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Ecuador: Cuatro ríos y tres personas muertas en Tenguel deja antividad minera
Las concentraciones de metales tóxicos son muy elevadas, por lo que es improbable que exista algún medio de vida acuática.
Fernando Villavicencio | Para Kaos en la Red | 14-2-2009 a las 14:45 | 2736 lecturas
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Dirigente Esther Landeta amenazada de muerte

El Binomio Presidencial, Martha Roldós – Eduardo Delgado,  denuncia que en la Parroquia Tenguel, del Cantón Guayaquil, la actividad minera, al tiempo de generar un auténtico crimen ambiental, que está acabando con la vida de cuatro ríos, ha provocado un estado de terror, que ha cobrado ya la vida de por lo menos tres personas, el intento de asesinato y persecución a la dirigente social Esther Landeta, en medio de un siniestro conflicto de intereses que involucra al Ministro de Áreas Estratégicas, del Gobierno de Rafael Correa, Galo Borja Pérez, vinculado a la empresa minera PAZBORJA.

La alianza RED-POLO DEMOCRATICO, exige la destitución de Galo Borja, responsabiliza al Gobierno de Rafael Correa por la vida de Esther Landeta y su familia, y solicita a la Fiscalía, identificar y sancionar a los responsables de los graves hechos de violencia y muerte que envuelven a este pequeño pueblo de la Provincia del Guayas.

El caso es de gravedad extrema, sostiene Eduardo Delgado, al exhibir dos informes técnicos realizados por la Municipalidad de Guayaquil, en abril y diciembre de 2008, en los cuales se revela que los ríos: Gala, Chico, Siete y Tenguel, registran una severa contaminación con metales pesados, producto de la actividad minera, que se realiza en la zona de Shumiral, Cantón Camilo Ponce Enríquez. “…las concentraciones de metales tóxicos son muy elevadas, por lo que es improbable que exista algún medio de vida acuática. En el agua existe contaminación con mercurio, cobre y arsénico en concentraciones mayores a 28 veces los valores permisibles…Mientras que en los sedimentos hay contaminación severa con cromo, cadmio, mercurio, cobre, plomo, arsénico, zing, vanadio, níquel y cobalto. El mercurio, cobre, arsénico y vanadio superan en 50, 64, 14 y 7, veces el valor límite, dice el informe.

La situación “es muy preocupante”, agrega el estudio, debido a que las comunidades del sector, más de 15 mil personas, utilizan el agua de los ríos para el consumo humano, aseo corporal y lavado de vestimentas; además de que esas aguas contaminadas sirven para el riego de bastas zonas de producción de banano, cacao, café y otros productos que no solo abastecen el mercado interno, sino que son destinados fundamentalmente a la exportación. En relación a la contaminación de productos agrícolas, el segundo estudio, realizado en diciembre de 2008 y presentado el 9 de enero de 2009, revela por ejemplo que el banano contiene 2.54 miligramos de mercurio por kilogramo (mg/kg), cuando el límite máximo permitido es 1 mg/kg; en el caso del cacao se encuentra 1.99 mg/kg sobre un límite permisible de 1 mg/kg.

A Rafael Correa no le importa el problema de la salud pública que significa gente enferma, por efecto de la exposición constante a los metales pesados en sus organismos, sostiene por su parte Pablo Dávalos; para quien, si el Presidente no se inmuta ante los niños con cáncer  –al menos si sabe sumar y restar- debería preocuparse por la inminente pérdida de divisas que significaría el cierre de los mercados internacionales a nuestros productos agrícolas, como el banano y el cacao.  Una posible emergencia del sector agro exportador sería catastrófica para el país, sostiene Dávalos, al tiempo de preguntarse, si pueden más los intereses particulares de sus amigos ministros, que una hecatombe en la Balanza Comercial del Ecuador.

LOS INTERESES DEL ASAMBLEISTA Y MINISTRO BORJA

Galo Borja Pérez, uno de los hombres de confianza de Rafael Correa, es un personaje vinculado a los negocios bananeros, mineros, camaroneros y otros en la zona. Fue Asambleísta y Jefe de Bloque del Movimiento PAIS, actualmente es Ministro Coordinador de Areas Estratégicas, que involucra el manejo del sector minero, lo cual lo ubica en un evidente conflicto de intereses.

