La renovación del Pacto de Toledo es la vía por la que quieren imponer nuevos recortes a la jubilación
El Banco de España plantea aplicar la rebaja de los precios a las pensiones
El documento enviado al Congreso aboga por aumentar la edad de jubilación, subir los años para calcular la prestación y un IPC especial para el colectivo
Más ciudadanos, con más esperanza de vida y con más derechos acumulados obligan a hilar muy fino para mantener en pie, sin sobresaltos, el sistema público de pensiones. Así lo cree el Banco de España, que ha elaborado un documento, titulado La reforma del sistema de pensiones en España, en el que propone, entre otros puntos, ajustar las pensiones a la evolución de los precios de forma "estricta", es decir, descontando lo que sea menester si el IPC acaba por debajo de lo previsto.
El documento ha sido enviado a la Comisión del Pacto de Toledo en el Congreso y fue la base de la polémica intervención del gobernador del organismo supervisor, Miguel Ángel Fernández Ordóñez, la pasada semana. Fuentes del Banco de España insisten en que se trata de un documento de carácter técnico, elaborado por el Servicio de Estudios y realizado a petición de la Comisión. Insistieron en que, como ya dijo Ordóñez, cualquier decisión al respecto debe ser política y tomada en el seno del Pacto de Toledo.
El informe descansa en una idea central: para mantener el sistema de pensiones vigente en España, basado en el reparto y la solidaridad intergeneracional, hay que emprender reformas urgentes. La inactividad supondría un riesgo porque las proyecciones de Eurostat, la oficina de estadística de la UE, señalan que de aquí al año 2060 vamos a ser más (6,5 millones más), más viejos (la esperanza de vida de hombres y mujeres crecerá en 7,5 y 5,7 años respectivamente) y con una tasa de natalidad escasa (1,39 hijos por mujer). De no actuar, el gasto en pensiones contributivas llegaría al 14% del producto interior bruto (PIB) en 2060 desde el 7,6% de 2007. Todo para hacer frente a una tasa de dependencia (población mayor de 65 años en relación a la población en edad de trabajar) que se disparará 35 puntos, hasta llegar al 59,1% en 2060, ocho puntos por encima de la media de la UE-15 en dicho año.
El panorama es oscuro. Estará marcado por el aumento del gasto y por el déficit en el sistema contributivo. Hay que actuar pronto, precisa el Banco de España, incluso aunque las simulaciones recojan que crecerá el empleo y la productividad. ¿Cuáles son las soluciones? Según la institución, reflexionar sobre vías de reforma, entre ellas éstas:
- Más años para calcular la pensión. Podría reducirse el gasto extendiendo el periodo de cálculo a toda la vida laboral en lugar de los últimos 15 años como se hace desde 2002. La medida aumentaría la relación entre las pensiones percibidas y las cotizaciones realizadas.
- Revalorización estricta con el IPC. En la actualidad, las pensiones se revalorizan con el IPC previsto y se revisan cada año con el IPC de noviembre para compensar la desviación. Hasta ahora como la inflación ha superado casi siempre el IPC previsto (el 2%), los pensionistas han recibido una paga por el exceso y han consolidado la cuantía para el cálculo de la subida del año siguiente. Este año, sin embargo, es posible que el IPC de noviembre sea inferior al 2%, lo que plantearía el problema de descontar o no a los pensionistas lo cobrado en exceso y cuándo, La propuesta del Banco de España hace la recomendación de que se efectúe "también una revisión automática de las pensiones en el caso de que el IPC observado fuese inferior al programado", sin entrar en detalles. Además, sugiere que podría elaborarse un IPC ajustado a las pautas de consumo de los jubilados.
- Ligar la esperanza de vida a la pensión. Se ajustaría la cuantía de la pensión al aumento de la esperanza de vida.
- Supresión de topes. En la actualidad, los tipos de cotización a la Seguridad Social se aplican sobre unos topes salariales máximos y mínimos. Eliminarlos elevaría los ingresos.
- Incremento de dotaciones al Fondo de Reserva. Debería procederse a separar las fuentes de financiación de la Seguridad Social, cotizaciones y aportaciones del Estado, de forma que el superávit por cotizaciones sirviera sólo para aumentar las reservas.
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