Más temprano que tarde, como había sido advertido por múltiples voces en el continente, la cesión por parte de Colombia de bases militares a Estados Unidos ha desembocado en una escalada de tensiones bélicas en Sudamérica.
Mientras que el gobierno que encabeza Álvaro Uribe Vélez anunció el despliegue de siete brigadas (más de mil soldados) en su frontera con Venezuela, el mandatario de este país, Hugo Chávez, denunció que Washington realiza vuelos de espionaje militar sobre el territorio venezolano mediante aviones no tripulados que despegan de aeródromos colombianos, y anunció que su país se prepara para defenderse de una eventual agresión armada lanzada desde el país vecino.
Una buena parte de los medios internacionales ha puesto la mira en las recientes adquisiciones venezolanas de armamento como supuesto detonador de una escalada bélica regional, pero han omitido algunos datos fundamentales: la República Bolivariana realizó tales compras bajo la presión de amenazas de agresión no muy veladas por el anterior gobierno de Estados Unidos, y que Colombia protagoniza, también, un proceso armamentista con el pretexto de combatir a las organizaciones guerrilleras que actúan en su territorio.
Por otra parte, el empeño de las autoridades de Bogotá en desoír las advertencias formuladas por diversos gobiernos de la región -entre ellos los de Argentina y Brasil- sobre los peligros de entregar siete bases militares al Pentágono, parece formar parte de un plan deliberado para agudizar las tensiones en la región y para internacionalizar los conflictos internos que afectan a Colombia.
Un antecedente inequívoco, en este sentido, fue la sangrienta incursión ordenada por Uribe Vélez contra un campamento de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en territorio ecuatoriano, lanzada el primero de marzo del año pasado, ataque en el que murieron el jefe guerrillero Raúl Reyes y otros integrantes de esa organización armada, y en el que los militares colombianos asesinaron a cuatro estudiantes mexicanos e hirieron a una connacional más, Lucía Morett.
Hasta ahora, el presidente colombiano había venido provocando incidentes fronterizos y diferendos con sus vecinos, y los había utilizado con el propósito de aumentar sus índices de popularidad. La cesión de bases a fuerzas militares de Washington, en cambio, no puede explicarse sino como el uncimiento programado de Colombia a una política estadounidense de hostigamiento contra Venezuela, Bolivia y Ecuador, países cuyos gobiernos se han enfrentado a los tradicionales afanes injerencistas de Estados Unidos en el subcontinente.
Una consideración que no debe pasarse por alto es que, a pesar de las buenas intenciones hacia Latinoamérica manifestadas por Barack Obama como candidato presidencial y en sus primeros meses como mandatario, el alineamiento de Washington con los golpistas que tomaron por asalto el poder en Honduras en junio pasado mostró de manera fehaciente las limitaciones de las promesas de la nueva administración estadounidense y exhibieron que el ocupante de la Casa Blanca no puede o no quiere enfrentarse a la continuidad de los designios necolonialistas dictados por los aparatos políticos de Washington y por el complejo militar, industrial y financiero de la superpotencia.
Hoy día, Washington sólo cuenta en Sudamérica con el alineamiento incondicional de los gobiernos colombiano y peruano, y con base en los antecedentes históricos y los patrones seguidos por más de un siglo, es previsible que busque atizar un conflicto regional con el propósito de hacerse de nuevas alianzas -o complicidades- en la zona.
Tal es el telón de fondo de las tensiones entre Colombia y Venezuela. Corresponde a los otros estados de América Latina demandar a Uribe Vélez que ponga fin a la presencia militar estadounidense en territorio colombiano, porque es el detonador y el combustible principal de una escalada que podría llegar a extremos indeseables.
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