En esta semana, la asamblea de diputados ha vuelto a romper el quórum de sus sesiones para evitar considerar el proyecto de ley conducente a la devolución de seis (6) partidas del décimo tercer mes adeudadas a los empleados públicos entre 1989 y 1991, lo que permite presagiar idéntica suerte para el proyecto de ley de indexación salarial, que postula aumentar sueldos automáticamente se incrementa el costo de la vida.
También en esta semana, el coordinador de CONATO ha presentado una propuesta a la asamblea para incrementar en 100 balboas el salario de aquellos que devengan hasta 400, basándose en el hecho escandaloso que ese es el estatus de cerca del 73% de la fuerza laboral, tanto en el sector público como en la empresa privada. Desde la Coordinadora impulsada por FRENADESO también se han presentado propuestas de incremento salarial y congelación de precios.
Todas esas demandas están destinadas a caer en saco roto. Las primeras, por no apoyarse en una convocatoria seria a la movilización social, la segunda por no alcanzar la participación necesaria en sus iniciativas para quebrar la tozudez gubernamental. Pero esas propuestas revelan a las claras las preferencias gubernamentales del lado de los poderes económicos.
Veamos el caso del combustible. En tanto gobierno adscrito a la tesis neoliberal de que los precios se establecen por el “libre” juego del mercado, propugna una negativa fundamentalista al control de los mismos. Ante la reacción que provocó el anuncio gubernamental de incrementar el precio del combustible, mientras el mismo tenía una importante y sostenida rebaja en donde las compañías lo adquieren, el gobierno se vio obligado a darmarcha atrás y establecer un control de precios… por escasos quince (15) días.
Eso sí, para llevar a cabo esa medida, asalta el bolsillo de todos(as) los(as) panameños(as), para efecto de regalarle a esas compañías que especulan con el precio, seis (6) millones para que mantengan durante ese período su “margen” de ganancias.
Siguiendo el ideario neoliberal, el gobierno ni siquiera evalúa la posibilidad de ser quien compre el combustible, lo almacene en los tanques que el Estado tiene concesionados a esas empresas -contratos que pueden ser suspendidos por razones de necesidad pública- y lo ofrezca a los (as) usuarios(as). Es decir, asumir una medida de protección al consumidor, que inmediatamente implicaría una rebaja de no menos de un (1) balboa en el precio actual.
Nada más lejos de la pretensión gubernamental, actitud coincidente con el argumento de fondo de la empresa privada para negarse a que el Estado decrete un aumento salarial, pues en el neoliberalismo el Estado no interviene… salvo cuando se trata de beneficiar a las grandes corporaciones.
Allí está lo sucedido en los propios Estados Unidos. La banca procedió a dar prestamos subprime, es decir, prestaban aunque el cliente no tuviera todas las condiciones requeridas, eso sí, cobrando intereses y letras tan especialmente elevados, que llevaron a cinco (5) millones de estadounidenses a perder sus casas adquiridas con tales prestamos.
La grave crisis desatada ha llevado al gobierno de ese país, enemigo mortal de la intervención estatal, ha hacerlo, pero para salvara las mismas corporaciones que se han quedado con las casas de esos ciudadanos. Así les ha entregado a esas compañías, para que ellas mantengan sus utilidades, la inédita suma de setecientos mil millones de dólares. En cambio, ni un centavo destinó a quienes les quitaban sus casas, así son de equilibradas las decisiones de quienes invocan las razones del mercado. El abandono estatal con respecto de los reclamos de quienes se vieron afectados en Prados del Este en Panamá, es una muestra local parecida a la situación enunciada.
Para impulsar propuestas como la aquí reseñada para efecto de una inmediata rebaja del combustible, hace falta levantar un movimiento ciudadano incluyente, que permita concitar la necesaria participación de las mayorías afectadas, única manera de que se pueda tener la fuerza que quiebre la lógica perversa de la partidocracia neoliberal.
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