Hacia el socialismo en diálogo democrático con el pueblo
Cuando se habla de diálogo interno en Cuba no es indiferente quiénes son los sujetos del diálogo y qué se identifica como objeto de diálogo. En ese sentido, no es casual que estemos asistiendo a una otra prueba de contaminación ideológica de las relaciones sociopolíticas internas en Cuba.
La inducción que los EEUU hacen de la conducta política interna del Partido-gobierno cubano, ha conducido históricamente al enrarecimiento de las relaciones sociopolíticas en la sociedad cubana. Si la política injerencista de los EEUU en el esfuerzo de fomentar una oposición ideológica en Cuba pro-norteamericana -dictando la agenda y sustentando financieramente los variopintos “proyectos” de dichos grupos - contraviene abiertamente el orden jurídico y político cubano, la reacción del Partido-gobierno de Cuba tiende a satisfacer los objetivos puntuales y estratégicos de la injerencia.
El problema conocido como «los 75», grupo de opositores cubanos financiados en su labor política por el Gobierno de los EEUU, juzgados y condenados por ello (2003), deviene una cuestión de incidencia crítica en la compleja situación política cubana. Lo que para Cuba se considera un acto legal de legítima defensa contra la injerencia de otro estado en sus asuntos internos, se convierte en un problema político desestabilizador hacia el seno del estado cubano. ¿Habrían resultado contraproducentemente excesivas las condenas a los acusados por los delitos cometidos?[1]. En consonancia con dicho cuestionamiento importa observar: ¿garantiza la independencia del poder jurídico el equilibrio procesal en Cuba?. Es decir, ¿podrían haber sido las instancias de apelaciones jurídicas en Cuba garantes de que el fondo político del problema juzgado no desequilibrara el juicio comedido, evitando oportunamente hacerle así el juego a los objetivos injerencistas?
Desde el punto de vista político, empero, el problema adquiere el significado de razón de estado-nación. Asumiendo que las condenas establecidas al grupo de «los 75» no pecaran de exceso en el enjuiciamiento de los agravantes del caso - según el estado cubano: actividad política con financiamiento de un gobierno extranjero -, la intención del conflicto político al que llevan los EEUU, en su demostrado empeño de subversión contra el estado cubano, exige reacciones que no refuercen los objetivos del estado agresor. En tal sentido, es importante observar las contradicciones políticas del Partido-gobierno cubano en el tratamiento político “desactivador” de la injerencia extranjera.
En los albores de la campaña presidencial y a raíz del triunfo de Barack Obama en la contienda por la presidencia de los EEUU, se presentaban condiciones políticas que exponían la oportunidad histórica para que Cuba tomara la iniciativa que condicionara de ante mano los posicionamientos de la nueva administración con respecto al estado cubano. Muy pocas veces el «juego de la alta política» ha estado a favor del protagonismo de la diplomacia revolucionaria con la que Cuba podía romper el círculo viciado de plaza sitiada que le vienen imponiendo los EEUU. Es lo que con sumo detenimiento se expone en los trabajos “CUBA & EEUU: las dos caras del cambio necesario” (RCA, nov. 2008)[2], y sin cuya relectura no se podrá entender plenamente la presente exégesis. Los acontecimientos políticos desde 2008 hasta hoy reafirman las certezas de los análisis expuestos.
Orquestada con pasión de alquimistas, la campaña mediática política contra Cuba de la que seguimos siendo testigos, desatada por los centros oligárquicos de la política y las finanzas de los EEUU y España, ha sido llevada a extremos de características fascistoides. No es en absoluto ingenuo el espíritu de Goebbels presente en la misma. La modalidad de captación de mártires, sin o con madera para ello, capaces de auto sacrificar sus vidas en nombre de una oposición ideológica frontal al orden sociopolítico y económico cubano, introduce un monte de espinas en el escenario político interno con el cual no contaba la ortodoxia del pensamiento del Partido-gobierno cubano. Si los comandos de la reacción interna y externa que han secundado el extremo de la auto violentación de la vida, expresan el grado de determinación ideológica de la guerra contra el proyecto socialista cubano; la muerte por huelga de hambre de un ciudadano cubano (O.Zapata), inducida en difusa solidaridad con la causa de «los 75», más allá de la tragedia personal y familiar y la discusión sobre la legitimidad del expediente político oposicionista de dicho ciudadano, expone un grado de vulnerabilidad del sistema sociopolítico cubano directamente proporcional al distanciamiento político entre estado y sociedad.
