Es de dominio general que la Asamblea Nacional incumplió el plazo determinado por la Constitución para aprobar un conjunto de leyes que requieren ser puestas en correspondencia con lo que ahora estipulan los preceptos constitucionales; los llamados de atención al respecto no tuvieron valor, a la final… la mayoría manda. En todo caso, imbuidos con la idea de cumplir con la “revolución legislativa”, los asambleístas de PAIS se impusieron como segundo (e ilegal) plazo el mes de febrero, pero es por demás notorio que tampoco podrán cumplir.
¿Hubo exceso de euforia y subjetividad cuando establecieron la obligatoriedad de aprobar determinas leyes en un periodo concreto? Posiblemente así ocurrió, pero esa es su propia responsabilidad, pues, la mayoría de los asambleístas de PAIS actuaron también en Montecristi. Pero más allá de eso, el incumplimiento de la Asamblea con el país se debe a la incapacidad legislativa mostrada por quienes la controlan, a lo que se añaden las discrepancias existentes al interior de los asambleístas del gobierno. En temas como la Ley de Comunicación o el pedido de renuncia al Fiscal General, Washington Pesantez, el bloque gobiernista ha actuado fraccionado.
En otros temas también se ha puesto a flote la diversidad de visiones políticas anidadas en el movimiento de Correa, que van desde las que trabajan por una mayor derechización del gobierno, pasan por quienes pugnan por imprimir una política “centrista”, hasta llegar a los que se consideran parte de la vertiente de izquierda. Correa los unifica, más por pragmatismo político que por convicción con un proyecto que, en esas esferas, no está claro hacia dónde mismo va o debe ir.
En todo caso, con esta nueva prórroga la Asamblea Nacional será por más tiempo el centro del principal debate político del país, debido a la naturaleza y trascendencia de las leyes que se encuentran en carpeta. Temas como el hidrocarburífero, educativo, laboral, de ordenamiento territorial, etc. se presentan controversiales porque en ellos se juegan intereses de distintos sectores sociales y expresan las posiciones ideológicas y políticas de los mismos.
La heterogeneidad política de PAIS y la acción del gobierno en los últimos meses debe alertar al movimiento popular para impedir que en esas leyes se meta contrabando adornado con el engañoso léxico de la “revolución ciudadana” y el “socialismo del siglo XXI”. La Asamblea Nacional debe convertirse en el centro de movilización de los diversos sectores populares para que se legisle a favor de los intereses de los trabajadores, de los pueblos y del Ecuador, para impedir también que la inconsecuencia política de algunos sectores de PAIS sea aprovechada por la derecha y salgan leyes que en poco o nada se diferencien de las que aprobaba el viejo Congreso.
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