Fábrica políticamente correcta
Cada pais, cada zona geográfica de cada país, se abastece de energía eléctrica a través de un operador y éste en función de la hora del dia, tiene distintas fuentes de generación de energia limpias ( placas solares distribuidas - de particulares, de empresas...-, aerogeneradores, centrales nucleares,.....) , y otros tipos de generadores de energía eléctrica.
Por lo tanto conociendo el consumo de una empresa, y sabiendo el operador y las horas del dia, podemos calcular claramente cuantas toneladas de CO2 está vertiendo al medio ambiente una empresa.
Ahora viene la segunda parte. ¿ qué pasa si un país se excede en los vertidos ? Pues, o bien reduce sus emisiones, que sería lo adecuado, o ahora, tiene la posibilidad de comprar excedentes de emisiones a otros paises que les sobre, es decir paises subdesarrollados. ¿ Cuánto vale la tonelada de oxigeno ? ¿ Quien controla ese negocio ?
Un ejemplo de en lo que se está convirtiendo tan "maravillosa idea":
Colombia, "la Guerra del C02"
Guerrilleros, paramilitares, narcos... a los habituales grupos armados que operan en el avispero de la selva colombiana se les están uniendo otros igual de ávidos de dinero y, a veces, igual de sangrientos. Especuladores de guante blanco, mafias y bandas criminales que han encontrado un nuevo `Eldorado´ en los biocombustibles y el comercio de CO2. Descubrimos el lado perverso del Protocolo de Kioto.
Una barricada hecha con ataúdes. Doce féretros bloquean el paso a la calle mayor de Ricaurte, en el departamento de Nariño, al sur de Colombia. Doce asesinados. Hombres, mujeres y niños. Todos, indígenas de la comunidad awá. Sus vecinos piden justicia. Y están muy asustados. No los entierran hasta que el Gobierno se compromete a investigar la masacre. ¿Quién ha sido? Lo único que se sabe es que eran hombres vestidos con trajes de camuflaje. ¿Pero quiénes? Pueden ser narcotraficantes, guerrilleros, paramilitares de extrema derecha. Nariño y Cauca son dos de las provincias más afectadas por la guerra que desangra la selva colombiana desde hace 43 años. Una guerra confusa y cruel, sin dueño ni una razón única, pero en la que los grandes perjudicados son los de siempre: campesinos e indígenas. Casi 80 muertos en lo que va de año. Miles de desplazados. Un éxodo que recuerda las limpiezas étnicas en África o la ex Yugoslavia. Tácticas de terror ante la indiferencia del mundo.
Primero, fue la política; luego, la cocaína; ahora, también empieza a serlo el comercio de dióxido de carbono (CO2). Un negocio prometedor, aunque todavía muy marginal en comparación con la droga. Pero es un nuevo nicho de mercado y todos quieren trincar: los narcos, para blanquear al menos una pequeña parte del dinero de la coca; la guerrilla, para aumentar su financiación; y los paramilitares, para diversificar sus ingresos y controlar el territorio. Lo más llamativo es que el aire puro, el oxígeno, y la lucha contra el calentamiento global son las nuevas coartadas. Falsa ecología teñida de sangre. Un problema, aunque todavía incipiente, que empieza a preocupar a los grupos medioambientales serios, a los auténticos ecologistas.
Los métodos no son siempre violentos.También la estafa está a la orden del día. «Invitan a la gente a una reunión, le dan de comer, ofrecen pagarle el combustible para sus embarcaciones y siempre se presentan con mucho dinero», explica Ángela (nombre cambiado por razones de seguridad), una cooperante humanitaria que trabaja con los desplazados en el Pacífico colombiano. «Quien ofrece ayuda a la gente siempre es un empleado de una compañía privada. Les explica que todo cuanto tienen que hacer es vender sus derechos de emisión de dióxido de carbono. Y a cambio ganarán millones.» Los rincones más remotos del país están sembrados de panfletos que ofrecen a las comunidades indígenas fortunas por el oxígeno de los bosques que llevan siglos sustentando su forma de vida.
¿Pero qué es eso del comercio de CO2, los bonos de carbono, el Plan Oxígeno, de qué demonios hablan esos planfletos?, se preguntan los campesinos. ¿El aire limpio se puede comprar y vender? Sí, no es ciencia ficción. Y el estafador mezcla verdades con mentiras. Las verdades: la conservación de los bosques tropicales es decisiva para combatir el calentamiento global. Sus árboles almacenan enormes cantidades de carbón. Si los bosques se incendian, y suelen incendiarse cuando no están cuidados, cuando se construyen carreteras en ellos o son invadidos por oleadas de colonos, especuladores y mineros, liberan a la atmósfera enormes cantidades de dióxido de carbono. Se calcula que su deforestación ocasiona alrededor del 20 por ciento de todas las emisiones de gases que contribuyen al efecto invernadero en el planeta.
