Bienal de la Habana
Contribución al debate en Cuba
Dialéctica de la transformación socialista
Primera parte
Certezas
La necesidad vital de superar el inmovilismo político y saltar las barreras que dejan a Cuba fuera de la espiral del desarrollo pone a la sociedad cubana ante dos opciones críticas:
- reincidir por el camino de las reformas reivindicativas del sistema económico;
- abordar los problemas complejos que determinan la renovación cualitativa y sostenible del sistema socioeconómico y político.
Las carencias crónicas sociales y materiales convertidas desde hace mucho en urgencias perennes llevan a la masa crítica de la sociedad cubana a cifrar reiteradamente sus esperanzas de progreso en los reformismos coyunturales. Tal reacción encaja en la doctrina política reformista que determina las decisiones del poder político. Bajo la filosofía del llamado centralismo democrático se ha conformado la visión particular de un pensamiento político sobre la “táctica y la estrategia” de las decisiones con las que, gracias a la centralización del poder económico, el estado sustituye a la sociedad en su derecho y capacidad de sujeto de las transformaciones sociales. Así lo ha demostrado hasta hoy la práctica recurrente del voluntarismo político que aqueja la trayectoria del desenvolvimiento socioeconómico del país.
Si revolución ha de ser cambiar todo lo que haya que cambiar y tener sentido del momento histórico, el debate actual se encuentra ante el reto de negar definitivamente el sentido perentorio de los cambios necesarios que impide a Cuba el salto de orden cualitativo hacia el desarrollo.
La expansión del desarrollo integral de la nación se logrará a partir de la superación dialéctica de las actuales concepciones de organización de la economía, la sociedad, el estado y la política.
Contradicciones y proyecciones
El desarrollo nacional se logra mediante la planificación central de la economía
Falso
La economía se desenvuelve en dos niveles generales: macro y micro económico. La planificación centralizada de la economía cubana no diferencia dichos niveles ni, por ende, las regularidades de funcionamiento que los caracterizan.
Con la planificación centralizada se sustituye la concepción y el ejercicio de Política Económica. La inviabilidad de la planificación estado-céntrica en base a balances materiales globales y sectoriales y la asignación vertical de recursos financieros ha reducido la dimensión de la misma a las decisiones políticas sobre inversiones en capital bruto (construcción de infraestructuras, fábricas y obras sociales). Pero las inversiones no producen bienes y servicios con eficiencia por el solo de hecho de haberse realizado. Esta banal obviedad, sin embargo, apunta al cuestionamiento de la eficiencia de los procesos inversionistas en Cuba. La racionalidad económica exige que toda inversión esté, repito, toda, esté previamente justificada por estudios de factibilidad técnico-económica y financiera.Para que ello sea por definición posible la economía ha de moverse bajo la condición básica de autonomía empresarial, en circunstancias donde los mercados funcionen y lo hagan de manera coherente. No es el caso de la economía cubana.
En ausencia de tales condiciones el ejercicio de planificación central de los procesos inversionistas y de los procesos de producción se ha convertido en administración dirigista de la economía. La esfera de la microeconomía - dominio del movimiento económico de las empresas, las familias y las personas - es por regla objeto de intervención directa por los ministerios que conforman el Consejo de Ministros (amén de la intervención por el establecimiento centralizado de los salarios). Los recursos disponibles se asignan a tareas centralmente definidas. El “ordeno y mando” convertido en práctica recurrente de gobierno refleja la interferencia del poder político en la interacción democrática de los poderes constituidos. La capacidad de planificación y administración de las empresas es coartada por el poder de la burocracia administrativa y factores políticos coyunturales. Debido a que los mercados han sido descalificados ideológicamente como espacios capaces de regular el movimientode la llamada empresa socialista,la planificación central bajo propiedad estatal crea el espejismo de suplantar y superar la eficiencia que en la distribución de recursos materiales, económicos y humanos los mismos pueden lograr.
En consecuencia, lo que la llamada planificación central hace es usurpar las decisiones micro económicas a través de las inversiones sociales y económicas. Pero el resultado no es otro que la pronunciada desarticulación entre el sistema de producción y las necesidades sociales. Es justamente lo que se demuestra cuando se planifica centralmente la construcción de 100 mil viviendas por año y en la práctica se logra par de decenas de miles. ¿La cantidad planificada fue resultado de las predicciones locales (poderes comunales y organizaciones empresariales) en cuanto a demanda y capacidad de oferta (real capacidad productiva) y, en consecuencia, resultado de la investigación de las capacidades económicas, materiales y gestoras de las propias empresas localizadas en sus respectivas administraciones territoriales, o resultó un desglose verticalista del deseo del planificador central?
