“La Transición blindó el derecho al honor del fascismo español, dejando intacta su memoria, mientras que olvidó el derecho al honor y la restitución de las víctimas de la terrible y larga dictadura militar”, dice el profesor de historia Francisco Espinosa Mestre en su libro Callar al mensajero. La Transición obró el milagro de que personajes, que una noche se acostaron falangistas a la mañana siguiente se levantaran demócratas. Una muestra, de las muchas, en derecho es Antonio Pedrol Rius, presidente  del Consejo General de Abogacía, decano del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid y Senador por designación real en 1977 y que tras el golpe de 1936 anduvo por el “sudoeste al servicio de la maquinaria judicial militar creada por los conspiradores”. Dedo del rey y de Franco. Sin duda que un estudio serio sobre el aparato judicial franquista y postfranquista de abogados y jueces, que colaboraron en los consejos de guerra sumarísimos de urgencia a través de las oficinas jurídicas de los gobiernos militares, dejaría al claro de qué hablamos en el estado español cuando hablamos de justicia, “único islote fascista tras la Segunda Guerra Mundial”.

Y fueron estos nuevos demócratas quienes destruyeron y esquilmaron los archivos, los fondos de documentación militar y policial, los documentos generados por la Administración del Estado, e impidieron el acceso a ellos, tratando de borrar el pasado y sus huellas criminales. Hoy ya nadie duda de que  La Ley de Amnistía de 1977 fue una verdadera Ley de Punto Final de la Transición española, del atado y bien atado. La impunidad de los vencedores. En la transición española jugaron papel importante y fueron protagonistas personas abiertamente relacionadas con el golpe militar y la represión fascista. Es conocido que Rodolfo Martín Villa, falangista y ministro de la Gobernación en 1977, ordenó la destrucción de los archivos del Movimiento. Lo dice el profesor de Historia Hermes Tovar Pinzón: “… los estados en determinados momentos […] optan por prescindir de ciertos archivos o por tolerar el saqueo o abandono de los mismos”. Para no mirar atrás.

En diciembre de 2008 el Gobierno socialista anunció la creación de una oficina para las víctimas de la guerra civil y la dictadura, que supuestamente elaboraría el protocolo de actuación para las exhumaciones, en agosto de 2009 todavía no ha sido creada. El pleno del Senado del 11 de marzo de 2009 rechazó con los votos socialistas y peperos la reforma de la Ley de Memoria Histórica para que fuera el Estado quien directamente corriera con los gastos de localización, identificación y exhumación de los restos de las personas, que todavía hoy permanecen desaparecidas. Porque digamos claramente: hoy siguen siendo muchos los desaparecidos, los enterrados en acequias y caminos con el tiro de gracia en su cabeza, y sigue siendo normal, a la vez que delatora, la inacción judicial ante la aparición de restos humanos en fosas comunes; son muchos los jueces que se niegan a personarse en el lugar de los hechos, a identificar los cadáveres e incluso a tomar declaración a testigos o personas que pudieran aportar alguna luz al respecto. La Audiencia Nacional no ha movido un dedo ante los crímenes contra la humanidad cometidos durante el golpe de Estado y la dictadura franquista.

En el estado español han vivido y siguen viviendo lujosamente criminales de guerra fascistas. León Degrelle ilustra la colaboración institucional del estado español y sus aparatos con el crimen y el mundo fascista: León Degrelle, oficial de las Waffen SS, condenado a muerte por crímenes de guerra, se afinca en España desde 1945 hasta su muerte en 1994. Franco y sus amigos: Girón, Arias Navarro, Blas Piñar… y los tribunales de justicia le protegen en todo momento. La petición de extradición por parte belga no sirvió de nada y, para salvaguardarle, se le concedió la nacionalidad española. La justicia española decidió “no mirar atrás” salvo para defender el derecho al honor de los verdugos y represores franquistas. Se llevó a los tribunales a quien osó denunciar al verdugo con nombre y apellidos. Los tribunales de justicia metieron miedo al testigo oral mientras consentían y asistían impávidos a la destrucción del sumario escrito, delator del verdugo

