Una pregunta muy seria para los candidatos en las próximas elecciones.
Alfonso J. Palacios Echeverría
Dentro de aproximadamente un año Costa Rica tendrá un nuevo presidente de la república, quien asumirá las riendas de la conducción del país en medio de lo que será probablemente la peor de las crisis mundiales. Y los actuales candidatos (o precandidatos, realmente, porque todavía los partidos políticos no han realizado sus convenciones internas para determinar quién será el que los represente), no se han pronunciado acerca de cuál será su posición con respecto de una triste realidad actual: la primacía de lo económico sobre lo social. Y esta es la pregunta fundamental.
No cabe duda de que uno de los retos más graves que enfrentará el próximo presidente de Costa Rica será dilucidar la primacía del sistema social frente al sistema económico. Y ello no será cosa fácil, porque el daño infringido al país con las leyes de implementación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, no en lo que al libre comercio se refiere, con lo que todos estamos de acuerdo, sino referente el cambio del modelo institucional que antes anteponía el sistema social sobre el económico, y ahora lo revierte, requerirá de mucho pensamiento, planificación, convencimiento político al interior del país y aprovechar las oportunidades geopolíticas del momento.
Bajo la premisa de que la sociedad como totalidad debe realizar valores comunitarios, es necesaria para la realización de estos valores, definir un principio interhumano de acción con valor universal, a partir del cual se puedan buscar luego los principios de acción específicos para los sectores individuales. Cuando se ignoran los valores sociales que integran la libertad individual, como sucede en el neoliberalismo, es siempre la libertad individual la que entra en acción, entendiendo por ello la primacía del egoísmo individual o de un colectivo sobre los derechos sociales o comunitarios.
La libertad personal es parte integrante del bien común. Pero como ella está comprometida socialmente, no puede ser la única norma para la concepción de la sociedad. Con miras al despliegue de la libertad, la concepción de la economía y de la sociedad que debe formarse por medio de la política, y ello no puede realizarse sino mediante un cuidadoso equilibrio de las exigencias sociales y las libres decisiones individuales. Por ello decimos que mucho de la confusión que existe en la actualidad, no puedo determinar si por ignorancia o provocada intencionalmente, es que se confunden los propósitos de la economía, el orden social y la política.
La economía tiene como objeto un bien material, a saber, el bienestar material que debe ser conquistado en la concurrencia de diversos factores como el trabajo y el capital; el orden social tiene como objeto el despliegue de la personalidad, en la medida en que éste no puede ser realizado por la economía; la política, el poder sobre el estado obtenido por la mayoría. Pero el principio de acción a través del cual debe realizarse un orden es siempre el mismo: la libertad formal del individuo, con la única prescripción de que las oportunidades deben ser para todos iguales, aunque en la práctica no sean las mismas.
Así pues, el reconocimiento de un imperativo de bien común, que da sentido a la economía como totalidad, pone al político en condición de formular una concepción política que está tanto en la base de la política económica como de la política social: la existencia epistemológica de circunscribir en cierta medida la calidad de la vida mediante normas universales, aplicables a todos los ciudadanos. Ello se fundamenta en un cierto optimismo en cuanto al conocimiento del valor en el campo social, reconociendo la discrepancia real entre el interés individual y el común como hecho empírico, y que puede o no puede ser resuelta por una precisión de la autoridad política, dependiendo de la decisión colectiva de la ciudadanía, no solamente de los grupos de poder e influencia.
Ello depende en amplia medida (aunque no exclusivamente) de la sensibilidad por los valores por parte de los miembros de la sociedad, lo cual puede ser o no –su formación- competencia del Estado, según el ángulo filosófico-político desde donde se mire: los neoliberales optarían por el no, los socialdemócratas por el sí. En otras palabras, pareciera que el orden social prima sobre el orden económico en una concepción contraria a la otra, que privilegia el orden económico.