Pero, más aún, ¿tienen las empresas real posibilidad de definir sus potencialidades, capacidades operativas y recursos económicos para delinear sus objetivos y alcanzarlos o dependían de la asignación central de tareas y recursos? Hoy, como otras veces, la respuesta a la demostrada incapacidad del planificador central es la “táctica” de la decisión política y no la racionalidad estratégica del cambio de concepción económica. Por lo tanto, como muestra el caso, se le impone al pueblo una vez más el cuestionado concepto de micro-brigada popular para que se construya sus propias viviendas.¿Dónde quedan los costos sociales de tal voluntarismo: la racionalidad económica de proyectos e inversiones (utilización económica racional de la fuerza de trabajo y estudios de demanda y factibilidad económica-financiera empresarial de por medio), la aplicación de nuevas tecnologías de la construcción (base hoy de procesos tecnológicos ágiles y construcciones eco-económicas), la calidad de diseño de los inmuebles, la calidad de ejecución, la calidad estético-utilitaria y la funcionalidad urbana del aprovechamiento de los espacios a disposición? ¿Podrá, a pesar de su desesperación y su buena voluntad, una mano de obra no especializada, una fuerza de trabajo no organizada en un coherente sistema empresarial, acometer proyectos de desarrollo habitacional de tales envergaduras? ¿Podrá hacerlo sin la adecuada participación de capital y tecnologías de socios extranjeros?¿Se centralizaría indebidamente ese tipo de cooperación? Entonces, cabe preguntar con toda responsabilidad ciudadana: ¿seguirá siendo tan políticamente correcta la táctica de pan duro para un hoy inacabable y hambre de calidad de vida para un eterno mañana? ¿o será la subestimación inconfesa por el poder político de la necesidad de socialización del pensamiento y la participación que debería presuponer toda idea de socialismo?
El desarrollo nacional sostenible no depende de la planificación central, sino de la capacidad de la sociedad para responder de manera autónoma a sus propias necesidades. Es el poder y la eficacia de esa autonomía lo que debe ser estimulado y fomentado.
A la Política Económica del estado le corresponde definir trayectorias estratégicas de desarrollo (nacional y territorial) y no tareas centralmente “planificadas”. Estableciendo para ello los instrumentos de política macroeconómica (políticas fiscal y monetaria así como ejercicios presupuestarios) bajo condiciones de descentralización real (económica) de los poderes populares territoriales. Es esto lo que proporciona las condiciones marco para la optimización del movimiento autónomo de los entes productivos en el nivel micro económico.
No es posible la economía social fuera de la propiedad estatal
Falso
La propiedad estatal es el usufructo sin derechos de medios de producción ajenos. La propiedad estatal queda en manos de la burocracia administrativa orgánica al Estado. Los trabajadores son peones de un engranaje organizativo que los aliena totalmente. El vínculo de dependencia económica inexcusable al Estado es el salario que la administración estatal decide pagarle arbitrariamente al trabajador. La administración centralizada del movimiento de la micro economía, la asignación central de recursos económicos y materiales y el salario se combinan para hacer del trabajadoruna pieza ejecutora de procesos de producción desvinculados del conocimiento sobre las necesidades de bienes de producción y consumo de la sociedad y de las potencialidades propias para satisfacerlas.
La característica distintiva de los procesos de producción social complejos está en atenderla infinitud del micro cosmos sico-sociológico y biológico de las necesidades humanas.
Desde hace mucho sentía que algo faltaba en aquella sugerente pared cobriza del salón de nuestra casa, y un buen día sin siquiera sospecharlo descubrí aquello que no había logrado definir: ¡estaba allí, en un curioso mercado… de antigüedades! ¿Necesidad subjetiva u objetiva? ¿Frijoles blancos, bayos, colorados o negros; por qué unos y otros si todos son frijoles, de la misma manera que el rap, el rock, la rumba, el chachachá o la novena sinfonía no serían más que música? ¿Teléfono móvil o fijo o el chat por internet, televisor de tubo gastador de energía o televisión de plasma de alta definición y ahorrativo? , ¿Tiene el universo de necesidades el “derecho” de convertirse en demanda efectiva? ¿Quién lo define, el planificador central o el consumidor ante la posibilidad insondable de la oferta que su alter ego, el productor, pueda posibilitar?
