Cuba
La República Socialista y el Estado de Derecho
No se puede aspirar a una República Socialista si el Estado se riñe con la idea del poder popular. Ninguna idea sobre la institucionalidad socialista puede ignorar que el origen del poder republicano no está en el estado, sino en el pueblo. Si se reconoce el carácter revolucionario de esta afirmación política, concebir “la miel del poder” como posibilidad inmanente al ejercicio de gobierno, constituye el reconocimiento expresis verbis de la falencia estructural del sistema de democracia, cualquiera sea su signo ideológico. Tratándose del Proyecto Socialista cubano, en tanto alternativa al sistema de democracia burguesa inherente al capitalismo, la declaración, realizada por el Líder de la Revolución, pone en abierta y definitiva evidencia la naturaleza estadocrática del Socialismo en Cuba.
El poder económico estado-céntrico y la autocracia política que gracias a ello genera el sistema de partido único (PCC), constituyen las esencias culturales del socialismo de estado en que se desgasta el Proyecto Sociopolítico de la Revolución cubana.
Las consuetudinarias destituciones de prestigiados cuadros del Partido de sus cargos en órganos centrales del Estado y el Gobierno cubano bajo imputaciones de doblez moral no pueden ser reducidas al consabido argumento de las debilidades personales. Tal análisis sería en extremo simplista y estaría enmascarando el problema de fondo de la institucionalidad del sistema político cubano. Como he venido analizando, la doble moral de los comportamientos sociopolíticos (fenómeno abiertamente reconocido por la propia sociedad cubana) constituye una forma efectiva de defensa del individuo contra el autoritarismo del sistema de poder verticalizado.
Es lógico que dicho fenómeno fomente el caldo de cultivo para las más variadas manifestaciones de voluntarismo político, especialmente en los cuadros dirigentes. Y obvio igualmente es que desde la partidocracia institucionalizada se defienda la idea de la “vanidad del ser humano” y “la falta de temple de los revolucionarios” como las causas del mismo. Esa defensa se entroniza desde intereses políticos sectarios, porque el sistema de poder no responde a la idea del poder popular, sino a la hegemonía del gobierno de una vanguardia revolucionaria de oficio que desde la jerarquía del Partido único se posiciona como politocracia omnímoda. Sucede así puesto que la concepción institucional del Estado cubano responde a la idea de la centralización piramidal del poder económico. La correlación institucional de fuerza en detrimento de la horizontalidad del Poder Popular es lo que permite el ejercicio y la sucesión voluntarista en las responsabilidades estatales. Es justamente eso lo que ha permitido la transmutación del Partido único en partido de estado.
La Proclama del Comandante en Jefe al Pueblo de Cuba[1], formulada el 31 de julio del 2006, constituye una declaración reveladora sobre la constatación anterior.
El entonces Pesidente del Consejo de Estado y Primer Secretario del PCC delega en cuadros de su entera confianza la gestión de fondos económicos que había venido administrando de forma personalizada. Los fondos cubrían los programas de la salud, la educación y la recuperación energética. Los cuadros de su máxima confianza eran Carlos Lage Dávila, Secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, y Felipe P. Roque, Ministro de Relaciones Exteriores (así como el Ministro Presidente del Banco Central de Cuba)[2].
Ante la coyuntura que se presentaba ¿dónde quedaban los poderes del Estado? Si el Consejo de Estado, el Gobierno (Consejo de Ministros) y el Buró Político del CC del PCC quedaban y (quedan) bajo la responsabilidad de una misma persona, no puede ignorarse que la Asamblea Nacional del Poder Popular constituye la segunda instancia de poder decisorio en el Estado y la única formal contrapartida a la concentración unipersonal de los poderes establecidos.
Los cuadros a los que voluntaristamente se transfería la gestión y el “control” de cuantiosos recursos de la nación, más allá de las responsabilidades que contraían y aún cuando se le pidiera “gestión colegiada”, asumían facultades de super-dirigentes. El factor confianza personal sustituye la institucionalidad y el control social de las decisiones del Estado.
