Nuevamente la Fiscalía reactiva el proceso contra el Vicepresidente Francisco Santos por narco paramilitarismo, basados en las declaratorias de Mancuso, según las cuales, ambos personajes estuvieron asociados para crear el Bloque Capital de las AUC.

Este proceso, como muchos otros de la élite uribista, había sido archivado en forma misteriosa, aspirando a ser olvidado, después de haber extraditado a los capos declarantes. Es muy probable que el tráfico de influencias logre definitivamente cerrar este caso y deje a los culpables eximidos de cargos.

Según el acuerdo que habían hecho los responsables del genocidio cometido contra los colombianos en los últimos cuarenta años, la impunidad iba a estar garantizada. Para los autores materiales de la barbarie se diseñó la “Ley de justicia y paz”, que otorga penas entre 5 y 8 años, que se pagan con 3 a 5 años de cárcel; mientras que los autores intelectuales, es decir la oligarquía, ni siquiera aparecen mencionados.

Pero, los acuerdos entre bandidos, difícilmente se cumplen, pues siempre la trampa está primando. Así, cuando Pablo Escobar pacta con la oligarquía meterse a la cárcel de Envigado y pagar una pena mínima, luego tiene que fugarse, cuando se da cuenta que ya habían negociado su extradición.

La historia se repite luego con los jefes del cartel de Cali y ahora con la mayoría de los capos del narco paramilitarismo. Aunque para muchos, los acuerdos con Uribe no eran muy favorables, puesto que los dejaba a paz y salvo con la justicia colombiana, pero seguían siendo criminales de guerra para la justicia internacional. Por eso, estaban interesados en negociar directamente con la justicia gringa, que les brinda cambio de identidad, salvoconducto mundial y portafolio de inversiones para sus capitales no confiscados.

Pero, la extradición se hizo en forma precipitada y sin que muchos hubiesen concluido esas negociaciones con los gringos, llegando a EEUU en mayo de 2.008, en condiciones muy desventajosas, por lo que están recibiendo penas, que traicionan los acuerdos iniciales con Uribe.

El desespero para extraditarlos, se debió al afán de silenciarlos, porque algunos estaban hablando más de la cuenta y estaban develando ante la opinión pública, quienes habían sido los ideólogos, planificadores y jefes del terrorismo de Estado, que convirtieron al territorio patrio en una gran fosa común.

Con la extradición de los principales capos encarcelados y con la eliminación consecutiva de los que estaban libres, pareciera que los criminales de guerra de cuello blanco, dormirían tranquilos. Sin embargo, al interior del bloque dominante también hay contradicciones y alguna rancia oligarquía se asquea de ser gobernada, por esa cáfila de narco paramilitares, que se han tomado el poder por asalto y atropellan a todo el mundo.

Es producto de esas contradicciones inter oligárquicas, que han sido judicializados más de cien parlamentarios uribistas, por estar comprometidos con la parapolítica. Aunque aún falta llamar a juicio a la élite militar y económica.

No están lejanos los años, cuando personajes como Francisco Santos y el mismísimo Álvaro Uribe, deambulaban por campos y ciudades, incluso de los países vecinos, promoviendo y creando grupos narco paramilitares, como la panacea para eliminar la oposición política, para aniquilar los conflictos sociales y poder sobre explotar a los colombianos y entregar sus riquezas al mejor postor extranjero.

Pero, tampoco está lejana la fecha, el próximo primero de noviembre, que entrará en vigencia la Corte Penal Internacional para Colombia, lo que permitirá juzgar el crimen de genocidio, los crímenes de lesa humanidad, los crímenes de guerra y el crimen de agresión; que mediante el soborno han pasado impunes por la justicia colombiana.

Se pone a la orden del día, reactivar las luchas por la Verdad, la Justicia y la Reparación, para que se conozcan los responsables del Holocausto colombiano, para que esos criminales de guerra comparezcan ante la Corte Penal Internacional y se pueda reparar a las víctimas.

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(...) El ELN es una Fuerza Beligerante,que acoge el Derecho Internacional Humanitario y el Derecho de La Haya; que ha planteando concertar una Solución política de paz y justiciasocial para superar el conflicto colombiano y desde la década delochenta del siglo pasado, ha insistido en llegar a acuerdos sobre lahumanización de la guerra para evitar la barbarie que adelanta elEstado colombiano y como insurgentes corregir errores cometidos."

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