Si se analiza la realidad histórica de Costa Rica, podríamos ver cómo, a través de los últimos veinte años, se ha ido transcurriendo de la concepción socialdemócrata (en la versión costarricense, que no es pura) hacia la concepción neoliberal, pero amortiguada y dosificada, por los costos políticos que implican, con lo cual llegamos a una situación ambigua difícil de comprender para expertos de otras latitudes, sobre todo cuando provienen de países desarrollados. Existen tremendas contradicciones que impiden catalogar la situación como ubicada en un extremo o en otro.
Sin embargo, con la aprobación del Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, pero sobre todo con las leyes aprobadas para la implementación del mismo, impuestas como requisito que este tratado exigía: la transformación del andamiaje institucional del país, construido bajo los supuestos socialdemócratas y transformados ahora en neoliberales, se produce un cambio hacia el abandono de los derechos ciudadanos para centrarse en las prebendas de las empresas conseguidas bajo este nuevo esquema.
Por ello, cuando vemos cómo, sin haberse todavía implementado todo el alcance de esas leyes, ya se presentan conflictos entre empresas interesadas en lucrar, por ejemplo, en seguros y telecomunicaciones, con los entes reguladores creados, como primeros ladridos de perros rabiosos que exigen lo que consideran su porción de la presa capturad. Por ello es indispensable que los ciudadanos sepamos qué piensan los precandidatos sobre estos tópicos.
En primer lugar habría que recordarle a los futuros candidatos que entre los derechos políticos, que son aquellos que esencialmente tienen como objeto consagrar y establecer los principios y normas de convivencia social, está la ciudadanía, considerada como un derecho de que goza cierto sector del pueblo del Estado. La ciudadanía confiere, a quienes son sus titulares, la facultad de participar en el gobierno, ya sea directa o indirectamente. Los ciudadanos participan indirectamente en el gobierno cuando eligen a otros ciudadanos para que los representen, y participan directamente, ya sea cuando ellos mismos legislan –a través de la iniciativa y el referéndum- o bien cuando resultan electos para ejercer parte de la autoridad del Estado.
Desde su concepción, señalan Assies, Calderón y Salam (2001), la noción de ciudadanía ha sido vinculada a la idea de un Estado-Nación que ejerce una soberanía interna –sobre la población que se encuentra dentro de un territorio determinado- así como una soberanía externa. La ciudadanía surgió como un conjunto de mecanismos institucionales que regularon las relaciones entre el Estado y la población, definiendo los derechos y las obligaciones de esa última e introduciendo el principio de la igualdad formal, en contraste con los arreglos estamentales de la sociedad feudal. Se conceptuó la relación individuo-Estado de manera “secular”, manteniendo la neutralidad estatal frente a convicciones, proyectos ideológicos u otras preferencias “privadas” por parte de los ciudadanos. De tal forma el ciudadano se identificó con el Estado-Nación y, a menudo, dicha identificación se tradujo en una fuerte sensación de pertenencia. En el curso del tiempo, este sentimiento de pertenencia iba a ser respaldado por el desarrollo, o más bien la conquista, de los derechos sociales. Es sobre este fondo que podemos entender el impacto sobre la ciudadanía de la cada vez más amplia globalización. Este proceso tiende a debilitar la importancia de la referencia territorial y, por lo tanto, a socavar los fundamentos de la ciudadanía tradicional.
Para entender el concepto de ciudadanía en la actualidad, superando las definiciones clásicas de los textos conservadores, es necesario recordar que fueron los problemas económicos de América Latina de la segunda mitad de la década del 70 los que proporcionaron el marco para la restricción de los derechos sociales y un crecimiento de la pobreza. La crisis llevó a la adopción de las políticas de ajuste estructural en el marco del Consenso de Washington y al inicio de las reformas del Estado que caracterizaron la “década perdida” de los 80, aunque paradójicamente estos años también fueron en los que se dieron las transiciones hacia gobiernos civiles formalmente democráticos, es decir: hacia el ejercicio de la ciudadanía por quienes estuvieron durante muchos años separados de sus derechos por gobiernos de facto.