Los hechos vienen demostrando la imposibilidad de darle siquiera el beneficio de la duda al peso moral de un “factor confianza” que se establece por encima del control social. ¿Qué valoración de la confianza hacía entonces el Primer Secretario del Partido y Presidente del Consejo de Estado, cuando hoy, apenas dos años después, califica el comportamiento de sus personas de confianza como indigno y susceptible de traición a la Patria? ¿Obliga el factor confianza a la lealtad personal por encima de las convicciones críticas propias? ¿Se falta a la confianza o se traiciona la Patria cuando el pensamiento revolucionario disiente de la línea oficial de pensamiento, trátese o no de destacados dirigentes del Partido y el Gobierno? ¿Es el factor confianza una exigencia de lealtad personalista incondicional dado que el Gobierno no es un ente elegido democráticamente? ¿No es ésa una forma en sí misma sectaria de ejercer el gobierno? ¿No crea ello el caldo de cultivo de la doble moral? ¿Por cuáles razones políticas puede el factor confianza personal sustituir la responsabilidad decisoria de la Asamblea Nacional del Poder Popular? ¿Estamos ante el Estado del Partido o ante el Estado del pueblo?
Los presentes amagos del PCC por restañar la institucionalidad del Estado continúan apresados en la visión mediatizada sobre la transformación socialista que necesita el Proyecto sociopolítico de la Revolución. Dicha visión se abstiene de aceptar el cuestionamiento que la propia realidad social, económica y política hace de la hegemonía del PCC como Partido de Estado. Es justamente eso lo que demuestra el anuncio de la creación de una Contraloría del Estado supeditada al Consejo de Estado. Una concepción donde ambos entes institucionales se erigirían en “juez y parte”, quedando al mismo tiempo subordinados al PCC. Mientras tanto, la concepción de un Tribunal Constitucional independiente con fuerza decisoria vinculante no es objeto de consideración[3].
El PCC en su cualidad constitucional de fuerza rectora de la sociedad y del estado cubano y, obviamente, su máxima Dirigencia, se encuentran ante el problema de la legitimación del sistema político de partido único como sistema de gobierno. Ese sistema de gobierno ha trastocado la institucionalidad del Estado gracias al papel hegemónico sobre la sociedad que le confiere el poder económico estado-céntrico. La conversión del Partido único en partido estatal desnaturaliza el carácter popular de la República y contamina la idea socialista del proyecto revolucionario.
La realidad socioeconómica cubana revela que la democracia no existe como poder del pueblo, sino como mecanismo de poder económico y político de la burocracia partidista. La hegemonía del proletariado se ha convertido en la justificación de la partidocracia. En realidad la partidocracia se alimenta dogmáticamente de la idea leninista de la dictadura del proletariado. Ello es posible porque el Partido ha obviado dos de sus presupuestos determinantes: 1) el ajuste de la doctrina a la realidad concreta y 2) la interpretación dialéctica de la idea política.
En el primer lugar, si los antagonismos de clases no tienen sujeción objetiva en la realidad cubana actual, tampoco existe el proletariado como sujeto del antagonismo. Lo que ha surgido es una contradicción antagónica de nuevo tipo. El poder político del pueblo es usurpado por el poder de un estamento-elite que lo ejerce en su nombre. Objetivamente la condición de proletariado se mantiene en la práctica mediante el sistema de trabajo asalariado, como la relación económica que permite la absoluta dependencia del ciudadano al estado.
En segundo lugar, se ignora que el proceso de establecimiento de la hegemonía del poder popular nunca fue planteado por V.I.Lenin como ejercicio político de imposición antidemocrática. No es casual que sea precisamente eso lo que la interpretación gramsciana de la dictadura del proletariado reivindique como construcción de la hegemonía del poder del pueblo.