La rentabilización política de dicha muerte, en el sentido de que no haya sido en vano para la causa que se defiende, apunta ahora a la decisión de sacrificar la vida de un otro ciudadano en prolongada huelga de hambre (médicamente paliada en acuerdo con el huelguista)[3] por la misma causa. El hecho de que tal escenario imprima el tono a la reacción política del Partido-gobierno en relación con el problema que constituyen los presos por causas políticas en Cuba, devela un otro problema de fondo meridiano. Si en realidad no son presos de conciencia, sino presos que contravienen el orden legal establecido en aras de las ideas políticas que como oposición ideológica enarbolan contra el Estado y el Gobierno cubano, entonces la búsqueda por el Partido-gobierno de algún tipo de «diálogo mediador» en la solución del conflicto enfrenta el sistema político con más nadie que consigo mismo. Es decir, con las contradicciones propias del sistema político estadocrático. Si, por el contrario, asumimos que el problema refleja realmente un conflicto sociopolítico interno, el único sujeto de diálogo en la solución del conflicto habría de ser el pueblo cubano. Sin embargo, cuando el Partido-gobierno recurre a la utilización de los presos por causas políticas como “moneda de cambio” en la mediación de su propia política con las políticas de hostilidad externa contra Cuba, lo que se pone de manifiesto es la debilidad política y moral del «estado de derecho» cubano. Liberar a discreción del Partido-gobierno, según acuerdos políticos con gobiernos extranjeros (ha sucedido así en reiteradas ocasiones), a presos condenados en causas políticas por el estado cubano, puede ser práctica de la política en las relaciones internacionales viciadas del mundo capitalista, pero ello en nada tira un manto a las contradicciones de principio que aquejan al sistema sociopolítico cubano.
El cuestionamiento revolucionario de la democracia en Cuba se sostiene en la crítica que emparenta la democracia cubana con la democracia burguesa, haciendo hincapíé en las premisas que en principio la debieran diferenciar. En Cuba los presupuestos de participación política y democracia no cristalizan a favor del empoderamiento socio-económico de todo el pueblo cubano. El distanciamiento político entre estado y sociedad es por ello objetivo. Desde dicha perspectiva la lucha contra el orden estadocrático propio de la formación socioeconómica cubana no es monopolio de la oposición ideológica contra el socialismo. El compromiso por el socialismo enfrenta al estado también con las corrientes revolucionarias dentro de Cuba. De manera suscinta, la contradicción se expresa en los siguientes términos: “El disenso de la oposición ideológica tiene un caldo de cultivo legítimo, no porque dicha oposición abogue por la apropiación por todos de los factores de producción, sino porque se opone a la apropiación estatal de dichos factores. En ese punto la disidencia revolucionaria converge con la oposición ideológica y desde ese mismo momento sus caminos se separan. La trayectoria de la oposición ideológica apunta hacia el reino de la propiedad privada sobre los medios de producción. El camino de la disidencia revolucionaria comprometida con el socialismo se enrumba hacia la plena socialización de los factores de producción”[4]. En efecto, no existe escapatoria subjetivista ante el problema de fondo de las contradicciones que desestabilizan el orden sociopolítico interno cubano.
En consecuencia, la fricción interna dada por el problema de los presos por causas políticas, constituye un asunto que se ubica en el campo de los llamados «objetos de atención supletoria». El problema, habiendo sido inducido por los EEUU en el campo fértil de las contradicciones internas, exige ser desactivado según los intereses de fondo del pueblo y del estado-nación cubano. Es decir, según la retroalimentación dialéctica entre las decisiones conceptuales y estructurales que ameritan ser tomadas en el reordenamiento de la situación interna, de la realidad socioeconómica y de la renovación cualitativa de la participación sociopolítica.
