Los expertos en marketing aseguran que la publicidad del gobierno está llegando a un nivel de saturación, sus mensajes son tan reiterados que en la población se observa cansancio y molestia. Una investigación hecha pública en estos días revela que siete de cada diez ecuatorianos está en desacuerdo con la forma e intensidad con la que el gobierno hace publicidad.
Grave problema para Rafael Correa porque ésta ha sido uno de los instrumentos más efectivos en su gestión, mérito que por cierto corresponde a Vinicio Alvarado, quien antes trabajó para Abdalá Bucaram y Jaime Nebot.
Pero el fastidio no solo obedece a la carga de mensajes publicitarios, responde sobre todo a la distancia –cada vez mayor- entre el discurso y la acción del gobierno. Esto pesa sobre todo en los sectores populares que apoyaron a Correa desde su primer triunfo electoral, en las varias consultas populares, en su reelección presidencial, y que ahora miran su derechización.
El gobierno ha contado con las mejores condiciones políticas y sociales posibles para implementar el proyecto de cambio anunciado tres años atrás.
Desde un inicio tuvo el apoyo de, prácticamente, todo el movimiento popular organizado (hablamos del Frente Popular, la Conaie, las centrales agrupadas en el FUT), que mostró su disposición a movilizarse para concretar los cambios y enfrentar a quien se los oponga; las principales organizaciones políticas de izquierda (MPD y Pachakutik) también expresaron su respaldo; una derecha arrinconada y sin iniciativa política durante varios meses; y, el influjo de los acontecimientos políticos en América Latina –en donde las fuerzas democráticas y progresistas cosecharon importantes avances- alentaba aún más los ánimos de avanzar en el cambio, son algunas de esas circunstancias favorables.
Pero un elemento de gran significación ha impedido que las condiciones políticas existentes en el país se conviertan en fuerza motriz para un proceso de auténtica transformación: la equivocada visión del Presidente Correa de lo que significa un cambio social radical, de quiénes son sus actores fundamentales y cuáles los blancos de ataque.
La denominada “revolución ciudadana” carece de participación popular. No en el sentido de que las masas rehúyan ser actoras políticas y menos aún que hayan estado ausentes de los conflictos político-sociales que antecedieron y crearon las condiciones para el surgimiento del actual escenario del país. El verticalismo impuesto por Correa impide la participación democrática de las masas en el proceso político y, lo más grave, reprime su acción cuando protestan y no pierde oportunidad para desprestigiar a los dirigentes populares.
En anterior ocasión manifestábamos que Correa equivoca de blanco al descalificar la acción de las organizaciones sindicales, indígenas, del magisterio, estudiantiles, populares en general. Éstas no están en contra del proyecto político, son el sector social más interesado y comprometido con él, durante años bregaron para llegar a donde hoy estamos y para que se aplique un programa de gobierno como el que Correa anunció en su campaña electoral.
Es lógico que desde el movimiento popular organizado surjan críticas, llamados de atención al gobierno e inclusive movilizaciones callejeras cuando el gobierno toma medidas equivocadas que inclusive, por acción de la protesta popular, ha tenido que rectificarlas como en los casos del
Decreto 1701, los propósitos y mecanismo de la evaluación a los docentes o el cierre de radio Arutam.
Las organizaciones populares y de izquierda que líneas arriba citamos no han declarado la oposición al gobierno, aunque el tratamiento que Correa les brinda pareciera como si fueran sus enemigos. El compromiso de aquellas y la claridad política que muestran respecto del proyecto político les ha llevado a establecer una conducta de independencia política, que de ninguna manera significa oposición y que ratifica su disposición e interés por que el proyecto avance. Si Correa y algunos sectores de PAIS los quieren tener en o los empujan a la oposición, sería un grave error que podría devenir de un marcado sectarismo, miopía política o de un proyecto en el que la participación política del pueblo estorba al funcionamiento de la “institucionalidad” tan defendida por los principales exponentes de la “revolución ciudadana”, institucionalidad que por cierto se mueve en los rieles del liberalismo burgués.
Correa está apartándose de una base social que en décadas pasadas demostró su gran dinamismo, capacidad de movilización y respuesta cuando se aplicaron medidas anti populares o contrarias a los intereses soberanos del país. Y no es un espejismo, pues en septiembre y octubre del año pasado el gobierno debió enfrentar las más grandes movilizaciones populares producidas durante el actual régimen; en esos meses la aprobación de la gestión gubernamental bajó al 49% y ahora se encuentra en el 40%. La tendencia se ha revertido, más ecuatorianos desaprueban la labor del gobierno, y uno de los elementos que más los resiente es el autoritarismo, su prepotencia.
Peligrosa mezcla la que se aprecia en la “revolución ciudadana”: derechización más prepotencia.
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