Procesados trece supuestos miembros de ETA y las FARC
En el día de ayer, El juez de la Audiencia Nacional Eloy Velasco procesó a seis supuestos miembros de ETA y a otros siete supuestos miembros de las FARC bajo diversas acusaciones, entre ellas la de colaboración con banda armada, tenencia de explosivos en colaboración con banda armada y conspiración para cometer homicidios terroristas.
Supuestamente, los acusados habrían llevado a cabo una serie de contactos entre la organización armada vasca y la colombiana, a objeto de profundizar las relaciones entre ambas, y con el resultado de una serie de intercambios de apoyo mutuo que se habrían traducido en la asistencia de algunos miembros de ETA a varios cursillos para el aprendizaje en materia de uso de explosivos, así como en un acuerdo para la colaboración en la elaboración de atentados contra destacados dirigentes colombianos en tierras españolas, entre ellos el actual Presidente Álvaro Uribe y el ex Presidente Andrés Pastrana.
El Juez Velasco fundamenta sus acusaciones en una serie de documentos aparecidos en la tristemente famosa “supercomputadora” de Raúl Reyes, así como en los testimonios de varios arrepentidos de las FARC, y las informaciones recogidas en los diversos atestados levantados por las policías española y colombiana en relación a investigaciones sobre la actividad armada de ETA y las FARC. Tres fuentes de los más fidedignas, objetivas e imparciales, como se puede comprobar.
El Juéz Velasco "acusa" al gobierno Venezolano de colaborar con ETA y las FARC
Sin embargo, más allá del procesamiento de estos supuestos militantes de ETA y las FARC, la noticia bomba saltó al conocerse que el Juez Velasco recogía en el auto de procesamiento una supuesta colaboración del gobierno venezolano de Hugo Chávez con estas dos organizaciones armadas. “Obran diligencias en este procedimiento que ponen de manifiesto la cooperación gubernamental venezolana en la ilícita colaboración entre las FARC y la ETA”, dice hasta por dos veces el Juez Velasco en su auto.
Sabíamos hasta ahora que la doctrina del “Todo es ETA” era un recurso habitual de la Audiencia Nacional española para cuando hacía falta atacar, perseguir, castigar y condenar a toda aquella muestra de disidencia política en el Estado que no se pliegue a los intereses políticos y económicos del mismo, así como de sus amos en la sombra. Lo que no podíamos llegar a imaginar es que tal doctrina pudiese saltar el Océano Atlántico con toda facilidad. Sin embargo, ha bastado una opinión personal de un Juez español para que tal doctrina haya dado el salto desde las catacumbas del Estado Español a América Latina: Ahora Chávez también es sospechoso de ser un miembro más de la banda armada vasca, y con él todos y cada uno de los miembros de su gobierno.
Todo ello a consecuencia de que uno de los acusados, Arturo Cubillas Fontán, considerado por el Juez Velasco “responsable del colectivo de ETA en Venezuela”, fue nombrado en 2005 director adscrito a la Oficina de Administración y Servicios del Ministerio de Agricultura y Tierras de Venezuela, un cargo de extrema importancia, como se pueden imaginar, dentro de la estructura política e institucional venezolana. Cubillas reside en el país venezolano desde el mes de mayo de 1989, producto de los acuerdos alcanzados por los entonces presidentes de ambos países, Carlos Andrés Pérez y Felipe González, y actualmente poseé la nacionalidad venezolana.
Apoyado en tan contundente dato, el desempeño de un cargo público en el país de uno de los procesados, el nuevo Juez estrella de la Audiencia Nacional ha considerado que existen motivos para afirmar en su auto procesal lo anteriormente mencionado, ni más ni menos que la supuesta colaboración del Gobierno de Venezuela con ETA y las FARC.
No obstante, hemos de decir que el auto no recoge una sola acusación legal por este motivo en contra de Hugo Chávez o cualquier otro responsable legal de las actuaciones del actual gobierno venezolano. No deja de ser sorprendente este hecho, ya que asegurar en un auto procesal que existen sospechas de la colaboración del gobierno venezolano con ETA y las FARC y no abrir las oportunas medidas legales para procesar a los responsables de tan grave delito, seguramente no sea lo que se espera del funcionamiento de un órgano judicial de la importancia de la Audiencia Nacional.
Lo normal hubiese sido que si el Juez Velasco tiene realmente en su conocimiento prueba alguna que pueda fundamentar su afirmación, Hugo Chávez, o cualquier otro responsable legal del actual gobierno venezolano, hubiese pasado a ser uno más de los acusados por algunas de las imputaciones legales hechas contra los procesados en el auto. No ha sido así.
