Si nos detenemos en el momento en que un ciudadano europeo depositaba su voto allá en los años treinta podemos pensar que tenía ante sí una carga de responsabilidad enorme. Esta carga de responsabilidad se veía acrecentada por el contexto de crisis económica precipitada en el crack del 29 y la plena efervescencia de la lucha de clases, que asimismo radicalizó a los partidos concurrentes a las elecciones, llegando incluso algunos partidos a pedir el voto en nombre de la revolución. En otras palabras, no era lo mismo elegir al Partido Nacionalsocialista que al Partido Socialista, al Frente Popular que a la CEDA... Hay que tener en cuenta asimismo, que los márgenes de actuación que tenían los partidos al entrar en el gobierno eran amplios y muchos de ellos no estaban aún contaminados por los poderes económicos. Ahora bien, ganar las elecciones no suponía carta blanca, y en muchas ocasiones los poderes económicos reaccionaron con golpes de estado, mediante artimañas de desestabilización o integrándose en los movimientos triunfantes de extrema derecha. No obstante, la legitimidad de la que gozaban los procesos electorales les hacía necesaria la utilización de vías ilegitimas para conservarse en caso de que triunfaran las opciones más revolucionarias. En suma, la responsabilidad del elector iba pareja al peso del voto, en la medida en que éste avalaba a un gobierno con amplio margen de actuación y en el que el debate sobre el modelo económico formaba parte importante en el juego político. Así, en los años posteriores a la crack del 29, la respuestas que se formaron para dar una salida a la crisis cuestionaron abiertamente el modelo económico imperante, de tal modo que el estallido de la burbuja bursátil trajo consigo un reforzamiento del poder de cambio que tenían los procesos electorales y que habían estado un tanto adormecidos durante los felices años 20.
Tras las ruinas de la Segunda Guerra Mundial y en aquellos países del hemisferio occidental que conservaron los sistemas representativos y electorales, se produjo una gran moderación de los partidos y la asunción de modelos económicos de corte keynesiano que parecían jugar con un sistema mixto de capitalismo y socialismo que convino en llamarse estados del bienestar. Esta moderación se plasmó con la consolidación del bipartidismo, en el cual la radicalidad de las derechas se moderó preferentemente en partidos democristianos, mientras que la radicalidad de las izquierdas encontró moderación en la socialdemocracia, quedando el fascismo completamente desautorizado después de los excesos genocidas del nazismo. La moderación de los partidos se expresó con la asunción y dogma de ese modelo mixto, de tal modo que la cuestión del modelo económico ya no formaba parte principal del juego político, a lo sumo tan solo se traba de elegir destino y porcentajes del presupuesto anual de los estados. En este sentido, la carga de responsabilidad del votante sufrió una merma, en la medida en que se consensuó una base económica que no entraba a debate, lo cual iba parejo con una disminución en el poder de cambio que suponían los procesos electorales, quedando los sectores aun radicalizados fuera de los mismos o con representaciones minoritarias.
Ahora bien, si en estos primeros momentos de la moderación la diferencia entre socialdemócratas y democristianos era notoria, en la medida en que se discutían las cuotas económicas que los Estados debían conservar y cuales derivar al sector privado, con el tiempo ambas opciones empezaron a coincidir en la necesidad de acentuar la parte capitalista de ese modelo mixto y reducir la cuota económica de domino estatal. Podemos situar el punto de fusión de la coincidencia en la disgregación del bloque soviético, en cuyos fervores se declaró abiertamente la derrota del modelo económico socialista y la asunción incondicional del libre mercado, con lo cual la mixtura de los estados keynesianos, después de las experiencias de los ochenta en los que se realizaron los primeros ensayos de lo que hemos llamado acentuación de la parte capitalista; recibieron su carta de defunción. Así, detenidos en el momento en que un ciudadano europeo va a depositar su voto en los años noventa, asimilado por un bipartidismo que ha gestionado sus seguros sociales, no podemos dejar de pensar que la responsabilidad ha desaparecido en la medida en que las alternativas definitivamente se han diluido tras la asunción incondicional del modelo económico capitalista. Sin embargo, en todo este proceso de desresponsabilización ciudadana, permaneció la ilusión democrática, en la cual, pese a estar de facto incapacitado para cambiar las cosas, se seguía creyendo en el poder de cambio de los procesos electorales.
La quiebra de Lehman Brothers y la completa desestabilización del sistema financiero mundial, los rescates bancarios, la crisis de deuda soberana y los recortes draconianos de los restos del antiguo modelo mixto, con gobiernos socialdemócratas y democristianos actuando todos en la misma dirección en la que se pretende salvar un modelo económico dejado en manos de especuladores, ha propiciado también el estadillo de la “burbuja democrática” que ha devenido en lo que ha venido en llamarse crisis de representatividad, en la que se ha puesto de relieve el despojamiento de cualquier responsabilidad del ciudadano, al cual le ha sobrevenido la desilusión democrática cuando ha recibido la carta de desahucio o embargo, legalizada por gobiernos a los que había avalado con su voto. En este sentido, no podemos dejar de pensar, detenidos en el momento en que un ciudadano europeo va a depositar su voto en la primera década del siglo veintiuno, que éste se encuentra atravesado por una carga de irresponsabilidad enorme, en tanto que los partidos concurrentes con posibilidades de formar nuevo gobierno, solo conciben una dirección en sus políticas económicas y que no es sino salvar las carteras de unos poderes económicos convertidos en dueños y señores del mundo. Así, llegados a este punto en que no podemos sino sentirnos irresponsables frente a los procesos electorales, cabe preguntar si en todo este proceso de merma de la responsabilidad sigue siendo lícito hablar de ciudadano o más bien cabría hablar de súbdito, en la medida en que este no es responsable de nada pues solo obedece, y ya se sabe que quién solo obedece no es dueño de sus actos y por tanto, no puede responsabilizarse de los mismos.
Juan José Colomer Grau
http://tiemposdenadie.wordpress.com/
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