Declaración del POR sobre la aplicación de la nueva Ley de Aborto.
¡DERECHO A DECIDIR DE LAS MUJERES!
¡BASTA DE TUTELAJE! ¡BASTA DE CACICADAS!
La Ley de 3 de marzo de 2010 de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo, aprobada en el Congreso y que ha entrado en vigor el 5 de julio, ha nacido muy limitada, despenalizando el aborto, eso sí, pero sin atender algunas de las principales propuestas y reivindicaciones de las organizaciones feministas y de mujeres por las que se viene luchando desde hace más de 30 años. Los Decretos aprobados posteriormente, por el gobierno, para articular la aplicación de la ley, limitan y restringen aún más el propio contenido de ésta.
La Ley regula: La interrupción del embarazo hasta las 14 semanas, libremente., siempre después de haber sido informada la mujer sobre derechos, prestaciones y ayudas públicas a la maternidad y que hayan transcurrido al menos tres días desde que la mujer haya recibido esta información. (art. 14)
Excepcionalmente, hasta las 22 semanas de gestación siempre que exista grave riesgo para la vida o la salud de la embarazada y conste en dictamen emitido con anterioridad a la intervención por medico/a especialista distinto del que practica o dirija. También si hay riego de anomalías fetales o malformaciones en el feto, siempre con dictamen previo emitido y confirmado por un comité clínico.(Art. 15).
En el caso de las mujeres jóvenes de 16 y 17 años, si bien la decisión les corresponde exclusivamente a ellas, tienen que haber informado/a uno de sus representantes legales.
Fuera de esto, no hay nada. No se contempla ninguna situación más allá de las 22 semanas de gestación.
Hay diversos problemas. El más de fondo, que se trata de una ley tutelada, que no respeta el derecho de la mujer a decidir. Existe el tutelaje durante todo el proceso, siempre estando la mujer en manos de terceros: después de las 14 semanas, dificultades para acceder a la red de la sanidad pública, insumisión del personal, los sobres informativos promocionando la maternidad, los 3 días para reflexión, … Y los Decretos, aprobados por el gobierno, son un desastre. En lugar de dar aire a la Ley, la encogen, restringen los mínimos derechos reconocidos en la ley, dificultan el trabajo de los y las profesionales, mantienen ambigüedades jurídicas y refuerzan el tutelaje, lesionando los derechos de autonomía de las mujeres de 16 y 17 años, con la obligación de ir acompañadas de un familiar.
De nada le ha servido al PSOE presentar una Ley limitada y cepillarla aun después con los Decretos, como una concesión a la derecha, creyendo, acaso, que así la acallarían. Está claro que la derecha, el PP y la iglesia católica no se detienen en su plan de erosión y ataque a los derechos de la mujer.
El PP, el gobierno de Navarra y varias organizaciones de derechas han recurrido la Ley ante el Tribunal Constitucional una semana antes de su entrada en vigor. Esta nueva cacicada del PP ha encontrado en el Tribunal Constitucional su aliado, para restringir el derecho a decidir de las mujeres.
La dirección nacional del PP ha recurrido 9 artículos, que corresponden básicamente a cuatro preceptos: 1. derecho de aborto hasta las 14 semanas; 2. excepcionalmente hasta las 22 semanas; 3. derecho de las mujeres jóvenes); 4. que se practiquen a través de la sanidad pública. El gobierno de Navarra ha impugnado la disposición que obliga a las autoridades sanitarias competentes garantizar la prestación en la red sanitaria pública, o vinculada a la misma, en la Comunidad Autónoma de residencia de la mujer embarazada, siempre que así ella lo solicite.
Algunas comunidades autónomas se han apuntado corriendo a entorpecer, limitar o anular los derechos de las mujeres: En Murcia, han dicho que no aplicarán la Ley hasta que el Tribunal Constitucional no resuelva los recursos. En Navarra, ningún centro de salud practicaba interrupciones. Todo el personal sanitario está declarado objetor, derivaban las mujeres a otras comunidades. Comunidad Valenciana, acuerdan adjuntar más material disuasorio en los sobres informativos sobre la interrupción del embarazo. Galicia, no van a ofrecer información concreta a las mujeres.
La Ley señala que la prestación (interrupción voluntaria del embarazo) estará incluida en la cartera de servicios comunes del Sistema Nacional de Salud, porque mujeres necesitan poder ejercer su derecho con dignidad, confidencialidad, respeto, calidad e igualdad, en el marco de la red de la sanidad pública.
Pero no es así como se está decidiendo en la Comunidad de Madrid, donde se impone un enrevesado y largo peregrinaje si la interrupción se pretende realizar en la sanidad pública.
¿Y en Cataluña? El Departament de Salut de la Generalitat, dirigido por Marina Geli del PSC, ha aprobado un nefasto protocolo que no facilita el acceso de las mujeres a una interrupción del embarazo segura y de calidad, perpetuando las desigualdades y que obliga a las mujeres a pagar la intervención por adelantado y a esperar la devolución, a caso, en función de situaciones y de sus recursos,..
Las asociaciones de profesionales, de mujeres y la Campaña por el derecho al aborto libre y gratuito, muy activas en la defensa de los derechos de la mujer, que no han sido consultadas en la elaboración del protocolo catalán, exigen que la aplicación del texto legislativo en Cataluña garantice el derecho de la mujer a acceder a la interrupción voluntaria del embarazo asegurando la máxima seguridad, calidad e igualdad.
En conclusión, no queremos que se paralice la Ley, queremos que vaya más allá. Que responda a las necesidades reales de las mujeres. Que el gobierno rectifique los Decretos con indicaciones que den seguridad jurídica y social a las mujeres y que contemplen y también den pautas para la primera parte de la Ley: la salud sexual y reproductiva.
¡No bajar la guardia! ¡A revelarse toca, de nuevo!
Hay que continuar exigiendo, bien alto y fuerte
¡Basta de tutelaje!
¡Ningún paso atrás en los derechos de las mujeres!
¡Derecho de aborto, libre y gratuito!
Partido Obrero Revolucionario – POR
14 de julio de 2010.
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