La política vasca se acerca a un nuevo test electoral con gran incertidumbre en los factores políticos y económicos estructurales que inciden en la preocupación de la ciudadanía. Además, los procesos electorales se convierten en una especie de opio social para pasar de puntillas sobre los problemas de fondo y modificar las estéticas institucionales.
Ahora en Araba, Bizkaia y Gipuzkoa se renueva un Parlamento que hace tiempo es un «zombie» político, aunque sea una importante máquina de gestión y distribución de fondos de la ciudadanía. Un Parlamento encarcelado en un modelo constitucional-estatutario, agotado y convertido en una estructura legislativa que deambula entre las permanentes sacudidas de los poderes ejecutivo y judicial españoles. La última decisión del Tribunal Supremo imponiendo la presencia de la bandera española en la fachada del Parlamento de Gasteiz, coincidente con el treinta aniversario de la Constitución española, es una resolución demostrativa del significado de la autonomía en ese marco constitucional.
El Gobierno del PSOE, en lugar de abordar una segunda transición con asimetrías políticas que respondan a la realidad nacional interna -plurinacionalidad del Estado-, respetando la voluntad de esas naciones como sujeto político, está incubando reformas políticas que son una continuidad de la celebre «LOAPA» surgida del 23-F. La financiación autonómica en ciernes, las propuestas en torno a transferencias y competencias exclusivas del Estado, la cruzada sobre la lengua y símbolos españoles... nos llevan a una involución sobre los contenidos de la transición posfranquista en modelo territorial.
Cuando en Europa soplan vientos soberanistas de pueblos que abren caminos hacia su configuración como estados (Escocia, Groenlandia, Flandria, Kosovo, Irlanda...) el Gobierno español, empantanado en un esperpento autonómico planificado para ahogar las realidades nacionales, parece abanderar, o se deja influir, por los sectores políticos y mediáticos mas reaccionarios del nacionalismo español.
Ante esta posición fijada por el PSOE-PP nos encontramos con una espesa niebla política. A pesar de análisis, discursos e iniciativas que diagnostican ese agotamiento y, por tanto, la necesidad de abrir un nuevo ciclo en clave de reconocimiento y respeto a la soberanía vasca, nos topamos con un PNV que, por encima de contradicciones internas, se sitúa, en este tránsito entre ciclos políticos, como dinamizador de un «cambio sin cambio», como prestidigitador político para reformas adulteradas por transversalismos que permitan asegurar su gestión económica e institucional.
Tras diez años de Lizarra-Garazi, tras un «Plan Ibarretxe» presentado como alternativa y posteriormente amortizado, tras órdagos de consultas convertidos en actos de propaganda estériles... ahora nos vienen con el invento del «concierto político» como referencia para acuerdos que garanticen el mantenimiento del poder institucional a cambio de lealtad a las bases constitucionales españolas. Ese es el transversalismo «imaziano» para otros veinte años de «estabilidad».
Esta decantación política está ligada, por supuesto, a la defensa en términos económicos y sociales de un modelo de país pivotado en un gran cinturón de intereses corporativos (fontanería empresarial) y, desde luego, contaminado con valores neoliberales en fiscalidad, gasto social, privatizaciones, agresiones ecológicas...; una gestión que, además, ha creado cauces para que las corrupciones se manifiesten como «champiñones» en la administración pública (Hacienda de Irun, Balenciaga, Guggenheim...), para que la imposición y nulo diálogo social se contrapongan al falso discurso de «participación ciudadana» que nos brinda Ibarretxe. Ahí están los casos del TAV, Boroa, Puerto de Pasaia, Praileaitz, planta de coke, incineradoras... como antítesis de esa democracia participativa que se nos «vende» comparándonos con Suiza u otros países. La máxima de «herriarentzat baina herririk gabe» es una constante en la mayoría de proyectos públicos y decisiones socioeconómicas impulsadas por el Gobierno de Gasteiz.
La constatación de esa nula vertebración democrática se percibe en el desprecio por el dialogo social real con los sindicatos cuando, eso sí, tiene un flujo permanente con los empresarios siendo difícil evaluar dónde termina Confebask y dónde empieza el Gobierno de Gasteiz en discurso e iniciativas económicas. Podíamos seguir con temas como Ertzaintza, EiTB, Cultura...