El doctor en historia, Francisco Espinosa, narra un suceso llamativo. La periodista Mercedes de Pablos Candón, titular de muchos cargos y poca decencia, escribió en el 2005 el libro La hoz y las flechas: un comunista en falange. La lectura del mismo llama la atención de dos expertos en historia, José María García Márquez y Francisco Espinosa. La periodista relata el testimonio de un tal Juan Gila Boza, quien acusa a Antonio Martínez Borrego de delatar en 1948 a docenas de personas, que terminan en la cárcel. La periodista afirma que Juan Gila Boza es un topo comunista infiltrado en la Falange. Pero los historiadores, que conocen la causa judicial de Juan Gila y la existencia del sumario en el archivo militar, rebaten la exposición de la periodista Mercedes y desenmascaran al falsario Juan Gila Boza: no se trata de un comunista sino de “un medalla de la Vieja Guardia de Falange infiltrado en el PCE desde 1935 y que realiza tareas de espionaje durante la guerra”. Y además el libro de Mercedes  contiene una grave acusación falsa: A Antonio Martínez Borrego, hombre inocente, se le acusa como delator de personas. Lo hacen saber a la periodista, y esta sigue en la impostura con el apoyo de Anaya y Prisa.

Lo que resulta inadmisible es que Juan Gila Boza haya blanqueado su pasado en el 2005 a costa de un inocente como Antonio Martínez Borrego con la ayuda de una periodista y el silencio atroz de la fiscalía y los tribunales de justicia. Es la justicia española y su silencio en la sala cuando se trata de criminales de guerra y falsarios.

Escriben Reyes Sedano, Diego Barcala y Eric López en el periódico Público bajo el título La justicia internacional saca los colores a España que “el terrorismo de Estado produce investigaciones judiciales en Brasil. La dictadura argentina cumple condena. Augusto Pinochet murió en Chile acosado por los jueces. Y Alemania acaba de anular las sentencias de los tribunales militares nazis. En cambio, para la justicia española, Franco y sus generales no cometieron ninguno de esos crímenes… Los familiares de las víctimas, juristas y ONG de prestigio e incluso la ONU reclaman a España que juzgue su pasado.

La Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica reclamó el pasado domingo, día internacional de los desaparecidos, que España cumpla con lo firmado en 1992 en la Asamblea General de la ONU: "Los Estados actuarán (...) para contribuir por todos los medios a prevenir y a eliminar las desapariciones forzosas". La ONU, a través del grupo de trabajo sobre las desapariciones forzadas, se lo ha pedido sin éxito desde 2005, según reclama Amnistía Internacional.

El magistrado emérito del Tribunal Supremo, José Antonio Martín Pallín, explica por qué el Gobierno o los jueces deben colaborar en la investigación de las fosas: "Cuando escucho hablar, por ejemplo, de la fosa de Lorca veo la necesidad de recordar que son asesinatos extrajudiciales. Por tanto, los jueces que no investiguen podrían estar prevaricando al incumplir la ley actual de Enjuiciamiento Criminal, que exige al juez que reconozca los cadáveres y si luego decide que el caso ha prescrito, lo hará a posteriori".

La justicia española es una  justicia que brilla por su ausencia y donde los verdugos y criminales de guerra han terminado amparados y sintiéndose seguros, mientras los asesinados siguen desaparecidos, enterrados en acequias y matorrales con unos tribunales mirando a otra parte. Por citar tan sólo un ejemplo: el que en el 2009 Roberto García-Calvo sea un magistrado del Tribunal Constitucional clama al cielo, y no sólo entre las gentes de Almería sino ante cualquier persona de cierta decencia, que conozca su pasado. Pero estamos hablando del estado español y su justicia, si bien hay gestos que delatan la categoría de los hombres y de los estados.

Mikel Arizaleta, 17 827 048