El año 1998, Galo Borja conforma la compañía minera PAZBORJA, el mismo año obtiene una autorización de la DINAMI, para la instalación y operación de una planta de beneficio. Desde esa fecha hasta el día de hoy, se han realizado varias transferencias de derechos y acciones de la referida empresa y de la Planta de Beneficio, en forma sospechosa, una de ellas a favor del conocido minero Ruperto Franco, efectuada el 20 de abril de 2008. En la actualidad, según información de la Superintendencia de Compañías, remitida a la Comisión de Legislación, consta como propietario de PAZBORJA, el ciudadano Paulo Borja Rivas, hijo del Ministro.

En el informe de la Dirección Regional de Minería del Azuay, de fecha 7 de noviembre de 2007, cuando Borja Pérez era ya Asambleísta, se informa que la Planta de Beneficio PAZBORJA, descarga aguas contaminadas a drenajes naturales, que van directamente al río Chico, sin contemplar ninguna norma de prevención y seguridad; agrega, que la citada Planta, se encuentra operando sin autorización del titular del área, así como no cuenta con los respectivos permisos de la DIREMIA. El informe destaca que durante la inspección el señor Ruperto Franco, supo informar “que la planta es de propiedad del Arq. Galo Borja”.

El 20 de junio del 2008, la Directora Regional de Minería del Azuay, rechaza un pedido de renovación de la autorización para la operación de la Planta de Beneficio PAZBORJA, solicitado por Erasmo Ruperto Franco, señalando que el peticionario no presenta la autorización del propietario del predio en el que se encuentra la planta, como tampoco la autorización conferida por el titular de la concesión minera, o sea, la autorización de Galo Borja y/o su hijo.

PERSECUCIÓN E INTENTO DE ASESINATO DE ESTHER LANDETA 

Cuando los ríos de la zona de Tenguel, empezaron a cambiar de color, los peces a morir y la gente a presentar enfermedades a la piel y síntomas de otras afecciones más graves, Esther Landeta, una joven campesina del sector, empezó una lucha que jamás imaginó la tendría hoy coexistiendo cada día con la muerte.

En abril del año 2008, documentos en mano, Esther Landeta fue a Montecristi y encaró al Asambleísta Galo Borja de estar involucrado con la explotación minera en el Shumiral, la que estaba matando los ríos y envenenando a su pueblo, semanas después recibió varias amenazas de muerte.

En junio del 2008, un habitante del sector, Fernando Lozano, alias “cuerito”, informó a Esther que varios sicarios habían sido contratados para asesinarla y que debía inmediatamente abandonar la casa y el pueblo. Días después el informante fue asesinado. Esther Landeta, presentó la denuncia a la Fiscalía y a Amnistía Internacional, acusando a Ruperto Franco de ser uno de los responsables de las amenazas e intento de asesinato. Organismos internacionales condenaron el hecho y exigieron al Gobierno de Correa, garantizar la seguridad de la dirigente social.

iEn enero del 2009, uno de los sicarios acusados del asesinato de Fernando Lozano “cuerito”, considerado pieza clave, y que estaba siendo buscado por la justicia para declarar en el proceso, fue asesinado en circunstancias misteriosas, su muerte copó una página de la crónica roja. Hace pocas horas, otro ciudadano, también involucrado en el caso apareció muerto en Shumiral. La muerte tiene patente de corso en Tenguel,  la contaminación y el sicariato  ya son de todos. 

El caso de Tenguel es  emblemático por el incumplimiento del  Mandato Minero  y por las acciones cómplices del gobierno correísta, expresa Martha Roldós, quien recuerda que la denuncia técnicamente documentada, llegó a la Asamblea Constituyente antes de la aprobación del Mandato Minero. El artículo Tercero  del mencionado Mandato,  parecía hecho a la medida para responder a este problema, sostiene la candidata presidencial, pues  si se comprobaba la contaminación de fuentes de agua,  la concesión minera responsable, debía revertirse al Estado, como en efecto se solicitó al  entonces Ministro, Galo Chiriboga, pero el citado funcionario, en lugar de aplicar el  Mandato Minero, que en ese punto era inequívoco y debía revertir la referida concesión, simplemente  “suspendió” la operación de las  "plantas de beneficio", una figura no existente.  Los sellos de suspensión duraron apenas días antes de ser arrancados. 

 
 
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