No puede analizarse el problema de la participación social en Cuba al margen de la crítica al actual sistema de poder político soportado en un partido único. He fundamentado en diversos análisis que la única manera de lograr la efectividad política y, con ello, la legitimación del sistema de partido único es en un escenario de plena democracia socialista.
La gran asignatura pendiente del Proyecto Socialista cubano es el modelo de democracia. Ese es el reto que tiene ante sí el ideario político del Partido. Sin embargo, la sociedad cubana espera el anunciado VI Congreso del Partido sin grandes expectativas. Puesto que a la sociedad no se le permite expresar abiertamente qué espera de dicho Congreso ni, en resumidas cuentas, qué espera del Socialismo.
Si la democratización del sistema de participación social constituye la asignatura pendiente del Socialismo en Cuba, algo ha de quedar fuera de toda duda: la cualidad del sistema de democracia queda en estrecha correlación con la naturaleza política del sistema socioeconómico.
Cuando se trata la cuestión del poder en el Socialismo en Cuba, existe consenso retórico sobre la idea del poder del pueblo como su fundamento. En la práctica el contenido de ese poder se construye y ejerce desde el poder económico y político del Estado. Las expresiones concretas, los sujetos de ese poder, están invariablemente en la burocracia partidista, administrativa y gestora. No puede ser de otra manera, puesto que el modelo socioeconómico estado-céntrico no se gestiona si no con la burocracia como estamento de gobierno en todos los niveles de la jerarquía institucional y la vida económica.
La burocracia deviene atributo de todo estado. Como fenómeno sociológico (es decir, más allá de la desviación del margen de tolerancia sistémica) en ningún caso se da en divorcio de la naturaleza del sistema institucional de poder. Sin embargo, la verticalización del poder del estado, tal como se da en Cuba, genera la tendencia al poder burocrático absoluto. En cambio, la descentralización del poder del estado no resuelve el problema, crea sólo la tendencia a su relativización. Ello es así debido al monopolio estatal sobre la acumulación de capital y la distribución de la renta. Es justo lo que permite el modelo de economía estatista cubano y las relaciones socioeconómicas que impone.
La contradicción de fondo salta a la vista
Estando de acuerdo en que el capital es de naturaleza social por definición, la democratización del mismo es lo que determina el carácter de lo socialista. En el estado burgués el capital, siendo igualmente de naturaleza social, es objeto de apropiación privada. El hormiguero analítico (en la Izquierda) se revuelve cuando, sin tocar la esencia del problema, se intenta descubrir las formas de su socialización.
Los experimentos del socialismo euro soviético y asiático, hoy ya capitalistas o en evolución pro-capitalista, así como la práctica del socialismo cubano, establecieron que la socialización del capital se daba en esencia mediante la distribución estatal de la renta. Para lo cual el monopolio estatal de la acumulación era, obviamente, condición sine qua non. La hegemonía de la propiedad estatal sobre los factores de producción venía a ser la consecuencia oportuna y la aplicación práctica, el instrumento de la idea. El trabajo asalariado, por tanto, tenía que mantenerse como forma idónea para la creación del excedente centralmente expropiable. Punto. No hay más complicación cognitiva sobre lo esencial.
Las reglas del juego, tal como sucede hoy en Cuba, eran definidas e impuestas de manera incontestable por los sistemas de partido bajo la hegemonía de un único partido: los partidos de corte “marxista” en el poder. El comunismo, más allá de las ortodoxias ideológicas de dichos partidos, resultó un verdadero fantasma, hábilmente creado con fines utilitarios propios por el mundo capitalista occidental. La libertad del individuo - sacrificada en aras del poder estado-céntrico en los experimentos socialistas - fue llevada a categoría de absolutum por la propaganda de la economía de mercado y enarbolada como premisa del capitalismo. No importaba que esa libertad individual nada tuviera que ver con la emancipación del ser social.
