Desde la mañana del sábado 7 de febrero, corren las 48 horas otorgadas por el presidente Rafael Correa a su canciller, Fander Falconí Benítez, para que proceda a la expulsión de territorio ecuatoriano del agregado de la embajada norteamericana, Armando Astorga (quien ha ejercido hasta la fecha el cargo de agregado estadounidense para asuntos migratorios, de seguridad y aduana) , tras tener notificación de una carta enviada por este a la Comandancia General de la Policía Local.

La carta, cuya fecha es del 8 de enero, fue dirigida al General Jaime Hurtado, Comandante de la Policía del Ecuador, e indicaba la finalización del entendimiento del apoyo logístico y operativo brindado al Centro de Operaciones Anti Contrabando –COAC-, de la Dirección Nacional de Inteligencia (DGI) de la policía nacional a partir de su recepción. Uno de los proyectos por los cuales se ha mantenido y desarrollado la lógica de dependencia histórica del Ecuador con respecto a la política norteamericana contra el tráfico ilegal de personas y estupefacientes.

La terminación de dicho acuerdo entre los EE.UU. y Ecuador, se dio consecuencia de que el gobierno ecuatoriano rehusó a que fuese la embajada de los Estados Unidos la que calificase al personal de la unidad policial encargada, así como que fuesen quienes designasen a su Comandante. El gobierno ecuatoriano, a través de su Ministerio de Gobierno y del propio presidente de la República, ya había anunciado a la embajada norteamericana que esta situación significaba una clara renuncia a la soberanía nacional y que desde la llegada del gobierno de la “revolución ciudadana” –desde dos años- este tipo de lógicas habían cambiado.

En el programa radiotelevisivo de la mañana del sábado, utilizada por el presidente Correa para su rendición de cuentas semanales a la ciudadanía de su país, este rechazó la decisión del diplomático norteamericano al indicar que es potestad de los mandos policiales del Ecuador, calificar a su personal y evidentemente a su Comandante, indicando que ya le había dado orden al general Hurtado de que terminara con la práctica anterior. Correa calificó la carta como “insolente” e indicó que dichas prácticas se habían terminado en su gobierno.

De esta manera el mandatario ecuatoriano alineaba su postura con la nueva Constitución aprobada por el país el pasado 28 de septiembre, en la cual se deja constancia de que en el Ecuador, "la soberanía radica en el pueblo, cuya volundad es el fundamento de autoridad, y se ejerce a través de los órganos de poder público y de las formas de participación directa previstas en la Constitución".

La carta enviada por Astorga, solicita que como consecuencia de la decisión tomada por el gobierno del Ecuador de dar por terminado el acuerdo anteriormente existente, también quedan suspendidos 340.000 dólares anuales de apoyo logístico y operativo otorgado por el gobierno norteamericano al COAC. De igual manera, en la misiva norteamericana, se indica que todos los activos, vehículos, muebles de escritorio, cámaras fotográficas y motocicletas entregadas a la COAC, sean devueltas de manera inmediata.

En este sentido, Rafael Correa indicó: “Señor Astorga, quédese con su sucio dinero, no lo necesitamos, aquí hay soberanía y dignidad, quédese con sus 340.000 dólares, majadero insolente”. Con respecto a la infraestructura demandada por Astorga, el presidente ecuatoriano ordenó al Comandante de la Policía que devuelva a las autoridades norteamericanas hasta el último centavo entregado por los gringos de manera inmediata. “Devuélvale hasta el último centavo que este señor haya dado, devuélvale hasta el último borrador, mañana mismo, que se queden con sus cosas, Ecuador no necesita la caridad de nadie”, sentenció el presidente Correa.

De forma similar, el Jefe de Estado rechazó los condicionamientos del funcionario de la embajada de los Estados Unidos a que la decisión del Gobierno Nacional sea revisada, con el fin de contribuir con 160.000 dólares anuales. En este sentido, el lunes será entregada una comunicación a la embajada donde se indicará que el Ecuador no requiere de los 340.000 dólares ni de los 160.000 dólares anuales que EE.UU. iba a otorgar para apoyo logístico y operativo a la unidad nacional contra la trata de personas.

El presidente Correa indicó que en la carta que el Ecuador enviará a las autoridades norteamericanas, propondrá “una donación a Estados Unidos de 160.000 dólares anuales para proyectos que tengan como fin evitar la tortura en los Estados Unidos”, denunciando de esta manera que “se está torturando en cárceles como la de Guantánamo”.

“Estos señores no saben con quién están tratando”, señaló Correa, indicando que recientemente la embajadora de los EE.UU., Heather Hodges, le había solicitado que tras la salida de los norteamericanos de la base de Manta –hecho que se desarrollará en este año en cumplimiento del artículo 5 de la Constitución en la cual se indica que "No se permitirá el establecimiento de bases militares extranjeras ni de instalaciones extranjeras con propósitos militares" en territorio ecuatoriano-, se permitiera el aterrizaje de aviones de control antidrogas en el suelo ecuatoriano con el fin de poder hacer repostaje.

En referencia a esto, el primer mandatario ecuatoriano indicó que aceptaba la petición de la embajadora con la condición de: “Que nosotros tendremos que calificar a los pilotos de esos aviones para que no nos metan ningún delincuente en nuestro país”, y prosiguió, “nosotros calificaremos a los pilotos, si no, aquí no aterriza ningún avión norteamericano”.

Al finalizar, el presidente Correa, sostuvo que Estados Unidos debe “perder las esperanzas” de que su gobierno revise su posición respecto a ese acuerdo con Washington, porque “mientras esté el gobierno de la revolución ciudadana, las circunstancias no cambiarán, (…), estamos no en una colonia norteamericana, sino en una país digno y soberano”.

Fuentes de la embajada norteamericana en el Ecuador indican que el funcionario expulsado por Correa no se encuentra en el país desde finales del mes de enero.