La esperada dimisión del flamante ministro de Justicia español, es la más lógica consecuencia de las vergüenzas causadas por ese poder que, en exquisito cumplimiento de un sistema democrático, debería distinguirse por un nítido alejamiento de las garras gubernamentales (cuando no reales, o sea, del monarca), mostrando su independencia y estricto sentido en la no aplicación de dictámenes aberrantes, a todas luces imposibles de imaginar en un verdadero sistema participativo, bajo el que los ciudadanos pudieran comprender el verdadero significado de la palabra libertad.

La sentencia del Tribunal Supremo, refrendada por su hermano mayor el Constitucional (ya veremos qué dice el de Estrasburgo), contra el recurso del partido abertzale Democracia Tres Millones, que anuló la posibilidad de sus candidatos para presentarse a las elecciones de hoy domingo en Euskadi, significa la culminación más flagrante de la sinrazón del aparato judicial en la España de los últimos veinte años.

Sin eufemismos: que los jueces firmantes de tal sentencia argumentaran, entre otros solemnes y supremos absurdos, que habían alcanzado la convicción jurídica, para cercenar la posibilidad de que una parte del pueblo vasco manifestara sus preferencias políticas, es suficiente como para que, quien firma estas líneas, escriba que dicho veto es una añagaza suprema. La simple sospecha no puede ser considerada punible; eso lo sabe hasta un alumno de primer curso de Derecho. A este paso, el hermano de un maltratador que no condenara la violencia ejercida contra su cuñada, podría ser encerrado por convicción jurídica, cuando lo más racional es aplicar el principio de que el silencio es solo eso: silencio. Llevar a la categoría  de hecho consumado un refrán como “Quien calla, otorga”, resulta tan torticero y paranoico, como que se condenara a un ciudadano aplicando el de “La cara es el espejo del alma”, porque entonces irían a prisión casi todos los ministros y ministras españoles, reyes y presidentes, desde 1939 a la actualidad.

 

Jamás en la reciente historia de la judicatura, los profesionales y expertos involucrados en este lamentable acto de violación de los más elementales derechos del ciudadano, con premeditación y alevosía, habían enfangado tanto la ética que se les debe exigir, o blasonado de su desprecio por la deontología, a niveles de los de sus colegas del extinto (pero hoy aún activo) Tribunal de Orden Público, hoy llamado eufemísticamente Audiencia Nacional, donde se oye lo que se desea y no se escucha a la razón.

                      Jueces como Baltasar Garzón, Grande-Marlaska, Del Olmo, etc. ya figuran, por derecho, en el Museo de los Horrores Jurídicos, no sólo por sus incursiones en el terreno del que se sabía inútil intento para procesar a criminales como Pinochet o Videla (pero nunca a sus homólogos españoles), sino por su diaria labor de persecución, acoso y derribo de ciudadanos antifascistas, sobre los que no existe ninguna condena, y a quienes se les aplica la simple sospecha (convicción jurídica) para castigarles con la ley de la mordaza. Ya tenemos más de 100.000 presos políticos sin cárcel… de momento; aunque ya se sabe que los diputados del PP y el PSOE, hermanados en la perpetuación del neofranquismo, trabajan activa y alegremente para urdir más vetos, más prohibiciones, a las órdenes de un soberano que se distingue como defensor silente del terrorismo franquista, sin que las mismas razones y argumentos esgrimidos contra D3M por los magistrados del Supremo y el Constitucional, con su toga impoluta y su título flamante, pudieran ir en contra del Borbón. Sin embargo, yo exijo a Juan Carlos que condene de inmediato a su mentor, el general Franco, connotado genocida, asesino y terrorista de Estado. De no hacerlo, clamo a los jueces para que apliquen la ley al monarca, con el fin de que éste sea procesado. ¿O la Constitución lo impide?

                      Ya dije en una ocasión que si los jueces ordinarios cometen ordinarieces, los del Supremo las elevan a una categoría aún mayor, y los constitucionalistas las han encumbrado todavía más. Resumiendo: la sentencia culmina la infame barrabasada por la que la Justicia española ha ido remontando, desde una cota cercana al analfabetismo, a la cima de la gilipollez jurídica. Y para colmo, la recesión económica, la huelga de más de 1.700 jueces, la continua sospecha de que en los anaqueles, las salas y los pasillos donde se acumula la mugre y el delito, confirman que algo huele a podrido en ese poder.

                      Si quieren terminar con el conflicto político que se vive en Euskadi, desde hace más de cuarenta años, una de dos: o se abandona el disfraz de demócratas de toda la vida o se convoca una mesa en la que se dialogue, se converse, se discuta, se debata, se proponga y se decida, con absoluta discreción y reserva, pero con férrea voluntad y capacidad de maniobra, con el objetivo de superar la actual situación y de que el dolor no siga golpeándonos a todos. Aunque como los jueces siguen creyendo en los refranes, al parecer, se sigue optando por cumplir el mandato franquista heredado por el actual monarca: Todo está atado y bien atado. Maniatado sería más exacto.

                      Afirmo, y duele, que en mi fueron interno exista la convicción de que la verdadera Justicia, la de la venda en los ojos, ha sido raptada, violentada, torturada y encerrada en prisión. Que sepan esos jueces que para mí, son ciudadanos bajo todo tipo de sospecha: jurídica, química, física, filosófica, literaria, artística, matemática, emocional, intelectual, política, histórica y democrática.

Y mientras tanto, aparece la figura de un mendigo, condenado en esta España borbónica y doliente a un año de cárcel por intentar llevarse una barra de pan. Una justicia ejemplar.