De acuerdo a lo anterior, los ciudadanos cubanos presos por causas políticas, habiendo contravenido la legalidad existente en el país, son enteramente susceptibles de la oportunidad de reencontrarse con la sociedad cubana y decidir sobre sus adhesiones y definiciones políticas. Han sido los EEUU los que les han empujado a la contravención del orden jurídico que defiende la soberanía nacional de Cuba. Por consiguiente, la reconsideración de sus causas delictivas por el estado cubano envía un claro mensaje a ambas partes, opositores cubanos y patrocinadores extranjeros. Aspirar a la legitimidad de la oposición política implica la renuncia a la complicidad con intereses extranjeros en contra del derecho de autodeterminación de soberanía nacional que le asiste al pueblo y al estado cubano.
Por lo tanto, la declaración de una amnistía general para dichos encausados y condenados y para todos aquellos presos juzgados por causas políticas bajo otros criterios jurídicos, continúa siendo la única respuesta de impacto cualitativo trascendente al conflicto político interno que crea la injerencia de los EEUU en Cuba. La legislación cubana al respecto no tendría que cambiar en cuanto al problema de la defensa de la soberanía nacional. En virtud de ello, los condenados objeto de amnistía quedan, igual que todo ciudadano cubano, bajo el rigor punitivo del orden jurídico a tales efectos establecido.
Si el Estado cubano, representado por la Fiscalía de la República, en nombre de la nación condena a ciudadanos cubanos por delitos contra el estado punibles a la luz del código penal: en consecuencia, ¿no es el Estado cubano, en nombre de esa misma legitimidad social, el indicado sin mediación de terceros para declarar la magnanimidad moral del pueblo con sus conciudadanos?
La soberanía nacional de Cuba pasa por la independencia con respecto a todo «mediador» en los conflictos que no sea el pueblo cubano democráticamente empoderado.
La declaración de amnistía crea una cualidad política de nuevo tipo para la democracia socialista en Cuba. Expresa la voluntad de coexistencia de las diferencias en la sociedad cubana y la capacidad de inclusión que puede desarrollar su sistema sociopolítico. ¿Por cuáles razones no se dirige el Estado al pueblo cubano para dirimir un problema político, puede afirmarse, de trascendencia histórica para la nación cubana y su proyecto socialista?
El plano de la lucha de intereses encontrados en torno al proyecto socialista de la Revolución, crea las condiciones para un diálogo interno entre cubanos, diametralmente opuesto al que induce la agenda imperialista de los EEUU en Cuba. «El diálogo de entendimiento paralelo con la oposición ideológica interna será, coincidentemente, la condición que pondrá Barack H. Obama para cualquier tipo de acercamiento a Cuba. Esa será la misión colateral de sus enviados y del mismo Presidente en su momento. Es natural que así sea, por cuanto ello responde a las convicciones ideológicas de los representantes de un Establishment imperial que se opone a la alternativa anticapitalista cubana. Lo que no es en absoluto natural es que el dogmatismo político de la Dirigencia partidista cubana continúe fertilizando el campo de la oposición ideológica interna y externa». Y no se trata - se fundamenta en el trabajo referido “Cuba & EEUU: las dos caras del cambio necesario”[5] - de un llamado a la represión política o penal contra los espacios que detenta hoy la oposición ideológica contraria al Proyecto Socialista. Sino de removerle democráticamente todo el piso sobre el cual intenta legitimar su proyecto contrarrevolucionario. Demócraticamente significa devolverle el poder y la palabra al pueblo.
Se trata de la legitimación de la lucha democrática por un socialismo de estirpe marxiana. Ante lo cual es muy importante definir la esencia en claves de entendimiento nacional, diferenciándolo del ideario socialista de estirpe martiana. El primero reconoce la república socialista como cosa esencialmente pública, con arraigo en la real igualdad de derechos económicos, no en el derecho a la igualdad de oportunidades de negocio[6]. El segundo, el martiano, se identifica justo con el ideal de la república liberal burguesa. La contrapartida filosófica entre ambas acepciones de la redención del ser humano define las adhesiones ideológicas de los diálogos políticos en Cuba. O hacia el socialismo de la mano de K.Marx, con todos y para el bien de todos, o hacia el republicanismo capitalista de la mano de las ideas de J.Martí, inevitablemente ni con todos ni para el bien de todos.