Más verdades: el Protocolo de Kioto ha puesto precio al aire sano. O mejor dicho, las toneladas de dióxido de carbono no arrojadas al aire se pueden comercializar. ¿Cómo? De varias maneras. Cada país tiene un cupo para emitir gases contaminantes del que no debe pasarse o será multado. Este cupo se reparte entre hogares, transporte y, sobre todo, empresas contaminantes (cementeras, eléctricas, térmicas...) a las que los gobiernos les conceden unos derechos de emisión de gases. Si se pasan del tope, pueden comprar derechos suplementarios. La compraventa se puede hacer entre dos empresas (una que se ha pasado y otra que hizo los deberes y le sobra) que contactan y pactan un precio. O acudiendo a la bolsa de dióxido de carbono, que funciona de una manera muy similar a las bolsas de valores. Los certificados de reducción de gases también se pueden obtener promoviendo proyectos de desarrollo limpio en el Tercer Mundo; por ejemplo, mediante acuerdos voluntarios entre las empresas occidentales y los dueños de las tierras, por los que se comprometen a proteger zonas con alto valor ecológico.
El precio medio del bono de carbono (o derecho a emitir una tonelada de CO2) ronda en la actualidad los doce euros, aunque es un precio sujeto a los vaivenes del mercado. España, por ejemplo, ya ha comprado en América Latina unos 60 millones de toneladas de aire limpio para compensar el exceso de contaminación generado por el transporte y las calefacciones, con un coste de 1.240 millones de euros.
La constitución colombiana otorga a los grupos indígenas indios y afrocolombianos el control de más de 244.582 kilómetros cuadrados de suelo (la extensión de unos 25 millones de campos de fútbol) y casi la tercera parte de las selvas tropicales del país. Y ahora entran las mentiras... Los pasquines repartidos por la selva apelan a unas matemáticas que sólo tienen sentido en Colombia, donde el flujo de narcodólares lleva más de treinta años distorsionando el comercio legítimo. La ecuación ofrece diez millones de dólares en beneficios, a repartir entre el propietario y los intermediarios, por cada 10.000 hectáreas de tierra boscosa.
Según Carlos Costa, ministro colombiano de Medio Ambiente, los 25.000 millones de dólares que las compañías presuntamente dispuestas a comprar los derechos de emisión nacionales están ofreciendo a los indígenas forman parte de un fraude colosal: un timo piramidal sustentado en la ignorancia sobre el proyecto internacional de comercio con las emisiones de CO2. «El supuesto beneficiario al principio gana algo de dinero, pero con el tiempo acaba perdiendo. Ahora mismo están ofreciendo entre 6.000 y 9.000 dólares por tonelada [recordemos que el precio oficial ronda los 12 euros, unos 17 dólares al cambio actual]. Y dicen que basta con invertir una pequeña suma para ganar mucho más. Siempre hay un tipo que da la cara y trata de convencer a la gente, pero lo más probable es que ese tipo, sin formación técnica, también haya sido engañado. Le dicen que busque a gente dispuesta a firmar. Y entonces se encarga de reclutar a nuevos incautos, a cambio de una comisión. Los engañados se dedican a engañar a otros. No hay pruebas que apunten a una relación con el narcotráfico o con los grupos armados. Estamos hablando de estafadores profesionales.»
El hecho de que el Protocolo de Kioto no incluya aún un mecanismo regulador de los derechos sobre el CO2 almacenado en los bosques tropicales no suele ser conocido por las personas que viven en esos mismos bosques. Sin embargo, la élite delictiva sabe que el Protocolo pos-Kioto sí lo regulará. En opinión de Kenneth Rijock, quien antes se dedicara al blanqueo de dinero de la droga y hoy es asesor en delitos financieros del World Check en Miami, la existencia de mercados de comercio de emisiones de carbono voluntarios –no regulados– convierte en muy probable la existencia de `pirámides verdes´ para blanquear parte de los 160.000 millones de dólares generados anualmente por el tráfico de cocaína. «Todo invita al fraude. Los estafadores están vendiendo algo que no tienen. Las operaciones comerciales legítimas pueden ser utilizadas con intenciones ilegítimas», observa Rijock. Pensemos en los óptimos resultados en términos de relaciones públicas que para una compañía supone hacer público un comunicado que informe de que ha arrendado 5.000 hectáreas de bosque tropical para su preservación. De acuerdo con Rijock, también existe la posibilidad de que compañías-tapadera o falsas ONG del Primer Mundo estén transfiriendo de vuelta a Colombia el dinero del narcotráfico blanqueado.
