La respuesta del gobierno de Zapatero frente a la crisis está resultando insuficiente y, además, mal orientada. Esta respuesta se ha presentado hasta el momento como una tragedia en tres actos. La apertura de la obra estuvo protagonizada por las ingentes ayudas destinadas a la banca, en un proceso de socialización de las pérdidas que confundía el rescate al sistema bancario con el rescate a los intereses privados de los accionistas, y que ni siquiera ha conseguido paliar el problema de la sequía crediticia.
El segundo acto se ha centrado en un plan de inversiones y gasto público que –por insuficiente–, no ha podido frenar la avalancha de despidos, convirtiéndose el desempleo en la principal vía de ajuste frente a la crisis.
En el pasado debate sobre el estado de la nación, Zapatero aclaró el contenido del tercer acto: “saldremos de la crisis con menos ladrillo y más ordenadores”. El presidente anunció una serie de medidas que pretenden impulsar –a partir de las cenizas de esta crisis– un nuevo modelo productivo (entre estas medidas destaca el recorte de la deducción por compra de vivienda).
En efecto, es importante salir de la crisis y más importante aún es cómo salir. Sin embargo, el debate que el gobierno y la izquierda institucional están manejando sobre el cambio de modelo productivo hace presagiar que el carácter trágico de la representación en curso seguirá alargándose para los trabajadores y las clases populares. Así, pareciera que este debate se estuviese ciñendo a la mera identificación de aquellos sectores que deben tomar el relevo de la construcción (se habla de la biotecnología, los servicios avanzados a empresas, la salud o las energías renovables). Del mismo modo, se insiste en la necesidad de incrementar la productividad de nuestra economía y de impulsar el gasto en I+D en sectores clave.
Retomar una política industrial resulta necesario después de décadas de ausencia de ésta, eso es cierto. Pero los vicios del modelo productivo español que –junto con la crisis internacional de las hipotecas subprime– nos han llevado a esta crisis, van más allá de la burbuja inmobiliaria, la fuerte expansión del endeudamiento y la baja productividad de una economía dominada por la construcción y el turismo.
El modelo productivo español se ha caracterizado durante esta última década por presentar niveles de gasto público social muy alejados de la media europea, un crecimiento del salario real medio no sólo negativo durante algunos años (1997-2001), sino notablemente inferior a la productividad por asalariado y un reparto sumamente desigual de la riqueza generada. Esto ha dado lugar a un enorme proceso de redistribución de rentas a favor de los beneficios empresariales y de las rentas del capital: entre 1992 y 2008, y a pesar de que el ritmo de creación de empleo (de mala calidad) ha sido notable, el peso de las rentas salariales sobre el PIB ha caído según datos del INE en casi ocho puntos porcentuales. Además, el empleo temporal ha crecido hasta alcanzar a uno de cada tres asalariados.
Desde la izquierda –al menos desde aquella que aún aspira a un horizonte de transformación social– debe reclamarse una salida a esta crisis que permita dar un giro de ciento ochenta grados a esta tendencia. Hay margen para otras políticas a favor de la mayoría social y, si no lo hay, habrá que empujarlo. En cualquier caso, la izquierda política, social y sindical no puede seguir jugando en el terreno de juego que le marca la derecha liberal.
En primer lugar, deberían desplegarse un conjunto de medidas de urgencia encaminadas a levantar un “escudo social” e impedir que el empleo, los salarios y la cohesión social sigan actuando como variables de ajuste frente a la crisis: por ejemplo, una fuerte subida del salario mínimo y una universalización de las prestaciones por desempleo, prohibiciones de los despidos y los ERE, o un fuerte impulso de los servicios sociales y del empleo público. El margen para financiar esos programas mediante subidas de los impuestos sobre las rentas del capital es sin duda amplio (en lugar de la reciente rebaja de cinco puntos del impuesto de sociedades anunciada por el gobierno).
Pero además, y más allá de estas medidas de urgencia para blindar a los trabajadores frente a la crisis, la izquierda política y sindical debería levantar un programa de ruptura con la lógica neoliberal aún imperante.
Cuatro son los pilares que podrían servir de base para ese programa. En primer lugar, es necesario invertir radicalmente el carácter regresivo de la distribución de la renta de estas últimas décadas: promover la reducción de la jornada laboral a 35 horas sin reducción salarial no sólo ayudaría al reparto del trabajo, sino que además facilitaría dicho proceso de redistribución. En segundo lugar, es necesario apostar por una progresiva liberación de determinados espacios económicos respecto de la lógica de la rentabilidad, extirpando del cuerpo del mercado bienes y servicios necesarios para satisfacer necesidades sociales como la vivienda, las pensiones, la banca o el sector energético. En tercer lugar, urge promover una reconversión ecológica –en clave de sostenibilidad– del modelo productivo (impulsando, entre otros aspectos, una reducción inmediata de las emisiones de CO2). Por último, sería necesario re-regular un mercado de trabajo caracterizado actualmente por una tremenda desreglamentación, precariedad e individualización de las relaciones laborales y, por tanto, por una tremenda indefensión de los trabajadores. Erradicar esa precariedad y restaurar los derechos laborales arrasados en legislaturas anteriores (tanto del PP como del PSOE) no sólo mejoraría las condiciones inmediatas de los trabajadores, sino que permitiría fortalecer la capacidad de negociación de sus organizaciones.
Parece difícil que la izquierda social-liberal, caracterizada por haber acompañado –cuando no gestionado e impulsado– la lógica neoliberal durante las últimas décadas, vaya a poder poner en pie medidas de este tipo. Al menos dos condiciones son necesarias para ello, y no parece que el gobierno esté dispuesto a enfrentarlas: en primer lugar, asumir el necesario conflicto político que –frente a la patronal y a la derecha– supondrían estas medidas. Y, en segundo lugar, romper con la lógica ultraliberal emanada desde Bruselas y apostar por una armonización al alza de los derechos sociales y laborales en el marco europeo (para evitar el chantaje empresarial y el dumping social). Tampoco ayuda precisamente la renuncia de las principales centrales sindicales del país a impulsar en este momento la movilización social.
Sin embargo, un programa apoyado en este tipo de medidas de urgencia es –desde el punto de vista técnico– perfectamente viable (su implementación no depende de aspectos “económicos”, sino de la correlación social de fuerzas que lo empuja). Además, permitiría no sólo blindar a los trabajadores frente a la crisis, sino también oxigenar a una izquierda reiteradamente defraudada y, más importante todavía, volver a situar el horizonte de la transformación social en la agenda política. Esperemos que alguien lo impulse.
*Nacho Álvarez Peralta es investigador del Departamento de Economía Aplicada I de la Universidad Complutense de Madrid.
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