Con todo ello, la conclusión es evidente. Hay sectores en la sociología abertzale que se representan en el PNV que están intentando frenar el cambio político y social a costa de buscar alianzas, en este caso con el PSE-EE, que con retoques formales y estética adecuada les permita seguir desarrollando un modelo institucional, económico y social que, tras grandes palabras y valores, esta orientado a ser herramienta política de intereses corporativos y de clase definidos. El PNV, pues, ha optado estratégicamente en la antesala de un nuevo ciclo político. Lo está haciendo, como dice Urkullu, «sin complejos».
Así pues, en un escenario de bloqueo, con el mantenimiento de las inercias de confrontación y vulneración de derechos, con una crisis económica que sacude las rentas y derechos de trabajadores/as... es necesario concluir que para el independentismo y socialismo vasco, para el sindicalismo abertzale, el PNV representa la continuidad con posiciones que se acomodan a la estrategia del Estado para con Euskal Herria.
El PNV ha hecho, como en Txiberta, otra ciaboga política para salir del carril abertzale que, al parecer, tácticamente venía manteniendo desde Lizarra-Garazi y, como hace casi treinta años, adaptar la celebre frase de su ex diputado Marcos Vizcaya: «Queremos vivir cómodos en España». Es su opción. Legítima sí, por supuesto. Pero es bueno que se manifieste, como ahora, sin disfraces.
En esta apuesta, el PNV tendrá como compañero de viaje un PSE-EE que, con un modulado vasquismo, predica el «cambio» para, por razones de Estado, terminar siendo un socio estratégico de los jeltzales para la gestión institucional y económica en la CAPV. Al igual que en Nafarroa el PSN pacta con la derecha -UPN-, en el resto de herrialdes de Hego Euskal Herria los «socialistas» quieren, con un PNV estratégicamente neutralizado, gestionar desde las instituciones una «segunda transición» a su medida. Estamos, pues, ante un «cambio sin cambio», ante un Gobierno PNV-PSE o PSE-PNV que seguirá especulando con los derechos nacionales vascos planteando reformas que sigan negando la oportunidad a este país de optar, desde la decisión democrática y soberana de sus ciudadanos, por fórmulas políticas alternativas.
En este panorama de reubicaciones estratégicas, tras una transición agotada y un nuevo ciclo que resiste a definirse, la izquierda abertzale tiene la oportunidad de dotar de cuerpo y proyección a un espacio político, sindical y social que, desde la adhesión democrática a sus propuestas y con la activación militante desde sociedad e instituciones, se convierta en auténtica referencia de un cambio político y social.
El independentismo vasco, el sindicalismo abertzale y de clase, los sectores progresistas tienen que ser los protagonistas en un nuevo ciclo político sustituyendo la posición de interlocución que el PNV mantiene para proteger intereses corporativos por encima de los retos de la nación vasca. Sin miedos y al margen de tacticismos estériles. Es el momento.
En este sentido, la izquierda abertzale debe tener confianza en la fuerza de sus ideas y propuestas, en la gasolina social de que dispone trabajando y luchando diariamente en las empresas, pueblos, barrios y universidades, en la segura activación en cadena que supondría una apuesta de esta naturaleza en este momento político. Tras treinta años de lucha por neutralizar estrategias de asimilación, el independentismo tiene que ser un espacio central en el tablero político de este país, condicionando otras posiciones políticas y haciendo avanzar el proceso de liberación tanto hacia la urgente resolución del conflicto como en el dimensionamiento de nuestra oferta estratégica.
Tenemos esa oportunidad y podemos trabajarla. Necesitamos acumular fuerzas para que un escenario de mínimos democráticos -desaparición de violencias, leyes antiterroristas, vulneración de derechos...- abra paso a una negociación de un marco jurídico democrático que permita a la ciudadanía vasca decidir su futuro sin hipotecas ni interferencias y, por supuesto, posibilite cerrar un conflicto abriendo las puertas de las cárceles y asentando bases para una cohesión social y democrática. Necesitamos acumular fuerzas para que en un marco democrático el independentismo pueda permeabilizar en otras capas sociales y profundizar su proyecto nacional y social, para imbricar ilusión por un cambio social y de valores que nos permita ir construyendo otra Euskal Herria posible. Este es el otro cambio posible.
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