Cuando el planificador central define nuestras necesidades la economía no cumple una función social sino política. Puesto que no es el trabajador-productor el que decide qué producir, cómo hacerlo y cómo distribuir los beneficios del trabajo, ni es tampoco el trabajador-consumidor el que con su capacidad de decisión (respaldada por su capacidad de compra) informa a su alter ego (el productor) sobre sus necesidades. Al trabajador le está vedado el derecho a definir en su condición de consumidor la utilidad del valor de uso del producto, puesto que la burocraciaque gestiona la producción no responde ante la ciudadanía por la insuficiencia, la falta de calidad, ni el despropósito de la producción. La burocracia administrativa responde ante el dueño fáctico de los medios, es decir, ante el Partido y el Estado. El Estado le retribuye por su trabajo independientemente de la función social de la producción y el trabajador recibe su salario independientemente de la eficiencia de la gestión de la burocracia administrativa. No existe el mercado como instrumento regulador de la relación productor-consumidor y ése vacío estructuralestá en los orígenes tanto de la carencia crónica como de la omnipotencia de la burocracia estatal y política.
La democracia económica radica en la propiedad estatal y la distribución equitativa por el estado de la renta nacional Falso
La reducción de la democracia económica a la esfera de la distribución de la renta es el fundamento ideológico de la economíacapitalista.
La distribución de la renta se da en dos niveles: micro y macroeconómico. La distribución directa tiene lugar en el primer nivel, mientras que en el nivel macro se produce la re-distribución indirecta de la renta.
Para que la distribución de la renta en ambos niveles sea democrática resulta imprescindible que, primero, el trabajador pueda distribuir directamente en el nivel micro las utilidades hacia el seno de su empresa. Para ello es claro que la propiedad de la empresa no le puede ser ajena. En condiciones de propiedad estatal, el Estado se arroga el derecho de disponer y distribuir las utilidades centralizadamente. Los salarios permanecen profundamente devaluados en Cuba porque - entre otros factores determinantes – el Estado se apropia directamente de no menos del 70% de su cuota de valor. Como he mostrado en otros trabajos, el objetivo de la empresa “socialista” cubana (más allá de todos los perfeccionamientos empresariales que se inventen) no es satisfacer las necesidades de consumo y bienestar social de la sociedad, sino fomentar la acumulación estatal que dará al Estado la facultad de administrar su distribución y re-distribución centralizada. El círculo viciado entre base económica y superestructura política es insalvable.
Lo anterior plantea un problema complejo: la no-propiedad. Si la transformación del modo de producción capitalista ha eliminado en Cuba la propiedad privada como el basamento socioeconómico y político de la reproducción de la vida material y socio-cultural de la sociedad, la nueva cualidad creada agota sus potencialidades por dos circunstancias: 1)el sostenimiento de la idea de propiedad – objetivado en un periodo inicial de transición poscapitalista (propiedad estatal, cooperativa, etc) - impide hoy la plena socialización de los medios de producción, puesto que no niega la génesis histórica de la misma como modo de dominación material y política de individuos y grupos sociales sobre otros; 3) la organización de las relaciones socioeconómicas de producción bajo el desiderátum de la propiedad en sí y para sí impide que el modo de producción alternativo que se busca sea no sólo viable sino capaz de liberar todas las potencialidades de desarrollo que entraña la plena democratización del capital.
Si la propiedad de la empresa no ha de ser ajena a los trabajadores ello no significa que el trabajador tenga que poseer en propiedad exclusiva los medios para que la producción adquiera carácter social. El simple traspaso de la propiedad estatal a la propiedad colectiva (en las formas que se quiera) sigue alimentando el fetichismo de la propiedad como la única forma de organizar eficientemente el modo de producción y de enriquecimiento. Ha de observarse que es precisamente el fetichismo de la propiedad el que condiciona el fetichismo de la mercancía. La propiedad da derecho exclusivo al propietario sobre la mercancía y a su vez a la apropiación excluyente del valor de su venta. Esta expropiación de parte sustancial del valor del trabajo tiene lugar por la necesidad objetiva que tiene el propietario de reproducir de manera ampliada el capital que posee de manera exclusiva. En las relaciones de producción capitalistas el capital (industrial-financiero) se codicia porque su reproducción permite el enriquecimiento que brinda la renta de capital. La propiedad colectiva (cooperativa, familiar, etc) dentro de relaciones de producción que hayan de considerarse socialistas no resuelve per sé el problema de la renta de capital, una renta, fuera de todo sofisma, parásita por definición.
