Zapatero confirmó durante la presentación del tercer Informe Económico del Presidente, que el gobierno español se ha impuesto, como fecha para sacar adelante la nueva reforma laboral, el primer trimestre de 2010. Textualmente dijo que su Gobierno quiere alcanzar un primer acuerdo con los interlocutores sociales (léase patronal y sindicatos antiobreros) en ese plazo.
Con el talante farisaico que le caracteriza, expresó que de lo que se trata es de “fortalecer a las empresas sin debilitar a los trabajadores”. Pero los trabajadores a estas alturas por su propia experiencia conocen que cada reforma laboral que han hecho los gobiernos socialdemócratas del PSOE, ya sea el gobierno del ex presidente Felipe González o del actual Ejecutivo, sólo han significado un retroceso en los derechos y condiciones laborales de los asalariados.
El Ejecutivo de Zapatero está enfrascado en un proceso de reformas que abarcan a la Seguridad Social, al mercado laboral y al sistema de pensiones.
Hace unos meses, la vicepresidenta Elena Salgado incorporó a su equipo en calidad de director general de Análisis Macroeconómico y Economía Internacional, a Ángel Estrada, quien hasta una semana antes era miembro del Servicio de Estudios del Banco de España y, por ende, uno de los autores del informe ultraderechista que publicó a finales de julio ese organismo en el cual se remarcaba lo caro que sale el despido en España.
Las cinco grandes modificaciones en la normativa laboral (realizadas en 1984, 1994, 1997, 2001 y 2006) y las diversas reformas camufladas que se han aprobado durante estos años, fueron siempre en la línea de beneficiar a los capitalistas, en detrimento de los trabajadores.
La última reforma acordada por el Gobierno de Zapatero, la patronal y los sindicatos CCOO y UGT en el año 2006, mantuvo la política de otorgar incentivos y la reducción de cotizaciones a las empresas, rebajó los derechos de los contratos indefinidos, abarató la indemnización por despido improcedente de los contratos convertidos de temporales a fijos y fomentó los contratos basura de formación (sin derecho a prestación por desempleo).
Además, como sucede ahora, a esta reforma laboral la acompañaron la reforma de la Seguridad Social y de las pensiones, elevando el periodo mínimo de cotización para tener derecho a percibir una prestación por jubilación de 12,8 a 15 años, y endureció los requisitos necesarios para poder acceder a la jubilación parcial.
Las nuevas reformas que se avecinan, que evidenciarán una vez más el carácter capitalista del gobierno socialdemócrata del PSOE, profundizarán, siguiendo esta línea que se ha venido desarrollando, la flexibilidad laboral para ampliar el grado de explotación capitalista, agudizando aún más las contradicciones de clase.
En cuanto a las pensiones, el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, dejó claro que el gobierno se plantea la idea de retrasar las jubilaciones anticipadas para que la edad efectiva de jubilación se acerque más a los 65 años.
Se ampliará también el período de cálculo de las pensiones, actualmente establecido en los últimos 15 años, a 20 años, lo que supondría un recorte de la prestación que podría rondar hasta un 20%.
No obstante, no hay que descartar la idea de que se imponga la ampliación del periodo de cálculo a toda la vida laboral. Y si no es ahora, será en los próximos años con toda seguridad.
También se baraja la posibilidad de modificar la pensión de viudedad: que no sea vitalicia, y que sólo la perciban las personas con menos recursos económicos.
En cuanto a la reforma del mercado laboral, el epicentro del diálogo que mantiene el gobierno con la CEOE y los sindicatos gira en torno a la propuesta de compatibilizar la reducción de jornada con reducción salarial. Lo que se conoce como “modelo alemán”, que implica que a los empresarios se les permita reducir la jornada laboral para que no se produzcan despidos, pagando la mitad del salario, y los trabajadores cobren un 25% del sueldo a cargo de las prestaciones por desempleo, y el otro 25% dejen de percibirlo.
Como ya explicamos en artículos anteriores, esta formula que existe ya en la legislación española (en los Expedientes de Regulación temporal de Empleo), traería consigo la novedad de que las empresas no tendrían la obligación de cumplir ninguno de los requisitos que hay para los ERE’s. Y como adelantó Celestino Corbacho, ministro español de Trabajo, la aplicación de esta fórmula está pensada para los grandes empresas. Es decir, aquellas que mayoritariamente están en manos de las corporaciones financieras o tienen sus participaciones en ellas.
CCOO ya expresó que las propuestas laborales lanzadas por el gobierno “coinciden básicamente con las demandas sindicales en el diálogo social”.
La CEOE por su parte, pide que se reduzcan las prestaciones por desempleo y su duración, además de la reducción de los costes de contratación de parados y la eliminación de la rigidez de los salarios reales en los convenios.
Así las cosas, en los próximos meses saldrán adelante con el consenso del gobierno, la patronal y los sindicatos del sistema, las contrarreformas que en plena recesión económica empeorarán aún más los derechos y la capacidad económica de los trabajadores.
Por nuestra parte, no nos queda más que decir que, o espabilamos, o nos comen vivos. Y espabilar significa: movilizar, unir y pelear.
El régimen colonial del imperialismo español en Canarias sólo traerá cada vez más miseria. Ya es hora de construir la República Socialista Canaria. ¡A por ella, trabajadoras y trabajadores!
(*) David Delgado es miembro del Comité Central del Partido Revolucionario de los Comunistas de Canarias (PRCC)
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