En un territorio tan relativamente pequeño como es el archipiélago canario, la corrupción está tan extendida y generalizada que es prácticamente imposible encontrar un municipio sin causas judiciales abiertas contra los políticos de turno y los capitalistas que se benefician de los favores de estos.
Hemos llegado a un punto en el cual tanto la prensa como las cadenas de televisión frivolizan sobre semejante problema como si se tratase de un mal menor, sin necesidad de ocultarlo, porque se ha convertido en algo tan común que ya no escandaliza a nadie.
La hipocresía de los medios propagandísticos de las grandes corporaciones que ostentan el monopolio de la información, consiste en ofrecer por un lado la imagen de ser informadores veraces de las tropelías más visibles, y por otro estar controlados por los mismos burgueses corruptos que apoyan propagandística y económicamente a los diferentes partidos políticos que acumulan decenas de sentenciados entre sus filas.
Como dijo Unamuno: “no es raro encontrarse con ladrones que predican contra el robo”.
La verdadera corrupción es la inherente al capitalismo monopolista y colonial que los medios ignoran para que interpretemos que la irresponsabilidad es de las personas egoístas y rastreras que se aprovechan de sus cargos para obtener beneficios sin más. Quieren que asumamos que la corrupción no es fruto de este sistema podrido que está en decadencia, sino de los seres humanos que por “naturaleza” son corruptos. Y de tanto interiorizar esta falacia muchos acaban creyéndoselo.
En días recientes descubrimos que el gobierno autónomico canario adjudicó a dedo la innecesaria reforma del chalet de Ciudad Jardín -deshabitado desde hace más de un año y medio-, que hace de residencia presidencial autonómica en Gran Canaria, por valor de 285.000 euros. Encima el gobierno para ocultar este capricho despreciable declaró los detalles del destino de ese dinero “secretos” nada más y nada menos que por “razones de seguridad”.
Aquí tenemos un claro ejemplo de como en plena crisis, el gabinete presidencial cuyo máximo responsable es Paulino Rivero, se burla públicamente de los canarios que costean este despilfarro y no se depuran responsabilidades.
Pero la lista de casos de corrupción es inabarcable en un artículo. Como mínimo haría falta un libro para detallar las decenas de millones de euros que han terminado en los bolsillos de los capitalistas -inconformes con todas las ventajas económicas y fiscales de nuestro régimen colonial- proveniente de los impuestos pagados por la clase trabajadora canaria.
En Mogán la “Operación Góndola”, en Telde el “caso Faycán” y el “caso de la Mareta”, en Santa Cruz de Tenerife el de la Playa de las Teresitas, en Güimar irregularidades urbanísticas, el “caso Salmón”, la “Operación Paraíso”, Tindaya, Tebeto, Veneguera, la macro-cárcel de Juan Grande, las obras del Confital, el “caso Brisán”, las torres del Canódromo, el caso “Los Frontones”, el puerto de Granadilla y un largo etcétera.
Prevaricación, cohecho, tráfico de influencias, recalificaciones de terreno y malversación de fondos públicos son sólo algunos de los delitos más comunes.
El incumplimiento e interpretación de las leyes a la carta como por ejemplo la Ley de Costas habla por sí solo.
La lista de políticos expulsados de su correspondiente partido y los constructores y demás tiburones corruptos sentenciados ejemplarmente no es tan grande como la montaña de casos de corrupción. De hecho es prácticamente inexistente por la impunidad de la que gozan.
El resultado de esta lacra es la pérdida anual de millones de euros que se le roban a los trabajadores y la destrucción de nuestro territorio y de nuestras tierras productivas. Porque si por algo se caracterizan las obras en Canarias últimamente es porque afectan a terrenos agrícolas, generando conscientemente más condiciones de dependencia.
Todo ese dinero que, acumulado es una cantidad muy importante, bien podría ser empleado para diversificar nuestra economía, incentivar políticas que generen empleo, prestaciones sociales, para el sistema sanitario y educativo, la revitalización industrial y del sector primario, el transporte y obras públicas.
Y debemos de tener en cuenta, que toda esa corrupción que conocemos es solo la punta del iceberg. El principal problema es la corrupción legalizada, la que el Régimen Económico y Fiscal (REF) ampara. La que ocasiona pérdidas millonarias a nuestras arcas mediante la RIC, instrumento legal de evasión de impuestos para los burgueses que lejos de generar empleo está sumiendo en la pobreza y el desempleo a cientos de miles de trabajadores y trabajadoras en Canarias.
Nuestro estatus de archipiélago de Estado en lugar de Estado archipielágico que nos priva del derecho sobre nuestras aguas. Que nos hayamos convertido en un gran lavadero de dinero negro para las mafias internacionales. De esto no se habla.
La Zona Especial Canaria (ZEC), por la cual las empresas tributan en su impuesto de sociedades al tipo reducido del 4% en lugar del habitual que ronda el 25-30%, disfrutan de exensiones y no tributan el IGIC al realizar operaciones de bienes o servicios entre sí.
Las importaciones cuyo destino sea en Zona Franca, mientras así se declaren y ubiquen o posteriormente se efectúe una reexportación a un pais no comunitario, están libre de todo gravamen o impuesto de entrada.
Todos estos mecanismos que favorecen a los capitalistas y nos convierten en paraíso fiscal representan la corrupción más descarada.
Y es que un sistema como el capitalista en su fase imperialista avanzada, lleva consigo la corrupción inevitablemente. Este régimen parasitario mientras dure provocará guerras, hambre, pobreza y destrucción.
Acabar con la corrupción en Canarias implica acabar con este sistema político y económico fracasado. Acabar con la corrupción en Canarias significa acabar con los partidos políticos hegemónicos, los cuerpos represivos de la metrópoli y los capitalistas que no ven en nuestro archipiélago más que una oportunidad para enriquecerse a costa de grandes beneficios y ventajas fiscales.
David Delgado
(*) David Delgado es militante del Partido Revolucionario de los Comunistas de Canarias (PRCC)
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