Para entender lo anterior es necesario comprender el sentido de la libertad de asociación laboral.En las relaciones capitalistas de producción lo que en última instancia (verdaderamente) vincula al trabajador con la empresa es el salario. Si el carácter de la relación salarial bajo propiedad privada facilita la libertad de asociación a cambio de la plusvalía que se “deja” a los propietarios de los medios, la relación salarial bajo el monopolio de la propiedad estatal permite la expropiación del “excedente” de valor que produce el trabajador y al mismo tiempo restringe la libertad de asociación laboral. Es por ello que la eliminación de la praxis del concepto de mano de obra asalariada implica la negación de toda propiedad sobre los medios. Si la propiedad deja de ser condición indispensable de la riqueza y de realización del individuo - una riqueza que por tal motivo se logra no a expensas del trabajo ajeno sino del propio -, es decir, que ambas perspectivas pueden tener lugar sin necesidad de poseer en propiedad exclusiva el capital productivo y financiero, los medios de producción dejan de ser objeto de deseo para convertirse en instrumentos de trabajo. La sociedad destierra de su existencia cultural el síndrome del fetichismo de la propiedad.
Para que la propiedad colectiva - propiedad en sí y para sí - se conjugase con el libre derecho de asociación laboral de los trabajadores el sistema de propiedad tendría que asumir la participación directa de los trabajadores no sólo en la distribución de las utilidades sino además, en el capital de la empresa. Siendo los bienes capitales de propiedad colectiva cuando el trabajador, haciendo uso de su derecho a la libre asociación, decide cesar su vínculo laboral con la empresa (tómese una cooperativa), tendría el derecho de exigir esa parte del capital que le pertenece y por la cual ha respondido con su trabajo (el caso de las sociedades limitadas, puede ayudar a entender el fenómeno). Semejante retribución puede darse sólo en forma de nominación monetaria sobre el valor del capital. El caso de las sociedades anónimas puede ilustrar el fenómeno.¿Convertir el capital colectivo de la empresa en participaciones de capital? ¿Serían participaciones cotizables en un mercado de financiero interno que habría de crearse o instrumentos de deuda contra las cuentas de la empresa o bonos privados pagaderos por una entidad financiera pública?El espectro de las soluciones no evita la contradicción de fondo y el problema de la renta privada de capital permanece irresuelto.
Las implicaciones expuestas deben estar en el centro del debate popular, puesto que la sociedad ha de decidir conscientemente, con conocimiento de causa, sobre la configuración de un sistema de propiedad, cuya eficiencia no se dé en detrimento de la igualdad socioeconómica y política.
La transformación de la propiedad estatal existente y la creación de nuevas empresas exponen en principio dos cuestiones fundacionales: 1) el reconocimiento constitucional de la socialización de la propiedad; 2) el reconocimiento institucional de la persona jurídica y no de las personas físicas como sujeto de la propiedad.
La esencia social de la propiedad admitiría ser reformulada en la Constitución de la República según la idea que reconoce el derecho del ciudadano a la igualdad ante el trabajo y el capital. Una igualdad, cuya expresión jurídica establecería el concepto de empresa como aquella organización de ciudadanos libremente asociados,dada a procesos de producción mercantil ampliada de bienes tangibles e intangibles, con derecho igualitario inalienable de sus miembros a decidir sobre la gestión de la producción y la distribución de los valores generados por la misma. Y cuyo capital productivo, físico y financiero, es patrimonio de la empresa y no objeto de participación económica individualizada interna o externa a la misma. Patrimonio por el cual responden jurídica y económicamente los miembros en su condición de asociados por libre voluntad.
La persona jurídica según el derecho civil burgués personifica la empresa y la dota de derechos civiles como persona física. La esencia jurídica de la transmutación funcional permite legitimar el derecho excluyente a la propiedad privada. Atenidos a la nueva naturaleza de la empresa la persona jurídica que la expresa y representa es la depositaria de su patrimonio. Mientras que las personas naturales son sujetos individuales sensu estricto o asociados libremente según la definición de empresa asumida y dados a procesos de producción mercantil simple de bienes tangibles e intangibles.
La persona jurídica y la persona natural adquieren plena potencialidad crediticia. Lo cual presupone la estructuración de un sistema bancario-financiero de fomento, cuyo principio político estriba en garantizar la igualdad y la comunidad de oportunidades. A las entidades de dicho sistema le correspondería definir con las empresas la viabilidad socio-económica de sus proyectos de desarrollo y, en consecuencia, la accesibilidad a los recursos financieros que los soporten.