El problema de la emancipación del ser social lo he definido como el derecho inalienable a la autodeterminación del individuo. Lo inalienable es la condición que hace la diferencia cualitativa entre el socialismo y el capitalismo. Porque la autodeterminación del individuo no es un atributo económico ni político del capitalismo. No podrá discrepar el lector perspicaz en que no todo ejercicio de autodeterminación individual es sinónimo de libertad del individuo. Si reconocemos que toda libertad será siempre una libertad condicionada, lo que importa, tendremos que aceptar, es el carácter de la condicionalidad.
El carácter de la condicionalidad de la libertad del individuo en tanto ser social lo definió de manera insuperable K.Marx en su análisis sobre la moderna esclavitud afín al modo de producción capitalista: que no tengamos que pedir permiso para vivir. Ni al dueño de los medios de producción y del capital ni al estado asociado al poder económico privado. Por lo tanto, superar la condición de esclavitud en que nos sume el modo de producción capitalista significaba y significa saltar la valla que nos separa de las relaciones socioeconómicas socialistas.
En tanto, el socialismo no puede ser una idea intangible. La idea política exige de un proyecto de emancipación de la condición humana. La condición humana se corporiza en el individuo. De ahí que el proyecto socialista se objetive como la creación de condiciones estructurales - económicas, sociales y políticas - para lograr la máxima autodeterminación del individuo.
No se trata del individualismo darvinista en que se reconoce la sociedad capitalista. En la ilusión de libertad que se paga al precio de la esclavitud del salario. Al precio de la subordinación con que se nos compra la fuerza de trabajo. Al precio de poner buena cara al que nos da de comer o nos pone en la calle; al que manda, porque es, acéptese o no, el que compra según la filosofía de la moral del mercantilismo capitalista.
Pero tampoco se trata de la hegemonía del estado sobre el individuo. De la hegemonía con que el socialismo de estado en Cuba coacciona ilegítimamente la autodeterminación del ciudadano, porque al comprarle su fuerza de trabajo manda sobre él. Para ilustrarlo, tómese como emblemática una coacción del derecho de autodeterminación del individuo que, gracias a su hegemonía económica, impone el socialismo de estado en Cuba. Hablo de la prohibición político-administrativa de la salida, entrada y libre asentamiento en su país a los ciudadanos cubanos. Si desde el funcionalismo del pensamiento militante se argumenta el hecho como una consecuencia de la Guerra Fría en que se vio involucrada la Revolución cubana, habrá entonces que reconocer que la dialéctica política no importa a los hacedores del socialismo. Desde otro extremo, la burocracia político-administrativa intenta justificar la coacción de dicho derecho ciudadano con el argumento de las agresiones y la extrema beligerancia de una parte de la emigración cubana, en esencia grupos declaradamente apátridas asentados en Miami. Si esas agresiones y esa beligerancia son un hecho, tal como lo son, son los órganos de seguridad del Estado cubano y el aparato policial los entes encargados de vigilar y garantizar el estricto acato del orden interno en Cuba. Es la propia sociedad civil la que se convertirá en guardian de ese orden una vez respetado su derecho de autodetrminación. Lo que vale es el principio de justa discriminación y no el de “justo por pecadores”.
Pero no nos confundamos con cualquier comparación peregrina sobre el derecho del ciudadano de salir y entrar libremente a su país. Lo contradictorio es que el Estado “socialista” se arrogue el derecho a dicha prohibición. Porque el hecho de que el estado capitalista formalmente refrende ese derecho individual no es sinónimo en ningún caso de que refrende la emancipación socio-política del individuo.
Hablamos de la máxima autodeterminación del individuo en su condición ineludible de ser social. En consecuencia, el socialismo o es un proyecto de emancipación colectiva o no es. Un proyecto de emancipación colectiva que promueva la autodeterminación del individuo es capaz de alimentar y garantizar la libertad individual sí y sólo si la reproducción de la vida material y cultural no se da en función de la reproducción del capital en general ni del capital privado en particular. La reproducción del capital cuenta como proceso fisiológico propio de la reproducción material de la condición humana. Ni más ni menos.
