A finales del siglo XIX en Estados Unidos, una campaña orquestada en los periódicos del empresario William Randolph Hearst, encabezados por el New York Journal, precedió a la invasión militar de Cuba en 1898. Hearst había enviado un reportero y un dibujante a La Habana para cubrir la guerra. El dibujante, Frederic Remington, telegrafió a su jefe pidiéndole autorización para regresar, pues no había ninguna guerra, y por lo tanto no había nada para cubrir. "Todo en calma. No habrá guerra", dijo Remington. La respuesta del empresario periodístico fue célebre: "Le ruego que se quede. Proporcione ilustraciones, yo proporcionaré la guerra".

 

La anécdota es solo un ejemplo de los medios de comunicación que se asumen como actores políticos sin transparentar al público sus intenciones. Es la libertad irrestricta de los empresarios al servicio de determinados intereses y en contra del bien común, en contra de la libertad de expresión.

 

Los empresarios dueños de los grandes medios de comunicación en Ecuador y América Latina, escoltados por la SIP (Sociedad Interamericana de Prensa) y otros cuentos, han tenido una libertad irrestricta en defensa de sus intereses, pero no necesariamente en defensa de la libertad de expresión.

 

La Ley de Comunicación en Ecuador, en Argentina, en Uruguay y en cualquier parte puede ser una herramienta para comenzar a ordenar los distintos espacios comunicacionales teniendo en cuenta que la libertad de expresión debe llegar a todos los ciudadanos y no solamente a los dueños de los grandes medios. Teniendo en cuenta la democratización de la comunicación y particularmente de los medios de comunicación.

 

2.      Teleamazonas y la libertad de expresión

 

El cierre de Teleamazonas por tres días es una medida burda de parte de la Superintendencia de Telecomunicaciones, no porque vaya contra la libertad de expresión de los ecuatorianos, sino porque ayuda a trabar la aprobación de la Ley de Comunicación.

 

La derecha, que intenta fortalecer su oposición al Presidente Rafael Correa en torno a una supuesta defensa de la libertad de expresión, parece confluir con la derecha ubicada al interior del gobierno en el interés de archivar la Ley de Comunicación.

 

El principal problema para los dueños de los grandes medios y para la derecha externa e interna no es ninguna mordaza, es el reparto equitativo de las frecuencias de radio y tv entre medios públicos, comunitarios y privados. El principal problema es que la democracia llegue al espacio radioeléctrico, que se apliquen las recomendaciones de la auditoría sobre frecuencias y empiece la reversión de las que fueron otorgadas en base a la libertad de intereses pero no de expresión, de las que fueron otorgadas en forma antidemocrática.

 

En un momento crucial del camino hacia la aprobación de la Ley de Comunicación, el cierre de Teleamazonas da nuevos argumentos a la derecha, liderada en la Asamblea por maderistas guerreristas, para atacar la Ley y retrasar su aprobación. El cierre de radio Arutam, en cambio, distancia al gobierno de un aliado natural como Pachakutik. ¿Es solo casualidad?

 

Hay que reconocer que con Teleamazonas se ha venido cometiendo un verdadero ataque a la libertad de expresión que las autoridades del canal no han denunciado: ha sido el medio de comunicación que ha recibido más publicidad del gobierno central y de diversos ministerios, mientras decenas de radios locales no han sido tomadas en cuenta. El hecho de no repartir la publicidad en forma equitativa y haber entregado tanto dinero a Teleamazonas vía publicidad sí debería ser considerado un ataque a la libertad de expresión de todos los ciudadanos que quieren la democratización de los medios. Su cierre es solo una parodia que conspira contra la Ley de Comunicación.

 

Además del reparto equitativo de frecuencias, la Ley debería establecer claramente la equidad en el reparto de la publicidad estatal del gobierno central y los gobiernos locales.

 

3.      La legislación uruguaya

 

Desde los grandes medios de comunicación ecuatorianos varios opositores al proyecto de Ley de Comunicación han mencionado la Ley de Uruguay, sin informar con veracidad total sobre la legislación de ese país.

 

El texto sobre radiodifusión comunitaria aprobado en el año 2007, por ejemplo, establece a éste como un tercer sector en la radiodifusión, complementario a los medios privados y estatales, estableciendo una reserva de espectro de un tercio de las frecuencias disponibles en AM, FM y TV abierta, para garantizar una mayor diversidad en la propiedad de medios de comunicación.

 

La legislación uruguaya incluye procedimientos transparentes y no discrecionales para el otorgamiento de frecuencias, asegurando la igualdad de oportunidades en el acceso a través de concursos abiertos y públicos, y la realización de audiencias públicas para la concesión y renovación de los permisos.

 

Establece la creación de un organismo asesor con participación ciudadana que controla el desempeño estatal y brinda mayores garantías a todas las personas en los procedimientos de otorgamiento de frecuencias. El denominado Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria está integrado por representantes de algunos ministerios, de los propios medios comunitarios, universidades públicas y privadas y organizaciones de defensa de la libertad de expresión.

 

El artículo sobre la reserva del espectro radioeléctrico para Radios y TVs Comunitarias dice así: “El Poder Ejecutivo, previo informe de la Unidad Reguladora de Servicios de Comunicaciones –URSEC- (similar a la Superintendencia de Telecomunicaciones) y opinión del Consejo Honorario Asesor de Radiodifusión Comunitaria, reservará para la prestación del servicio de radiodifusión comunitaria y otros sin fines de lucro, al menos un tercio del espectro radioeléctrico por cada localidad en todas las bandas de frecuencia de uso analógico y digital y para todas las modalidades de emisión. La reserva deberá ser actualizada anualmente y será de conocimiento público”.

 

4.      Puntos positivos del proyecto de Ley

 

Más allá de los errores iniciales y la necesidad de haber profundizado más el debate, el proyecto de ley de Comunicación tiene elementos destacables, que apuntan a la defensa de los derechos de las personas que consumen medios de comunicación, de los periodistas que hacen los medios de comunicación y, obviamente, de los dueños de los medios de comunicación. No puede ser, como quieren unos pocos, que los únicos con derechos sean los dueños de los medios de comunicación.

 

Otros puntos importantes del proyecto, son la necesidad de un código de ética que marque el rumbo de cada medio, que diga los parámetros por los que se regirá ese medio, y la obligación de aclarar cuándo es la opinión de una persona y cuándo del medio de comunicación. Tanto el Código de Ética como la identificación de la opinión sirven para transparentar al medio, para ubicar desde dónde habla ese medio. Cuando un medio de comunicación presenta a un banquero como analista económico independiente, sin especificar que es banquero y que su análisis lo hace desde su visión de banquero no está siendo transparente con la gente, no está siendo ético.

 

La figura del Defensor del Público, que propuse ya hace 15 años desde la columna editorial que tenía en el diario Hoy, es una propuesta revolucionaria en materia de defensa de derechos de los ciudadanos, en este caso los consumidores de medios de comunicación, en un mundo globalizado y, sobre todo, mediatizado.

 

La objeción de conciencia de los periodistas, es otra reivindicación de un derecho. Quienes hemos estado en medios, sabemos cómo se ataca la libertad de expresión cuando se prohíbe a los periodistas difundir información que va contra los intereses vinculados al medio, o cuando se les obliga a realizar coberturas que van contra sus principios.

 

La disyuntiva que se presenta con la Ley de Comunicación no es entre mordaza y libertad de expresión, es entre la democratización de los medios y los medios como expresión del poder. Es entre comunicación democrática y dictadura mediática.