Los trabajadores libremente asociados en la empresa harían uso de un patrimonio común. La condición de no-propiedad propicia que el salario desaparezca y en su lugar se establezca la auto remuneración del trabajo y con ello el carácter democrático del proceso de distribución directa de la renta. Una auto remuneración que es consensuada por el colectivo de trabajadores de acuerdo a criterios de productividad y eficiencia del trabajo individual y colectivo. La auto remuneración es sólo un componente de la distribución (puesto que están además los fondos de inversión, desarrollo y atención social de la empresa). El patrimonio de la empresa no es objeto de propiedad participada rentista, sino de gestión y responsabilidad jurídica compartida (sobre los activos y pasivos) de los trabajadores que se encuentren asociados en ella bajo un estatuto consensuado de derechos y deberes.
¿Podría una forma de organización de las relaciones de producción sobre la base de la no-propiedad estimular en la conciencia del trabajador el sentido de lo propio, contrario a lo ajeno que produce en el trabajador tanto la propiedad estatal como la privada? La respuesta habrá de buscarse en la capacidad de desarrollo autónomo de la empresa para crear las expectativas de avance profesional y progreso socio-material de sus miembros. Ello propiciaría la cohesión laboral del colectivo y regularía racionalmente la rotación de la fuerza laboral. Por consiguiente, la democracia económica no puede verse desligada de la soberanía ciudadana, sino justamente como su premisa básica. El objetivo en última instancia del modo de producción está en la emancipación socio-humana del individuo.
La libertad de asociación laboral hace que el movimiento de la economía real - la producción y el empleo – se ajuste a las dinámicas de desarrollo territorial y realización profesional personal. En tales circunstancias cobra relevancia la preparación profesional integral y multifuncional de la fuerza de trabajo. La creación, desintegración o fusión de empresas se asume como natural pues responde a las necesidades de modernización de las fuerzas productivas, ya sea por los imperativos de la eficiencia económica, el desarrollo tecnológico o las tendencias de las necesidades de consumo local y las de los mercados externos en los que se participe.
¿Cómo responden los trabajadores en una empresa de patrimonio colectivo ante el imperativo económico del cierre de la misma?La creación de fondos cooperativos y co-participativos de aseguramiento de la actividad empresarialrefuerza la sostenibilidad social del modo de producción. En el plano social la aplicación de la renta ciudadana básica - amén de todo el sistema público de servicios sociales básicos - mantendría acorralado el fenómeno de la inactividad socioeconómica coyuntural individual y activada la capacidad de reinserción socio-profesional del ciudadano.
En el ámbito de la macroeconomía la re-distribución de la renta, en cambio, es el resultado del aporte (en forma de impuestos) al presupuesto nacional (y territorial) proveniente de las empresas y las personas físicas (trabajadores). La re-distribución de la renta viene también a aprovechar en beneficio común parte de las ganancias extraordinarias que las empresas consiguen en el mercado dadas las ventajas competitivas y/o comparativas de que se sirven (a través de instrumentos fiscales como el impuesto progresivo a la renta, por ejemplo). Toda esa porción del valor social de la producción garantiza el soporte financiero de los servicios básicos públicos que ha de organizar el estado así como los recursos para el fomento de las políticas estratégicas en inversiones infraestructurales y productivas.No estamos en presencia de una distribución caritativa de la renta, propia del modo de producción basado en la propiedad privada, sino ante una distribución solidaria de la renta propiamente nacional.
Las micro, pequeñas y medianas empresas (PYMEs) son un componente marginal de la economía
Falso
Sobre un amplio sector de micro, pequeñas y medianas empresas no-estatales (PYMEs) puede construirse la compleja estructura de cadenas y procesos productivos eficientes. Ello no ha de interpretarse, sin embargo, como la sustitución a ultranza de la propiedad social pública, puesto que ambos sectores están llamados a ser complementarios y no disociadores. De hecho la cuestión del desarrollo de un sector de producción de bienes de capital constituye un problema de economía de escala para Cuba, en cuya solución estratégica ha de jugar un papel básico la formación bruta de capital en conglomerados donde la cogestión pública y no-pública está llamada a adquirir significativa relevancia.
A tenor con lo anterior, es preciso situar el sector PYMEs en su justo lugar. Las PYMEs constituyen un sector imprescindible por dos razones fundamentales:
1.porque son las estructuras de producción que pueden garantizar la dinámica del pleno empleo;
2.porque la composición de su capital orgánico (relación entre capital fijo y variable) ofrece una insuperable capacidad de gestión eficiente y asimilación de los cambios del entorno micro económico local y nacional y, mas allá, del entorno externo en su deseable inserción directa en el comercio exterior.
