudadanos del Hego Euskal Herria (Comunidad autónoma vasca y Nafarroa) no podrán ejercer libremente su derecho a ser elegidos o votados por otros ciudadanos a pesar de no estar condenados por ningún tribunal ni español ni internacional.
Se consolida en la legalidad, que no en la realidad, lo que hemos llamado democracia de baja intensidad o democracia a la española. Al margen de la resolución del tribunal internacional, lo que es evidente es que más de 150.000 personas seguirán sin poder votar a quienes ellos desean. Así quedo demostrado en la elecciones europeas cuando la candidatura solidaria anticapitalista, Iniciativa Internacionalista - La solidaridad entre los pueblos (II-SP) formada por partidos, por cientos de núcleos y comités de apoyo de todo el estado español, obtuvo más de 140.000 votos en el Hegoalde convirtiéndose en la tercera fuerza política en las dos comunidades autónomas que lo forman.
Una vez más esta realidad pretende ser borrada del mapa a base de leyes, que no de justicia y, una vez más, a pesar de la legalidad de dichas medidas desde el punto de vista jurídico se dejarán fuera de la democracia a miles de ciudadanos, pues se les retirará la posibilidad de votar a los que siempre han votado y votan.
Las ilegalizaciones de las candidaturas de la izquierda abertzale (Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, Sozialista Abertzaleak, Autodeterminaziorako Bilgunea, Herritarren Zerrenda, Aukera Guztiak, Abertzale Sozialisten Batasuna , Partido Comunista de las Tierras Vascas, Acción Nacionalista Vasca, Askatasuna y Demokrazia 3 Milloi) en estos siete años de Ley de Partidos Políticos muestra la firmeza de un electorado de izquierdas y inequívocamente partidario de la paz y la negociación política.
La insistencia en demostrar que estas opciones no tiene cabida en la democracia española no resiste el menor análisis ni cuantitativo, ni cualitativo, pues como podemos ver una y otra vez aflora ese sentimiento de pueblo y de clase que empuja al izquierda abertzale a seguir adelante. La incomprensión del problema vasco por parte de las autoridades políticas españolas y su opción por una solución judicial en lugar de justa envenena la salida del conflicto y eso a pesar de la voluntad manifiesta de apuesta por la paz de la izquierda abertzale.
La violencia, como hemos dicho en multitud de ocasiones, no es una herramienta política útil en este conflicto, por lo que es necesario un escenario del que desaparezca esta y se puedan de nuevo construir puentes políticos que lleven a la desaparición de la expresiones de violencia de todos los sectores armados enfrentados. La paz es el único camino.
Desde otras naciones del estado español, somos muchos los que vemos con preocupación como el nacionalismo español más recalcitrante refuerza posiciones y inicia unos discursos cada vez más reaccionarios y antidemocráticos poniendo en tela de juicio la propia estructuración del estado y los derechos de las autonomías a regir su futuro (ataques a los moderados estatutos de autonomía, a las lenguas nacionales, a los sistemas educativos, en definitiva todo lo ya acordado hace años en el estado español), que aunque no sea a lo que aspiramos muchos es un mínimo democrático para poder seguir intentando construir una sociedad más libre y justa. La criminalización de la candidatura II-SP, de sus componentes, del gran dramaturgo Alfonso Sastre y de los votantes y adherentes a la misma es una prueba de lo que decimos.
La gravedad del problema es que este viejo discurso, como ya hemos denunciado otras veces, está calando en amplios sectores sociales (incluido los de la clase obrera), que parecen abrazar un nacionalismo español recalcitrante y de vuelta al pasado, en lugar del democrático y moderno que acepta la existencia de otras naciones en el seno del estado español y que cree que España sólo se puede construir con el acuerdo democrático de las partes y no de la imposición legal de un sentimiento que no existe en muchas naciones del estado y en algunos de sus pueblos y naciones.
Tras las últimas elecciones autonómicas realizadas en la CAV (1 de marzo del 2009) la izquierda abertzale con más de 100.000 votos quedó fuera del parlamento al ser ilegalizadas sus candidaturas. Tras la derrota del tripartito vasco (PNV, EA y EB-IU) presidido por la derecha jetzale (PNV) se produjo el cambio político deseado y preparado desde el poder central, constituyéndose un gobierno monocolor del PSE-PSOE, presidido por Patxi López y con el apoyo de la derecha española del PP.
Estos días se ha hecho pública la encuesta fue realizada por la Universidad del País Vasco entre el 18 de mayo y el 5 de junio, el llamado, euskobarómetro, de cuya credibilidad podemos dudar, pero que en todo caso apunta tendencias y una evidente es que, casi dos de cada tres vascos no confían en el nuevo gobierno de Patxi López (PSE-PSOE). De nuevo la realidad muestra como la ilegalización de una parte del electorado que no tiene representación en Vitoria si que la tiene en la sociedad vasca. Se dirá que esta desconfianza esta localizada sobre todo entre los nacionalistas y los votantes de los partidos que conformaban el tripartito (PNV-EA-EB) y en la izquierda abertzale. Pero incluso, casi la mitad de los votantes del PSE-PSOE, no creen que esta sea una buena opción.
La mitad de los vascos de la CAV creen que el PSE y PP son los principales beneficiados por la ausencia de las listas ilegalizadas ligadas a Batasuna, por lo que consideran que la legitimidad del nuevo Gobierno de Patxi López está en cuestión.
En resumen, este camino iniciado por las fuerzas que tiene todo el derecho a defender la unidad de España y decir que su opción es el nacionalismo español deben ser capaces de aceptar el juego democrático y entender que otras personas y organizaciones defiendan el derecho a la independencia de sus naciones dentro de las reglas democráticas que estos pueblos decidan darse sin imposiciones. El derecho a decidir de los ciudadanos de las autonomías, que sí lo decidan, es la única salida al conflicto político y no los tribunales internacionales ni las leyes de excepción.
Por último, es evidente para cualquier observador de la realidad catalana o vasca que la mayoría de estos ciudadanos no optarían por la independencia, pero por lo que si optan en todos los casos, es porque la democracia a la española se convierta en una democracia con todos sus atributos y que no deje fuera a los ciudadanos que de forma pacífica y democrática quieren poder decidir si quieren o no permanecer en el estado español. Esta claro que lo que temen es que se pueda ejercer el derecho de autodeterminación, un derecho democrático e inalienable para cualquier pueblo del mundo.
La paz, la negociación política y la democracia real son el único camino para solucionar todos los conflictos y por supuesto también el que tenemos en el estado español.
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