Si el ideario martiano no es capaz de ver relación directa entre república burguesa y dependencia imperialista, ello no devalúa la lucidez anti imperialista del pensamiento político de Martí, por el cual organizó y ofrendó su propia vida en la «guerra necesaria» que primero mediaba contra España. La paradoja es sólo aparente. El ideal noble de la república, visto fuera del materialismo histórico, estará siempre encubriendo los antagonismos de clase insalvables que la alimentan y la hacen inviable como cuna de igualdad socio-humana. De ahí que el ideario sobre la república burguesa vista con los ojos de Martí constituya el terreno fértil por excelencia para todo el pensamiento reformista neo-capitalista en Cuba y fuera de ella contra ella.
El ideario de república liberal burguesa para ser realista necesita desplazar la propiedad estatal - monopolista hoy en Cuba - hacia la hegemonía de la propiedad privada sobre los factores de producción. Es decir, hacia la servidumbre estructural de la fuerza de trabajo. Este momento neurálgico precondiciona el carácter de la correlación de fuerzas sociales en que se estará dirimiendo el sistema político del estado-nación cubano.
Por lo cual no es en abosoluto indiferente, ha de remarcarse, quiénes son los interlocutores y cuál el objeto de diálogo entre cubanos. Si hoy (verano 2010) la fuerza dirigente del país, el Partido, decide destacar a la Iglesia Católica en Cuba como interlocutor viable en cuestiones políticas de importancia para la nación y el Estado, lo que se pone de relieve es el círculo vicioso de la oposición que hace el Estado al empoderamiento de la propia sociedad cubana.
El análisis objetivo queda en manos de la dialéctica materialista. Empoderamiento político del pueblo significa real empoderamiento socioeconómico del mismo. Si la propiedad privada constituye la condición sin la cual no se podrá reinstaurar el orden burgués por el que aboga la oposición ideológia en Cuba, para un actor político como la Iglesia católica la propiedad privada mantiene su connotación histórica de derecho natural. La convergencia de intereses sociopolíticos entre Iglesia y oposición ideológica al proyecto socialista cubano posee, por tanto, fundamentos objetivos. La propiedad socializada de los factores de producción antagoniza los intereses seculares de la Iglesia católica. Las relaciones sociales de producción regidas por la propiedad social no son terreno fértil para la doctrina de la fe, según la razón política de subordinación jerárquica a la autoridad de la Iglesia Católica Apostólica Romana. La Doctrina Social de la Iglesia Católica enraiza sus fundamentos en la idea de la distribución caritativa de la riqueza (renta). En lo cual se emparente con la razón de la distribuión discriminatoria que asiste al liberalismo capitalista. La pobreza y la exclusión social no serán en ningún caso reconocidas como la consecuencia directa de la desigualdad en las relaciones de producción e intercambio. Importa entender, por tanto, que el regimen cubano actual de propiedad estatal, según el socialismo de estado que cultiva, siendo un factor de alienación social, mantiene el caldo de cultivo donde se incuba la influencia sociopolítica de la Iglesia católica en Cuba.
Ni la idea iluminista del estado laico en Cuba, ni la cualidad antropológica cultural del sincretismo religioso cubano, legitiman la diferenciación de la Iglesia católica como actor político central en el diálogo democrático que necesita y exige el pueblo cubano en favor de los cambios políticos y socioeconómicos internos hacia la transición socialista. Lo cual no deslegitima a la Iglesia católica como un actor social de potencialidad progresista, en el espíritu del cristianismo redentor a bien de la cohesión social dentro de la ética de la igualdad para el pueblo de Cuba. Y en ese sentido a la Iglesia católica asentada en Cuba le cabría un legítimo papel en defensa del derecho de autodeterminación de la nación cubana, contra toda eventual política injerencista de estados extranjeros, incluido el Vaticano.