Por tales motivos el fomento de las PYMEs por el Estado está dado a establecer estructuras productivas que pueden hacer auto sostenible la oferta para el mercado interno de la más amplia gama de bienes y servicios, de aprovechamiento individual y doméstico. Hablo del soporte financiero estructural y técnico para la transformación de unidades de producción de bienes y servicios existentes y el establecimiento de nuevos entes económicos. En ello jugará un rol estratégico la reorientación de la enseñaza técnico tecnológica de nivel medio y superior tomando en consideración las exigencias del intenso fomento de este sector. El tratamiento integral a la estructuración de un sector PYMEs obedece a criterios que prioricen su eficiencia sistémica y se evite con ello el fenómeno corrosivo de la apertura hacia una economía informal precarizada, sin capacidad de desarrollo propio ni aportación a la economía nacional (fenómeno típico de las realidades socioeconómicas del capitalismo periférico).
El modelo de desarrollo de un sector dinámico de PYMEs ha de concebir la interacción directa de sus agentes con el mercado regional e internacional más amplio. Puesto que su patrón de acumulación ha de aprovechar las oportunidades de la exportación y la cooperación industrial. El acceso a la inversión productiva directa externa mediante asociaciones de capital o producciones cooperadas está llamado a complementar la capacidad de ahorro interno. El problema concierne a la eficiente inserción de los agentes económicos nacionales en el entramado de las relaciones de producción y la multifacética división internacional del trabajo desde la perspectiva del aprovechamiento de las cadenas de valor por la economía cubana.
La canalización hacia las PYMEs de flujos de capitales externos puede establecerse de manera eficiente a través y con la garantía para las contrapartes extranjeras del Banco Central de Cuba (y sus dependencias para el fomento y el desarrollo). Ello implica el replanteamiento de la política de centralización de las finanzas de la economía cubana.Se trata, por consiguiente, del planteo de una modelación micro-económica de progresiva pero consecuente apertura externa. El necesario proteccionismo del mercado interno debe ser entendido como la creación de condiciones para la interacción competitiva de las empresas nacionales y no como instrumento de recaudación mecanicista. No pueden esperarse apropiados flujos financieros externos (en cuantía y estabilidad) sin la expectativa de la rentabilidad de los recursos foráneos comprometidos a través de la inserción competitiva de las producciones en los mercados externos. Puesto que en el corto y mediano plazo la capacidad de expansión y absorción del mercado interno cubano estará sometida a un proceso relativamente lento de recuperación. Un proceso que, no obstante, resulta factible de dinamizar especialmente a partir del aprovechamiento del efecto multiplicador del desarrollo de industrias que combinen eficazmente ventajas comparativas y competitivas. Estas potencialidades permanecen estructuralmente bloqueadas.
Si consideramos el principio de democracia económica analizado, no existen por definición impedimentos para que el sector PYMEs asuma un modelo autónomo de relaciones socioeconómicas de producción, dado a mecanismos de mercado dentro del marco regulatorio macro económico establecido por el Estado (Asamblea Nacional y populares locales). Y con ello propiciar la catálisis de interacciones competitivas entre los agentes productivos.
No es imprescindible ni posible en el mediano plazo la convertibilidad plena interna de la moneda ni el ajuste de su paridad.
Falso
Cuando se asume la necesidad objetiva de las relaciones monetario-mercantiles no existe basamento científico para hablar de “armas melladas del capitalismo”, sino de sus funciones en una economía de carácter socialista. Es decir, aquella donde el modo de producción responde a relaciones socioeconómicas entre iguales ante el trabajo y el capital.
Las funciones elementales del dinero como categoría económica no han dejado de ser las de: expresión del valor, mediador en el intercambio de mercancías y medio de atesoramiento. De ahí que la existencia de una moneda única, capaz de proporcionar de manera coherente todas estas informaciones a los actores socio-económicos y entre éstos y el gobierno central sea condición indispensable para el funcionamiento racional de la economía. La forma orgánica de existencia del dinero se da a través del precio. Por lo tanto el precio constituye una categoría económica de máxima utilidad como instrumento de información coherente. El precio de las mercancías, el precio del trabajo, el precio del propio dinero se conjugan para propiciar la toma de decisiones económicas eficientes tanto en la micro como en la macroeconomía.
Si la explotación del trabajo y la acumulación excluyente la genera no el precio de mercado en tanto categoría económica convencional, sino la relación de poder político que establece el sistema de propiedad privada y de relaciones socioeconómicas afines, no existe impedimento alguno para que la economía cubana reconozca el mercado como espacio vital de su movimiento.