A la luz de lo anterior, cabe afirmar que no hay lugar en el Socialismo para la hegemonía de la propiedad privada ni estatal sobre los medios de producción. Es decir, sobre los factores de reproducción de la vida material y cultural del individuo. En una sociedad socialista no puede existir propiedad exclusiva sobre las condiciones de la reproducción socio-humana. Lo que estoy exponiendo es que no hay cabida para que en el socialismo tengamos que pedir permiso para existir, tal como el 99.9% estamos irremediablemente obligados a hacerlo en el capitalismo (el cálculo, como ya sabemos, también es de K.Marx).
¿Cuál es la alternativa liberadora ante la que se encuentra la sociedad cubana actual?
La producción de bienes materiales e inmateriales ha sido, es y seguirá siendo la condición primera de la existencia humana. Por consiguiente, nada nos libra de la necesidad del trabajo productivo. Producir en condiciones de libertad o bajo cualesquiera formas de esclavitud laboral importa no sólo como ejercicio de interpretación filosófica, sino ante todo como forma de establecer las vías de emancipación individual y colectiva. Si el límite de nuestra libertad individual está en el respeto irrestricto a la libertad de nuestros congéneres, entonces no nos queda más que asociarnos como productores libres. Es decir, productores con iguales derechos y responsabilidades compartidas.
Lo anterior permite plantear un concepto tan sencillo como irrebatible: la empresa socialista, a diferencia de la idea de empresa capitalista, ha de ser patrimonio compartido por los trabajadores. Un patrimonio productivo sin derecho de propiedad exclusiva sobre el mismo.
Una empresa es un organismo socioeconómico vivo: nace, crece, se transforma y puede extinguirse. Sus trabajadores (fundadores o no) explotan en autogestión un patrimonio común. El concepto de usufructo permite la libre asociación productiva. Por cuanto los trabajadores se asocian o disocian (entran y salen) libremente de la empresa. Con la asociación se contrae la responsabilidad de hacer producir con eficiencia el patrimonio productivo común y se responde materialmente de forma colectiva e individual por el mismo. Con la disociación o la salida (individual), en cambio, no existe el problema de la “repartición de bienes” (como cuando el divorcio en el matrimonio) porque no existen bienes en propiedad individualizada (privada). En ese sentido, tampoco hay lugar para la renta privada (parásita) de capital. El capital se ha democratizado y con ello se reconoce el carácter social de su creación.
De esa forma, a través de la emancipación del trabajo, el individuo se ha liberado de la propiedad y del capital. El trabajador es libre. La parte de los beneficios del trabajo colectivo objeto de apropiación individual por los trabajadores (en la empresa) son distribuidos democráticamente de acuerdo a los criterios internos de productividad. Los trabajadores se auto remuneran. No existe la condición de dependencia económica que crea el salario que el patrón (propiedad privada) nos paga una vez descontada (expropiada) aquella cuantía que le garantiza el incremento constante de su capital. No existe tampoco la relación de dependencia económica-salarial del Estado. No hay que pedir permiso para vivir. Los trabajadores crean además los fondos empresariales de desarrollo y aprovechamiento social tanto interno como comunitario. Todo ello se da a nivel microeconómico. La plusvalía que el colectivo produce (en la empresa) no es objeto de expropiación, ni por el dueño privado ni por el estado. Ambas figuras (encarnadas en la elite propietaria y en la burocracia estadocrática) han dejado de ser los amos del trabajo y del capital social. Las condiciones objetivas para la solidaridad laboral y social están dadas.