En consecuencia, se dialoga en el seno de la sociedad entre cubanos en pos de los cambios conceptuales y estructurales que necesita el sistema socioeconómico y político. Puesto que de lo que se trata es de correlacionar positivamente soberanía interna y soberanía nacional.
La soberanía nacional del estado cubano entendida en sentido negativo, es decir, la soberanía “de” los dictados de otros estados, desconoce la soberanía positiva del pueblo cubano. La soberanía positiva del pueblo desafía la apropiación que el Partido ha hecho del concepto y la función de sujeto político. La subordinación de toda la organicidad de la sociedad civil al dominio político de la sociedad por el Partido-estado, anula la subjetivación de los actores sociales. En contraste, un actor político como la Iglesia Católica, representante religioso de un sector de la sociedad, debido al hecho de haber adquirido estatus de sujeto independiente del poder del Estado cubano en la nueva realidad política pos capitalista y, dado el carácter de actor político internacional, es reconocido por el Partido-gobierno como interlocutor válido sobre problemas nacionales. De esa manera, al socaire de la realpolitik, según la lógica del poder político estado-centrista en sí mismo, se estarán siempre reforzando las contradicciones que inviabilizan las perspectivas de un sistema político emancipatorio, realmente alternativo al orden capitalista. Permanecerá secuestrado así el rol del Estado como estimulador y garante de las proyecciones políticas revolucionarias de la sociedad cubana. De proyecciones políticas que, alineadas con la expresión de soberanía interna de la sociedad, desarmen bombas de tiempo internas y minas de profundidad externas contra el proyecto socialista. Proyecciones políticas que puedan, en fin, abrir el camino hacia la democracia socialista en Cuba.
Hoy la amnistía política en Cuba - perfectamente consultable con el pueblo como expresión de soberanía interna - significa una expresión inequívoca de soberanía nacional. Es decir, significa el precedente de reconocerle a la sociedad cubana el carácter de sujeto político determinante. Significa, en consecuencia, el reposicionamiento dialéctico de la política externa como expresión de fortaleza política interna del poder popular. No habrá respuestas de mayor consecuencia e integridad política en sí misma. Ni tampoco las habrá ante las contradicciones entre el declarado nuevo comienzo en las relaciones con América Latina por parte de la Presidencia de Barack Obama y la inercia de los intereses imperialistas del Establishment que le toca representar. La fuerza moral de las posiciones políticas de la sociedad cubana es la única llamada a desmoralizar a los cruzados de la democracia burguesa.
La amnistía política en Cuba hoy significa una expresión de fuerza moral de la sociedad cubana ante toda la filosofía de la democracia liberal burguesa desde la que se enjuicia a Cuba. Significa el mensaje de mayor valor político en pos de la liberación de los 5 Ciudadanos Cubanos arbitrariamente condenados por el sistema político de los EEUU. Ciudadanos cubanos encarcelados justamente cuando ejercían el derecho de Cuba a defender su soberanía nacional, y presos bajo inmorales condiciones de severidad en las cárceles del sistema penitenciario estadounidense. Pero significa, además, quitar toda la supuesta fuerza moral a la política de bloqueo económico-financiero y tecnológico de los EEUU contra el pueblo cubano, su proyecto socialista y las perspectivas de desarrollo al mismo asociadas.
¿Ha de tener el pueblo de Cuba la voz democrática determinante?
RCA
[2] RCA, “Cuba & EEUU: las dos caras del cambio necesario”, primera y segunda parte, en: www.kaosenlared.net/noticia/cuba-eeuu-dos-caras-cambio-necesario-primera-parte-13ywww.kaosenlared.net/noticia/cuba-eeuu-dos-caras-cambio-necesario-segunda-parte
[6] RCA, “Cuba: no se construye la república como se construye un campamento”, en: www.kaosenlared.net/noticia/cuba-no-construye-republica-socialista-como-manda-campamento
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