Como he tenido la oportunidad de exponer, la concertación de una moneda única puede darse solamente mediante el acercamiento del valor del actual peso corriente al de la moneda denominada CUC. Ello significa dotar el peso corriente de la paridad de dicha moneda, hoy parcialmente convertible. Este proceso no se podrá dar fuera del espacio de interacción socioeconómica que definen los mercados.
El ejercicio económico que permite la “fusión” de ambas monedas establecería una paridad del valor del peso correspondiente con el que determina la demanda interna de CUCs. Se supone que dicha paridad se correspondería hoy con el valor de cambio en el mercado libre interno de la moneda CUC. Si mediante un acto administrativo se suspende de circulación el peso corriente quedando sólo el CUC, todos los precios internos se ajustarían a su paridad interna. Un ejemplo simplificado puede ilustrarlo. Un salario de 300 pesos corrientes sería aprox. de 12 CUC. Pero una libra de carne de cerdo en el mercado que funciona en pesos corrientes sufriría similar reajuste, es decir, se ubicaría en aprox. 0,80 centavos de CUC. El poder adquisitivo nominal del salario actual quedaría intacto. Todo el sistema actual de precios se reajustaría de manera correspondiente. Sin embargo, sabemos que el sistema de precios actual no explica las verdaderas relaciones monetario-mercantiles de la economía (salarios, intereses y valores de cambio).
La conversión nominal del peso corriente al CUC, según la lógica expuesta, ha de asumir un escenario donde los precios puedan oscilar libremente de acuerdo a la oferta y demanda de productos y del propio dinero. Establecemos que el precio de productos de impacto inflacionario sistémico, como los de la electricidad y el combustible, puedan mantenerse bajo control administrativo (condición que, sin embargo, para la economía cubana significa la estimulación vía precios de una consecuente política de ahorro).En tales circunstancias y bajo condiciones de rigidez de la oferta interna del producto, el precio de 0,80 centavos de CUC de una libra de carne puede aumentar por el hecho de un desplazamiento alcista de la demanda. La única forma racional desde el punto de vista de la economía real de equilibrar el precio sería con un aumento de la oferta. La oferta puede aumentarse con producción nacional o con la importación. Si el aumento de la producción puede lograrse sólo en el mediano y largo periodo de tiempo, asumiendo que las capacidades de producción instaladas o son insuficientes o están en el límite de su explotación - considerando márgenes de reservas aprovechables por potencialidades de reorganización -, tal como puede considerarse en el caso de Cuba,la importación sería la válvula de contención de los precios. Pero no cabe esperar una disminución ilimitada de los precios tal que consiga a todo coste validar el bajo poder adquisitivo de compra de los ciudadanos.
Por lo tanto, bajo las condiciones actuales la tendencia a un equilibrio racional en los mercados de consumo surgirá en la medida que el estado desmonopolice la apropiación del excedente. Ello no se logra a través de decisiones administrativas que respondan a demandas reivindicativas de los trabajadores, sino mediante la transformación revolucionaria del sistema de propiedad.Sólo de esa manera se estructurará un reajuste sostenible del flujo monetario tal, que deje en manos de los trabajadores utilidades hoy apropiadas centralmente por el Estado. Podría asumirse que con similar reajuste los salarios aumentarían nominalmente de manera sustancial. Como consecuencia de ello al Estado le tocará el reajuste presupuestario y de sus políticas macroeconómicas, esencialmente a través del aumento de la eficiencia del gasto en la inversión social.Lo que queda planteado es un trasvase de recursos a canales de aplicación que logren multiplicar los efectos dinamizadores de la economía.Pero el aumento sostenible de los salarios de dará solamente en la medida del aumento de la productividad del trabajo. La reorganización de las relaciones de producción y el aumento intensivo de las inversiones productivas (de bienes y servicios) de alto valor agregado por la extendida aplicación de tecnologías propiasy adquiridas, constituyen los factores que determinan el salto de orden en la productividad que se necesita en el mediano plano (10 años).