¿Hasta cuándo este tipo de `servicios ecológicos´ serán vulnerables a las mafias? La respuesta debería saberse en la reunión internacional que en diciembre se celebra en Copenhague. Se espera que se establezca un mecanismo para valorar las zonas boscosas del mundo. El grado en que el nuevo modelo esté regulado por un fondo central o funcione como un mercado libre determinará hasta qué punto seguirá siendo posible usar estas herramientas comerciales con propósitos delictivos. El Gobierno colombiano ha abrazado la combinación entre un mercado liberalizado y el fondo de las Naciones Unidas para la reducción de las emisiones provocadas por la deforestación y la degradación de los bosques (REDD). Para los pueblos indígenas, el REDD, o Plan Oxígeno, es la última amenaza del hombre blanco que lleva robándoles las tierras desde los tiempos de los conquistadores españoles. Javier Sánchez, asesor de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), advierte de que inversores vinculados a los grupos armados paramilitares están haciéndose con tierras para sumarlas a los grandes proyectos de reforestación promovidos por el Gobierno. Colombia promueve 129 proyectos que aspiran a ser incluidos en la Lista de Mecanismos de Desarrollo Limpio, respaldada por Naciones Unidas. Y durante los últimos tres años, el comercio oficial de emisiones de carbono ha generado unos beneficios de 56 millones de dólares para las empresas colombianas.
El gobierno también ambiciona convertirse en una potencia en la producción de biocombustibles. Colombia dispone de hasta seis millones de hectáreas aptas para estos cultivos. La industria nacional de aceite de palma es la principal defensora de que los ecocarburantes supongan más del diez por ciento del consumo nacional de diésel a partir de 2010. El aceite de palma es la base del biodiésel colombiano. La industria tiene previsto duplicar en diez años las plantaciones de aceite de palma, que hoy suponen unas 350.000 hectáreas. Pero esta industria tiene una contrapartida: los abusos de los derechos humanos en las regiones remotas del país. «Estos proyectos se desarrollan en tres fases. La primera consiste en hacerse con el control de las tierras por medio de grupos ilegales armados. La segunda es la adjudicación de terrenos por parte de las autoridades o por contratos particulares. La tercera es la puesta en funcionamiento del proyecto una vez que los terrenos han sido controlados y existen las oportunas garantías legales», explica Sánchez. Las autoridades están investigando las denuncias de que empresas vinculadas a grupos paramilitares estaban coaccionando a los habitantes de la región de Urabá, en el noroeste del país, y obligándolos a ceder el control de sus tierras para la producción de aceite de palma. De esta forma podrían haberse apropiado por medio de la intimidación de unas 14.000 hectáreas adjudicadas a comunidades afrocolombianas. «En El Chocó hemos pasado por la misma situación: desplazamientos forzados, amenazas, asesinatos y desapariciones de líderes indígenas.»
«La plantación de palmeras aceiteras te obliga a ser transparente, pues son árboles cuya vida es de treinta años. No puedes camuflarlos. Por eso, nos sorprendió tanto lo sucedido con el proyecto en El Chocó», replica Jens Mesa Dishington, presidente de Fedepalma. Las tensiones entre la industria del aceite de palma y los pequeños propietarios y los grupos indígenas son cada vez más acusadas, sobre todo en Meta y Vichada, al este de los Andes, donde el Gobierno está promoviendo planes para reforestar un área de más de 100.000 hectáreas con palmeras africanas, pinos y eucaliptos, reforestación que no se ajusta a Kioto. El Gobierno se vio obligado a rediseñar sus políticas agrícolas después de que la Corte Constitucional declarase ilegales varios proyectos de ley que facilitaban la explotación de los bosques nacionales por las empresas madereras y de biocombustibles. Los proyectos de ley fueron rechazados por la inexistencia de consultas con los grupos indígenas, a las que obliga la Constitución. El congreso debate ahora la aprobación de unos nuevos proyectos revisados, pero los ecologistas y los grupos defensores de los derechos humanos aseguran que los procesos de expropiación de tierras siguen teniendo lugar bajo el signo de la violencia.
Una nueva generación de bandas armadas emergentes ha ocupado el lugar de los grupos paramilitares que estuvieron operando con terribles efectos en Urabá y el resto del país a finales de los años 90. Si bien los objetivos políticos están menos claros que los de sus antecesores, sus métodos son parecidos. Entre estos grupos están las Águilas Negras y los Rastrojos. Y también las Autodefensas Gaitanistas de Colombia, una banda armada con 6.000 integrantes que se ha hecho fuerte en Nariño, en el corazón de una región dominada por el narcotráfico. Estas nuevas organizaciones han sido muy rápidas a la hora de marcar territorio. Por ejemplo, ametrallando casas y escuelas y escribiendo pintadas intimidatorias en los muros rociados de balas. «Sus tácticas no son nuevas», explica Pedro Galindo, coordinador de Codhes, un instituto de investigación sobre derechos humanos que calcula que unos 380.000 colombianos se han visto obligados a abandonar sus hogares en el último año. «Le hacen una oferta al propietario del terreno y le dicen que, si no la acepta, negociarán mañana con su viuda.»
Rainbow Nelson
Más información:
Si quieres contribuir a que Kaos en la Red pueda seguir publicando artículos como este, puedes hacer tu donación en:
| Paypal (seguro y permite diferentes formas de pago) |
Microdonación de 2 euros
| Donación de importe libre
|