El lector exigente pensará que hemos dejado un eslabón perdido. El problema del mercado y su impacto sobre la distribución. Pues bien, lo primero es definir el mercado de acuerdo a la interpretación del materialismo histórico: el mercado es un espacio socioeconómico de distribución y asignación de recursos escasos. Tal como he expuesto en diferentes trabajos, el mercado en el socialismo es parte de la solución y no del problema del modo de producción. He dicho parte, porque hablamos de una economía con mercado, no de una economía de mercado. En otras palabras, el mercado asigna recursos en un primer nivel de distribución (microeconomía). La viabilidad de la empresa socialista no se da en términos de rentabilidad, sino de eficiencia socioeconómica. Para lo cual la empresa primero ha de ser altamente productiva. Es lo que exige el ciudadano/consumidor que acude al mercado cuando opta por una mercancía y no por otra. Ese ciudadano/trabajador discrimina la oferta a través de la utilidad de su valor de uso. Para que así pueda suceder la rentabilidad de la empresa no podría ser definida de manera absoluta por el precio de mercado.
El mercado no constituye un ente autónomo que pueda ser un perfecto regulador fuera de la regulación del estado (con el estallido de la crisis capitalista actual ya pocos hacen alarde de su ignorancia beligerante cuestionando dicha afirmación). El secular y socorrido dilema entre estado y mercado no tiene lugar de ser en el modo de producción socialista. Bastaría acudir a una ley que regulase el margen de ganancia (a groso modo: la diferencia entre el costo de producción y el precio de venta de la mercancía) para entender que el precio, contrariamente a como se da en la economía de mercado capitalista, no tiene que responder a las expectativas de especulación de las empresas. Sino a la capacidad de elevar la productividad del trabajo que las mismas posean. A pesar de que los precios de mercado tiendan a acercarse al valor-trabajo, eso sucede en el largo plazo. En el corto y mediano plazo las ganancias han de reforzar esa tendencia y expresar la correspondencia costo social de producción / valor de uso del producto y no la relación mercantilista precio de mercado / beneficio [4].
Mientras la distribución de los beneficios del trabajo se da en el nivel de la microeconomía, la redistribución de la renta es dominio del estado (macroeconomía). El principio es uno. Los beneficios de las empresas son gravados de manera progresiva. La contribución al patrimonio económico común objeto de redistribución social es directamente proporcional a la magnitud de los beneficios que en el mercado obtienen las empresas. Esa es la condición sine qua non llamada a crear la relación de equidad social.
Bajo las premisas de autodeterminación económica individual y colectiva a las que he aludido, el estado se convierte en un partner social. Es la única forma en que la sociedad puede crear un estado a imagen y semejanza de sí misma. El poder económico que genera la apropiación social del valor del trabajo está en manos de los trabajadores. Son los trabajadores los que ahora comparten ese poder económico con el estado, mediante la cesión consensuada al mismo de parte de los beneficios del trabajo. Hablamos del estado que en interés propio la sociedad democráticamente crea. Ese estado no es más un ente suprasocietal. No es, por lo tanto, un ente represivo para sí. Es decir, no es un ente represivo al servicio de una clase económicamente dominante que usufructúa el poder del estado. El estado deja de ser un ente corporativo regentado por intereses políticos sectarios y encontrados (característica per excellence del sistema político multipardista en el capitalismo).
En el socialismo el estado es la entelequia política que se da la sociedad a sí misma, en aras de garantizar el equilibrio de la diversidad de intereses parciales y la equidad del desarrollo social. Con la fuerza irremplazable que da el poder colectivo, el estado garantiza la economía del conjunto y protege la soberanía nacional. El estado en el socialismo está llamado a ser administrador de la cosa pública por una parte, y garante de los intereses sociales por la otra. Estado de derecho y república socialista constituyen conceptos que en la práctica democrática han de retroalimentarse.