"Acusación" sin pruebas
Debemos dar por hecho, por tanto, que el Juez Velasco carece de cualquier tipo de prueba que pueda servir para fundamentar sus afirmaciones personales a tal punto de convertirlas en una acusación oficial, una acusación que a su vez pudiera servir para llevar a Hugo Chávez, o cualquier otro responsable legal de las acciones del actual gobierno venezolano, ante la Justicia Española, acusados de colaborar con banda armada.
Otra razón que no sea la mencionada, no sería entendible de ninguna manera, salvo que el Juez Velasco haya decidido voluntariamente no procesar a los acusados por un supuesto delito de tal gravedad, del que además se tienen pruebas y fundamentos legales como para poner en marcha los mecanismos judiciales habituales. Esto sería en sí mismo un delito del señor Juez, y no queremos aquí pensar que el señor juez es un delincuente.
Tal vez nos encontramos, por tanto, ante la primera vez en la historia judicial internacional, en la que un Juez competente acusa a un Gobierno de colaborar con banda armada en un auto procesal y no abre procedimiento penal alguno por ello. Habría que buscar en los archivos internacionales para ver si encontramos una situación similar. No nos podemos imaginar a un Juez de los EEUU afirmando en un auto procesal que un determinado gobierno ha colaborado con Al Qaeda, sin que ello tenga consecuencia procesal alguna para los supuestos responsable del cometimiento de tal delito. Estas cosas solo pueden pasar en España, son cosas típicas de España.
Todo un síntoma, sin duda, del grado de esperpento al que han llegado la Audiencia Nacional española y su doctrina del “Todo es ETA”, ahora también válida para ser aplicada con los gobiernos de América Latina que no son del agrado personal de un determinado juez, aunque este caso únicamente para que se haga un juicio mediático al Gobierno Venezolano, y no para que se abran procesos judiciales reales como es habitual cuando tal doctrina es aplicada en el marco territorial del Estado Español.
Respuesta del gobierno venezolano
Por su parte, el presidente de Venezuela, Hugo Chávez, ha calificado de "rezagos de un pasado colonial" las afirmaciones recogidas en el auto del juez de la Audiencia Nacional española Eloy Velasco. "Eso son restos todavía, tristes restos, de las antiguas cadenas que algunos quisieran colgarnos de nuevo aquí al cuello, pero nosotros somos libres", afirmó el mandatario venezolano a un grupo de periodistas en el puerto montevideano.
Igualmente, en la tarde de ayer el Gobierno venezolano emitió un comunicado oficial en el que catalogaba las afirmaciones del Juéz Velasco como "tendenciosas" e "inaceptables". La nota del Ejecutivo venezolano sostiene que en el auto del juez español "se hacen señalamientos inaceptables, de naturaleza y motivación política sobre el Gobierno venezolano".
El comunicado critica también que "el juez se tome la molestia de referirse reiteradamente y de manera irrespetuosa a Chávez, haciendo señalamientos tan tendenciosos como infundados acerca del Gobierno bolivariano", así como acaba recordando que la supercomputadora de Raul Reyes no tiene credibilidad alguna a la hora de ser usada como prueba para acusación legal de ningún tipo: "es una desgastada farsa", concluye.
A continuación el comunicado de la Cancillería:
República Bolivariana de Venezuela
Ministerio del Poder Popular para Relaciones Exteriores
Comunicado
El Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela tuvo conocimiento, por vía de prensa, del auto de procesamiento emitido por un juez español, en el cual se hacen señalamientos inaceptables, de naturaleza y motivación política, sobre el gobierno venezolano.
En el mencionado auto se hace referencia a un ciudadano que reside en Venezuela desde el mes de mayo de 1989, como producto de los acuerdos entonces alcanzados por Carlos Andrés Pérez y Felipe González. Sorprende que en ningún momento se menciona el nombre de los autores de este acuerdo, mientras que el juez se toma la molestia de referirse reiteradamente y de manera irrespetuosa al Presidente de los venezolanos, Hugo Chávez, haciendo señalamientos tan tendenciosos como infundados acerca del gobierno bolivariano.
La totalidad de los cuestionamientos formulados por este juez son producto de la utilización de archivos contenidos en el computador supuestamente incautado a Raúl Reyes durante la operación militar que implicó el bombardeo ilegal del territorio ecuatoriano y durante la cual fueron masacradas decenas de personas. Resulta también sorprendente que el juez resucite la desgastada farsa del computador, que ya ha pasado a formar parte del folklore político colombiano.
El Canciller de la República Bolivariana de Venezuela, en comunicación con el Canciller del Reino de España, recordó el acuerdo de 1989 producto del cual el ciudadano en cuestión reside en Venezuela a petición del Estado español, repudió los señalamientos infames de este juez español y reiteró el profundo apego a los valores democráticos y humanistas que caracteriza al gobierno bolivariano de Venezuela. Pueden leer también el auto del Juez Eloy Velasco descargando el archivo adjunto a esta noticia.
Pedro Antonio Honrubia Hurtado, para Kaosenlared.
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