IRUÑEA
Rafael Vera, condenado por guerra sucia (secuestro de Marey) y corrupción (apropiación de fondos reservados) a penas que sumaban diecisiete años de prisión, es un inmejorable ejemplo de la política aplicada por los gobiernos españoles a este tipo de presos. Vera ha entrado en prisión cuatro veces y las cuatro ha salido de ella con enorme celeridad, aunque eso sí, por diferentes vías.
La primera fue en 1995. Sobre el que fuera mano derecha de José Barrionuevo y su sucesor, José Luis Corcuera, pesaban fuertes acusaciones, pero la prisión preventiva apenas se prolongó durante cinco meses;pudo esquivarla con una fianza de 200 millones de pesetas, y su partido, el PSOE, se encargó de aportar el aval.
Ya condenado por el secuestro de Segundo Marey, en setiembre de 1998 Vera volvió a entrar en prisión junto a José Barrionuevo, jaleados por sus compañeros del PSOE con Felipe González a la cabeza. Esta vez estuvo entre rejas sólo tres meses, en los que les dio tiempo a posar ante el ‘‘Guernica’’ que habían pintado en uno de los muros queriendo unir su figura a la de las víctimas del bombardeo franquista. Salió para Nochebuena, gracias a un indulto parcial del Gobierno del PP.
En 2001, sin embargo, el Tri- bunal Constitucional les denegó el amparo y el Supremo decidió que nueve condenados tenían que retornar a prisión a cumplir la escasa parte de la pena que Aznar no había condonado. Esta vez fue un visto y no visto: y es que el mismo día se les concedió el régimen abierto.
La última estancia en prisión ha sido más larga. Vera ingresó en febrero de 2005 tras la condena de siete años impuesta por llevarse casi cuatro millones de euros de la caja. Sus amigos y colaboradores insinuaron que haría una huelga de hambre para forzar su libertad. No le ha hecho falta. Enseguida se agilizó el régimen de prisión. Primero se le permitió salir cuatro días a la semana, luego cinco, y ahora ya tiene el tercer grado. Está claro que no volverá a pisar la cárcel.
Para diversos partidos, esta medida supone claramente un pago por su silencio. Vera, por contra, se declara perjudicado en relación a otros condenados por estos hechos. Y no le faltan datos objetivos para argumentarlo: ha pasado en prisión dos años y dos meses (aunque sin dormir allí todas las noches), el 15% de las dos condenas iniciales, cuando el resto nunca ha agotado el 10% del tiempo de prisión aplicado.
Curiosamente, en la condena por la guerra sucia hubo mejor trato para Rafael Vera que en la de la corrupción. De la primera cubrió apenas un 8,5%; de la segunda, ha purgado entre rejas un 20%.
Los políticos del PSOE
Por el secuestro de Segundo Marey, el Tribunal Supremo español impuso a doce acusados (políticos y policías), un total de 88 años y diez meses de prisión. Si Vera cumplió ocho meses de los diez años previos al indulto, Julián Sancristóbal ex secretario de Estado para la Seguridad pasó encarcelado apenas un año, sumando además su estancia por presunta implicación en otra acción de guerra sucia, el atentado mortal contra Santi Brouard en 1984.
El de Sancristóbal es otro caso de prisión a plazos, siempre reducidos. Entró en diciembre de 1994 con el estallido de estos casos (fue prácticamente el primero), pero salió con fianza en agosto de 1995. Volvió con Vera y el resto en setiembre de 1998 aunque en otra prisión, pero tres meses después llegó el indulto. En marzo de 1999 le ordenaron otra vez hacer el petate por el «caso Brouard», si bien cuatro meses después estaba en la calle con fianza. Y el 30 de mayo de 2001, finalmente, acudió junto al resto para conocer que no debería pasar ni una noche en la cárcel. Total: cuatro excarcelaciones, quince meses.
El otro gran responsable político al que se castigó por el secuestro de Marey es Ricardo García Damborenea, ex secretario general del PSE en Bizkaia. Pisó la prisión en febrero de 1995, pero dos meses después estaba libre con fianza. Aunque poco más tarde reconoció ante el juez Baltasar Garzón su implicación, no se le volvió a encarcelar hasta después del juicio. Y entonces no pasó siquiera de tres meses. El Gobierno del PP, para el que ya entonces había pedido el voto, le dejó la condena de siete años en dos años y tres meses.