Es lógico que en Cuba la democratización del capital y la autodeterminación del trabajo sean incompatibles con el modelo estado-centrista basado en la hegemonía de la propiedad estatal. Bajo tales condiciones es natural que el sistema político de partido único se haya convertido en el principal distorsionador de la institucionalidad. Y que, en consecuencia, el personalismo de la politocracia se haya entronizado como forma de gobierno. Son esas las premisas estructurales que hacen del ejercicio del poder el acomodo utilitarista dentro de un siempre potencial panal de miel. Y es definitivamente revelador que ello haya sido reconocido (convencido o no) públicamente por el Líder de la Revolución.
Se confunden aquellos que piensan que sin la transformación del modo de producción actual y de las relaciones socioeconómicas que le son concomitantes se logrará construir la República Socialista. Que sin esa transformación se logrará un sistema político transparente y eficiente, refrendado por la institucionalidad de un Estado de Derecho afín. Que se logrará un sistema de poder y de gobierno del pueblo y para el pueblo.
La transformación de la realidad cubana está planteada en términos de una lucha política interna que reconduzca el proceso sociopolítico hacia la emancipación del trabajo y la autodeterminación ciudadana. El Partido puede liderar la dialéctica de dicha transformación o permanecer como una fuerza inmovilista y por tanto retrógrada. Cabe afirmar que el pueblo cubano dará la batalla contra la usurpación del poder que pretenda consumar la burocracia político-administrativa y contra toda ingerencia intervencionista externa. Y aunque eso haya sido lo que ha expresado el actual Presidente del Consejo de Estado[5], sólo el debate nacional por el Socialismo dilucidará la convergencia del discurso con las expectativas de la sociedad.
Los intereses espurios que pretendan imponer una transformación sociopolítica y económica al margen de la discusión democrática con el pueblo van contra el espíritu de la Revolución.
Roberto Cobas Avivar
(España/Portugal)
[1] Fidel Castro Ruz, “Proclama del Comandante en Jefe al Pueblo de Cuba”, diario Granma; en: http://www.granma.cubaweb.cu/secciones/siempre_con_fidel/art-021.html
[2] “Los fondos correspondientes para estos tres programas, Salud, Educación y Energético, deberán seguir siendo gestionados y priorizados, como he venido haciéndolo personalmente, por los compañeros Carlos Lage Dávila, Secretario del Comité Ejecutivo del Consejo de Ministros, Francisco Soberón Valdés, Ministro Presidente del Banco Central de Cuba, y Felipe Pérez Roque, Ministro de Relaciones Exteriores, quienes me acompañaron en estas gestiones y deberán constituir una comisión para ese objetivo”. Ibídem.
[3] Roberto Cobas Avivar; consultar los textos http://www.kaosenlared.net/noticia/cuba-hacia-consenso-sobre-transformacion-socialista-primera-parte y http://www.kaosenlared.net/noticia/cuba-hacia-consenso-sobre-transformacion-socialista-segunda-parte
[4] Todo observador acucioso de la realidad económica capitalista constatará cómo los propios productores capitalistas al caer víctimas de los márgenes de ganancia con que los intermediarios comercian sus productos, rompen en huelgas y exigen leyes que regulen el margen de ganancia. En España los productores de leche (un caso de estudio cualquiera) reciben cada vez menor precio por el producto, mientras que en los mercados la leche tiende a incrementar su precio. El fenómeno es típico de las “cadenas de precios” en todos los sectores de la economía. Es el oportunismo que defienden e imponen estado y capital privado en nombre de la llamada perfección de los mercados. El libro del mega especulador Jorge Soros sigue siendo revelador en ese sentido. Ver de dicho autor: “La crisis del capitalismo global. La sociedad abierta en peligro”.
[5] En el discurso pronunciado por el Presidente de los Consejos de Estado y de Ministros de la República de Cuba, General de Ejército Raúl Castro Ruz, en el acto por el aniversario 50 del triunfo de la Revolución; 1 de enero del 2009, Santiago de Cuba, Cuba.
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