Emplean los politólogos una expresión para referirse a un tipo de régimen que, teniendo un diseño constitucional homologable como democrático, adolece de vicios que le impiden establecerse como tal : grupos de presión influyentes, medios de comunicación que condicionan la deliberación, fuerzas armadas y policiales que violan el Estado de derecho, magistrados que lo toleran, etc. La expresión en cuestión, ‘democracia defectuosa’ (defective democracy), fue pensada para comprender los límites de la consolidación democrática más allá de la transición e instauración de un régimen. Aunque el caso español no es comparable a otros que son las encarnaciones empíricas de estas democracias defectuosas, hace años que se observa un desplazamiento en esa dirección. Pocos asuntos expresan mejor este problema que la que ha sido aquí la principal fisura constitucional : la organización territorial del Estado y la política de reconocimiento nacional ; ningún ejemplo más claro que el caso vasco.
En primer lugar, porque contrariamente a la mitificación de la Transición como un acuerdo cuasi perfecto entre élites, ampliamente refrendado por una aplastante mayoría social, el caso vasco cuestiona este momento fundacional para revelar el lado más sórdido del régimen. Lo hizo en los ‘80 cuando desveló el terrorismo de Estado de los GAL y volvió a hacerlo en los ‘90 cuando los dispositivos de control trasladaron su centro de gravedad de Intxaurrondo y Moncloa a la Audiencia Nacional y los medios de comunicación ; lo sigue demostrando en la actualidad con la ilegalización de medios de comunicación y organizaciones políticas o la privación de derechos a ciudadanos vascos bajo un discurso jurídico que habla un lenguaje tan cuestionable en términos democráticos como lo es el de la “contaminación” (caso de la ilegalización total o parcial de listas) o el “equivalente funcional” (así, ahora, la ilegalización del PCTV o ANV).
La fundamentación de la jurisprudencia en hipótesis incompatibles con la presunción de inocencia (“todo el entorno es ETA”) o la acumulación de penas para su sucesivo cumplimiento a la manera de la Doctrina Parot son indicadores que habrían de escandalizar a la opinión de una democracia consolidada en lugar de ser azuzados por los medios. 30 años después de la instauración de este régimen, la anomalía vasca demuestra una persistente resistencia, a pesar de las mutaciones experimentadas. Lo más preocupante es la inmovilidad de los actores políticos y el ambiente mediático de satisfacción con una situación de vuelta a una “normalidad” capaz de conseguir la unanimidad de los partidos bajo la consigna del “creemos en la libertad y en la democracia consagradas en la Constitución”.
Detrás de este consenso encontramos una doble clave a considerar si queremos comprender posibles desarrollos : por una parte, la unanimidad de la clase política frente a la muerte refleja una mutación de la soberanía acorde al paso de las sociedades disciplinarias a las sociedades de control (el caso de De Juana marca aquí, a la manera de un agambeniano homo sacer, la imposibilidad de aceptar la muerte ni la libertad del enemigo a fin de asegurar el orden político) ; por otra, el agotamiento de una Constitución formal, la de 1978, y su régimen político, incapaz de producir los espacios de disenso pluralista y reconocimiento necesarios para una solución negociada. Así las cosas, no parece que de aquí a un futuro inmediato se vaya a invertir la tendencia.
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