En el presidente de la República se advierte que no hay unidad entre el pensamiento jurídico y el comportamiento político, lo que origina un factor en extremo desfavorable para los pueblos indígenas. El contenido progresista de la Constitución vigente reside, en gran parte, en la aceptación del Estado plurinacional, reflejo de la realidad del país: diferentes tradiciones lingüísticas, culturales, religiosas, territoriales, lo que equivale a decir que el Ecuador es un país plurinacional. Las nacionalidades indígenas, estructuradas políticamente desde hace rato, están luchando por encontrar su sitio en el Estado ecuatoriano a través de instituciones autónomas que les permitan expresar su condición histórica y social, pero se topan con los obstáculos que les crean casi todos los gobierno de turno. La distancia que separa al Ecuador real del Ecuador oficial no es percibida por el poder, y hasta parecería que para al presidente lo único que le importa es la urgente asimilación de los indígenas a la cultura hispanizada. No se puede comprender de otra manera la decisión de mandar misioneros a los pueblos amazónicos, que cuentan con organizaciones propias para defender su pertenencia y su memoria histórica. En el afán de alcanzar el crecimiento económico y la modernización se mezquina a las organizaciones espacios de autonomía como la Dirección de Educación Bilingüe, que ha obtenido logros inesperados al promover la capacitación intelectual de estudiosos de todas las nacionalidades, cuyo empeño principal es la defensa de sus culturas. Esto demuestra que el gobierno actual no tiene interés en la reconstrucción de las identidades históricas de las distintas nacionalidades, sino en reducir la dimensión nacional del país solo a la nación ecuatoriana.
En los tres años del actual régimen, los indígenas han sido impedidos de tomar decisiones sobre las leyes que les afectan directamente, como la de aguas o la de minería, lo que ha llevado a que no se sientan representados por un Estado que atenta contra su condición y su libertad. El presidente olvida que la autonomía está relacionada indisolublemente con la preservación de la naturaleza y el manejo sostenible de los recursos naturales, pero -eso sí- afirma que la política de la dirigencia indígena es inmadura y atrasada. Desde el poder central se responsabilizó a la Voz de Arutam de los conflictos que él mismo provocó, acusándola sin pruebas de responder a intereses de líderes ambiciosos. Lo cierto es que esta radiodifusora, desde hace muchos años, en lo que se ha empeñado es en fomentar la percepción de sí mismo en todo el pueblo shuar. La estratagema de dotar de nuevas radios a las comunidades no oculta que de lo que se trata es de aprovecharlas para fines políticos. Pero lo que mejor revela el designio de reforzar al máximo el poder centralizado, que solo responde a la “modernización económica”, es la decisión de explotar el campo petrolero Yasuní-ITT. No importa que se afecte la mayor reserva natural del Ecuador, uno de los santuarios de la biodiversidad planetaria. No importa que se afecte el habitat y la vida de los pueblos amazónicos. Así pues, los tres años de la administración Correa se caracterizan por el boicot permanente a los derechos autonómicos de los indígenas
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