El aumento compensatorio de la importación ante el déficit de oferta interna de bienes y servicios significaría siempre un incremento de la demanda de la moneda única (convertible), el CUC, para poder comprar los productos a los exportadores extranjeros. Si este incremento no viene compensado a su vez con el aumento de las exportaciones, fuente de divisas directas, el precio de la moneda CUC tendería a apreciarse y a incidir negativamente en la propia capacidad exportadora del país, puesto que los bienes y servicios exportables cubanos se encarecerían de manera desproporcionada. Es lo que sucede ya hoy por la decisión administrativa de mantener una paridad de uno a uno entre el CUC y el dólar (salvo el gravamen administrativo actual) y de similar rigidez con respecto a otras. El impacto negativo es de doble filo. Pues al mismo tiempo se genera una distorsión de los costos de producción internos dado a que las importaciones “baratas” de bienes de capital intermedios inducen el derroche de recursos; mientras que el consumo “barato” el aumento del gasto improductivo. Sin embargo, cabría asumir la apreciación de la moneda única (CUC) si ello significara el aumento de la inversión bruta de capital durante un periodo de mediano alcance. Una tendencia que sería apoyada por medidas de financiación especiales (vía exención de impuestos a la importación, por ejemplo). La economía estaría apostando por una trayectoria de capitalización productiva a expensas de una racional contención del consumo como componente de la demanda agregada. Decisiones que tendrían sentido sólo en un escenario de cambio estructural del modo de producción y de relaciones socioeconómicas.
Esas consideraciones obligan al establecimiento de un proceso de transición reptante hacia la convertibilidad plena interna de la moneda única (CUC).El cual permitiría el ajuste gradual del sistema productivo en la dirección del aumento de su capacidad de producción (oferta de productos). El ejercicio técnico se enmarca en un proceder práctico convencional. Se trata de la fijación por el Banco Central de Cuba (BCC) de grados de libertad de la fluctuación del valor de la moneda única alrededor de un valor referencial definido en base a la canasta de divisas que caracteriza las relaciones económicas internacionales del país. Esta medida obliga al BCC a disponer de un fondo de estabilización en divisas (standby) con el cual enfrentar las contingencias de la demanda de la moneda (regulación monetaria y control paramétrico de la compra y venta de CUCs para los movimientos del comercio exterior). Ello apunta al establecimiento de una política monetaria intervencionista tendiente a mantener los flujos de capitales en zonas de equilibrio con respecto a su demanda y oferta (interna y externa) del CUC y a la de bienes y servicios. Al mismo tiempo se conseguiría un espacio para el aumento de la liquidez financiera por la atracción y gestión de flujos de capitales de corto y mediano plazo. Tal política permitiría que la cuenta corriente (balanza de pago) de la economía nacional no quedase expuesta a los embates de la especulación financiera internacional.
El fondo de estabilización de la moneda convertible CUC ha de ser, en principio, propio. Consideraciones políticas relacionadas con el agresivo bloqueo económico financiero de los EEUU contra Cuba impulsana“blindar” con reservas propias dicho fondo. Pero la eventual dificultad para la economía cubana de “congelar” con tales fines un monto de reservas que podría oscilar en el orden de los 600 millones a mil millones de euros obliga, no obstante, a considerar la garantía de fondos ajenos. Las relaciones de cooperación gubernamental con la República Bolivariana de Venezuela y la República Popular de China crean un escenario plausible para lograr un fondo standby asegurado para un mediano plazo por dichos países. El marco de creación del Banco del Sur podría ofrecer igual posibilidad.Un escenario positivo se daría dentro de una trayectoria de aumento de las reservas internacionales propias, lo que permitiría que el fondo standby sirviera de contrapartida sin que necesariamente tuviese que ser usado.
Lo expuesto conlleva a una observación clave para el éxito de la transformación estructural del modo de producción y relaciones socioeconómicas: la combinación de los cambios orgánicos con un aumento notorio de la capacidad exportadora de valores agregados y la tercerización de la economía (el fomento de la biotecnología, la informática aplicada, el turismo tradicional y el eco-turismo rural autónomo, el fomento de las investigaciones y la aplicación de energías renovables). Ello podrá lograrse en el mediano plazo con la decisiva participación del capital extranjero en inversiones directas. Nada que ver con el fantasma de una “inundación de capital que minaría la soberanía nacional”.Esta trayectoria resulta plausible si el programa de transformación crea las expectativas objetivas sobre las ventajas competitivas que el país ofrecería a los inversores externos en el contexto de la inserción de los actores económicos nacionales en la economía regional pero también mundial. ¿Qué indica esta consideración?, que no puede pensarse en una renovación exitosa del modo de producción más que en términos de una competitiva integración geoeconómíca. Esta proyección permitiría los necesarios reajustes micro y macroeconómicos y el despegue del sistema productivo en un plazo de 5 a 10 años. No existen alternativas viables.
Roberto Cobas A., octubre 2007
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