Ramos considera que esta decisión municipal debe ser un ejemplo para el resto de ayuntamientos extremeños que no ejercen sus competencias urbanísticas y permiten impunemente que las edificaciones en terrenos no urbanizables se levanten en plena naturaleza y a la vista del todo el mundo. De este tipo de construcciones hay miles repartidas de norte a sur de Extremadura, asegura, en muchos de los casos en espacios protegidos como la Sierra de Gredos y el Valle del Jerte, las Zepas de la Sierra de San Pedro, Los Llanos de Cáceres, el Embalse de Orellana y Sierra de Pela, entre otros, dotados, supuestamente de la máxima protección ambiental a nivel comunitario, pero donde el pasotismo de las autoridades permite que se levanten.
Así, este representante ecologista lamenta que en Extremadura se sigan consintiendo este tipo de actuaciones y no se paralicen obras ilegales o no se intervenga en viviendas ya terminadas, pero fuera de la ley, cuando en otras comunidades se han demolido centenares de edificaciones por incumplir con la normativa y causar daños irreparables al medio ambiente. Al contrario, explica, en esta región aún no se ha dado ninguna decisión contundente de derribo, salvo la anunciado ahora por Casas del Castañar, que espera que se ejecute, y la mayoría de las veces la intervención de las autoridades se limite a imponer sanciones económicas que el propietario asume como un coste más de edificación porque es una multa pequeña en proporción con el precio final que adquirirá su vivienda. De hecho, apunta que en inmobiliarias y anuncios en la red se llegan a pedir entre 125.00 y los 250.000 euros por estos chalets.
CONTABILIZAN MÁS DE 200 DENUNCIAS, INCLUSO UNA EN EL PARQUE NATURAL DE MONFRAGÜE
Por eso, Ramos considera que decisiones como la anunciada por el Ayuntamiento de Casas del Castañar pueden sentar las bases para que otros consistorios tomen medidas similares y se ponga freno definitivamente al urbanismo ilegal en la región. Sólo Ecologistas Extremadura contabiliza en el último año más de 200 denuncias presentadas contra edificaciones ilegales en Guijo de Santa Bárbara, Jarandilla de la Vera , Aldeanueva de la Vera, Orellana de la Sierra, localidad que ella sola suma 22 construcciones ilegales, Navalvillar de Pela y Puebla de Alcocer, pero asegura el grupo ecologista que, en general , se contabilizan por miles.
Por eso, para este grupo ecologista, habría además que incrementar la vigilancia del SEPRONA y de agentes de Medio Natural para que el seguimiento y control a este tipo de edificaciones fuese más efectivo. Del mismo modo invita a que los propios ciudadanos actúen como fiscales del entorno natural y denuncien ante sus respectivos ayuntamientos situaciones irregulares que vean, ya que el daño medioambiental de la urbanización descontrolada es irreparable como tala de árboles centenarios, vallado de campos, plantación de especies que no son autóctonas de la región, falta de depuración de aguas, entre otras consecuencias negativas.
CIERTO FRENO A LA EDIFICACIÓN ILEGAL
No obstante, Ramos reconoce que en los últimos meses se ha frenado la construcción ilegal, tanto por las denuncias presentadas, como por las investigaciones llevada a cabo por el SEPRONA o las últimas acciones de jueces y fiscalías que han llevado a declarar a los juzgados a varios representantes municipales. También reconoce que la crisis en el sector de la construcción se ha dejado notar.
Como ejemplo destaca que los servicios de urbanismo de Jarandilla de la Vera han dado orden de paralización incluso a obras que no habían sido denunciadas por el grupo ecologista. Muchos de los promotores han sido llamados a declarar, y la fiscalía está instruyendo los casos para llevarlos a los tribunales, quienes pueden dictaminar el derribo de las edificaciones, sanciones e incluso cárcel para los promotores.
Desde Ecologistas Extremadura critican que se haya actuado tan tarde desde las corporaciones municipales, y se preguntan por qué los servicios de inspección que ahora parecen tan eficaces antes no lo eran. Para la organización ecologista no había ninguna voluntad política de atajar este problema, y si ahora existe en los ayuntamientos es únicamente a causa de la existencia de denuncias, y también por las posibles responsabilidades penales en que pueden incurrir los ediles y secretarios.
Ecologistas Extremadura manifiesta asimismo que, aunque el ritmo de construcción ilegal ha descendido de forma importante, aún se producen actuaciones de este tipo, y que además algunas de las obras sobre las que se ha dictado orden de paralización han proseguido, por lo que esta organización cree imprescindible un seguimiento de las mismas y sobre todo la demolición de lo construido ilegalmente. En este sentido, confían en una actuación conforme a la Ley por parte de los tribunales. Además, recuerdan que se pueden imponer fuertes sanciones administrativas como las que contempla la legislación, de oscilan entre 150.000 y 600.000 euros.
Además, Ecologistas Extremadura subraya que lo denunciado hasta ahora es sólo un pequeño porcentaje de lo existente, y que ya se encuentra en proceso de preparar nuevas denuncias. Por eso espera que otros ayuntamientos de la región se tomen en serio esta problemática tan extendida.
Fuente: Extremadura 24 horas y Ecologistas de Extremadura.
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