Como consecuencia de los programas de ajuste estructural se generaron múltiples presiones, demandas y luchas de distintos sectores sociales por lograr una democratización plena, los que se han ido logrando progresivamente, con avances y retrocesos, en los distintos países latinoamericanos. Sin embargo, los ajustes al cambiante orden global (Assies, Calderón y Salam, 2001) incluyen la absorción de algunas de las funciones del Estado por organismos transnacionales; el manejo macro-económico, por ejemplo, está cada vez más orientado por agencias supranacionales. Así se estrechan los parámetros políticos de maniobra para los gobernantes y se limita a priori las posibilidades de construcción de alternativas. Al mismo tiempo, ciertas funciones de los Estados están siendo reformadas mediante políticas de descentralización y privatización.
Para comprender lo que está en juego en la situación actual del ejercicio de la ciudadanía, es necesario recordar que es precisamente en este momento cuando hace su aparición, con toda fuerza, el neoliberalismo, que no es solamente una doctrina económica, sino que además incluye un proyecto cultural y una particular visión de las relaciones entre el Estado, el mercado y la sociedad civil.
Con el desmantelamiento de los anteriores mecanismos de regulación económica y de representación corporativista (Silva, P. 1999) se busca una despolitización de la economía y se pretende lograr un Estado aislado y blindado de las influencias sociales “indebidas” que pudieran obstaculizar la eficiente realización de las tareas estatales claves. Así, la orientación hacia el libre mercado va de la mano de un concepto procesal de la democracia en el que la toma de decisiones al nivel macro es delegada a un grupo experto de administradores tecnócratas sintonizados con sus partes de las agencias multilaterales. Con ello, no sólo los mercados tienden a desregularizarse, sino que al mismo tiempo las políticas sociales se restringen y se subsumen a la lógica del mercado. El objetivo declarado es eliminar los rasgos “paternalistas” que los Estados habían adquirido en décadas anteriores; se trata de quebrantar así las actitudes clientelares de los ciudadanos y fomentar su sentido de responsabilidad.
Quedó una actividad casi residual de intervención estatal conocida como “la lucha contra la pobreza extrema” después de que las políticas públicas de bienestar teóricamente universalistas de inspiración keynesiana, son revertidas para dar lugar a políticas focalizadas, que buscan capacitar a “grupos meta” para prepararlas para su participación en un entorno competitivo. Y en un intento un tanto difícil, se asigna un nuevo papel a la sociedad civil, con base a la premisa de que los “intereses privados” pueden organizarse para realizar tareas anteriormente a cargo del Estado.
En el caso de Costa Rica, que no pasó por un período de “transición democrática” como muchos países de América Latina, la ciudadanía, concebida como un haz de derechos y deberes de conformación variable, no ha seguido la trayectoria lineal que era de esperarse, sino que ha sufrido un detenimiento producto de contiendas entre las corrientes políticas, con sus manifestaciones sociales correspondientes, y la reconfiguración que implicaron los programas de ajuste estructural.
Lo anteriormente mencionado nos debería llevar a una reflexión sobre cómo conviven discursos “incompatibles” en torno a derechos y ciudadanía pues, mientras los discursos oficiales subrayan los derechos plenos de todo ciudadano, grandes mayorías viven una continua negación de tales derechos. Es decir, se vive una doble lógica, llena de justificaciones y auto-justificaciones del discurso oficial, que impregnan el aprendizaje cultural de las nuevas generaciones de ciudadanos.
Por todo lo antes dicho, los ciudadanos, en el ejercicio de nuestros derechos, debemos emplazar desde muy temprano a quienes pretenden “apoderarse del botín”, a fin de que respondan a estas preguntas trascendentes para el futuro de nuestro país.
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