Con todo, el mejor parado en proporción fue su colega guipuzcoano Julen Elgorriaga. Al ex gobernador civil y ex delegado del Gobierno le aplicó la Audiencia Nacional 71 años de cárcel por el secuestro y muerte de Joxean Lasa y Joxi Zabala, y el Supremo lo elevó luego hasta los 75. Pero no ha pasado en prisión ni dos años, menos del 3%. Estuvo como preventivo entre junio de 1996 y enero de 1998, y ya tras la sentencia, sólo entre el 9 de mayo y el 23 de julio de 2001.
La jaula de oro de Galindo
Tampoco ha llegado ni de lejos al 10% el ex jefe de Intxaurrondo Enrique Rodríguez Galindo. Los 75 años de cárcel escritos en la sentencia se han quedado en poco más de cuatro en la práctica. De hecho, hasta que se sentó en el banquillo de la Audiencia Nacional el general sólo pasó entre rejas 72 días: del 23 de mayo al 2 de agosto de 1996. Pese a las decenas de años de petición fiscal en su contra, llegó al juicio a pie y no en furgón, lo mismo que Elgorriaga o el teniente Angel Vaquero. Sólo los dos guardias civiles de base, Enrique Dorado Villalobos y Felipe Bayo Leal, estaban encarcelados.
Pese a la contundencia del fallo judicial y las poses de Galindo, se auguraba que no pasaría mucho tiempo en prisión. Tras una campaña en favor del indulto que no terminó de prosperar, finalmente la excarcelación le llegó vía libertad condicional basada en motivos de salud. Desde el 1 de octubre de 2004 Galindo está en la calle. Había ingresado en prisión en mayo del año 2000.
Galindo repartió este tiempo entre la prisión militar de Alcalá y la civil de Ocaña, a la que no fue trasladado hasta julio de 2003, tiempo después de haber sido desposeído de la condición de militar y tras una intensa resistencia por su parte. Quizás por eso, según informaron luego diversos medios, en Ocaña tanto él como el también condenado ex teniente Vaquero dispusieron de un módulo con diez celdas vacías en las que al parecer pudieron instalar televisión, ordenador y hasta un pequeño gimnasio. Se asegura además que se les permitía comprar comida fuera de la prisión. Y Galindo siguió recibiendo visitas insignes, como la de dos ex ministros Corcuera y Barrionuevo en la tarde del 11-M.
PP y PSOE, tal para cual
Aunque el PP hiciera bandera de la cuestión de la guerra sucia para llegar a La Moncloa en 1996, tardó muy poco en mostrar que no estaba dispuesto a que sus responsables pagaran por ello. Si el PSOE había abonado fianzas y respaldado a los condenados por secuestros hasta las puertas de la prisión, el PP hizo más: concedió un indulto parcial por el «caso Marey», el 23 de diciembre de 1998, que es el factor principal que explica que nadie haya llegado al 10% de cumplimiento.
La entonces ministra de Justicia, Margarita Mariscal de Gante, tuvo un gesto de sinceridad aquel día al admitir que «nunca en la historia judicial española se había tramitado un indulto con tal celeridad». Y un portavoz del PP instó al PSOE a reconocer esta circunstancia porque «es de bien nacidos ser agradecidos».
Cuando el indulto no llegó o no bastaba, los condenados por guerra sucia no han encontrado en la legislación mayor problema para acceder a la libertad. Elgorriaga, Vera y Galindo la recobraron con un mismo motivo: problemas de salud.
El caso del ex gobernador civil de Gipuzkoa fue fulminante. Ni siquiera hubo críticas de partidos cuando, recién encarcelado tras la condena, se anunció que se le había concedido un «tratamiento extrapenitenciario por grave enfermedad», al parecer coronaria. Fue en octubre de 2004, y de Elgorriaga no se ha vuelto a oír hablar.
Rodríguez Galindo alegó problemas cardiovasculares, y la responsable de Instituciones Penitenciarias hizo el resto. Mercedes Gallizo lanzó una extensa excusatio non petita cuando el ex general quedó libre: «No tiene un problema circunstancial, sino algo que podría agravarse de manera considerable en prisión. Mantiene además el segundo grado y está bajo custodia del Estado. La Junta de Tratamiento de Ocaña ya había recomendado meses antes esta medida, pero yo no la acepté. Hay que tener una consideración humanitaria con las personas privadas de libertad».
En el caso de Vera, ha sido una depresión que, al parecer, afectó también a su mujer. El motivo hecho público por la Audiencia de Madrid era el aislamiento impuesto «debido al alto cargo que ocupó». El auto emitido en el mes de junio, cuando se le permitió ya salir a la calle cinco días a la semana, indicaba que «pensar que este es un tercer grado disimulado sería un mal pensamiento». Ahora sí que lo tiene de forma oficial.
