Sede del Tribunal Constitucional
Cuatro días se ha tomado el Tribunal Constitucional para deliberar si la consulta propuesta por el gobierno vasco a la sociedad vasca era o no legal. Lo cual implica una pérdida de tiempo, pues hasta un niño de seis años que sepa leer, concluiría en unos minutos que no, dado que cualquier consulta de este tipo requiere por ordenamiento constitucional la autorización del Estado central (artículo 149.1.32) y, como sabemos desde hace mucho tiempo, no era el caso.
Es suponible que se ha tratado más bien de una escenificación de funcionamiento institucional de cara a la galería, estética vaya, para dar una especie de consistencia democrática a algo que vuelve a cuestionar la Constitución Española, lo que, por cerrazón, interés o pusilanimidad de nuestros políticos del bipartidismo no ha lugar.
Lo cierto es que si la realización autónoma (Euskadi en este caso) de una consulta popular por el ejecutivo vasco, y de carácter político para que se exprese la voluntad general ciudadana, la misma que le permite gobernar con sus votos, se puede considerar inconstitucional, estamos ante una obstaculización del ejercicio de la soberanía popular, principio básico de la democracia.
Eso quiere decir que, si algo es democrático pero no es constitucional, necesariamente la Constitución ha de ser revisada y modificada.
Como sí es constitucional pero no es democrático, que la Jefatura del Estado posea carácter vitalicio y hereditario, y se sustraiga al ejercicio de la soberanía popular. O bien, como ha ocurrido en estos días, con la “elección” de los miembros del CGPJ, hayamos asistido de nuevo a la aniquilación constitucionalmente consentida de la división de poderes (ejecutivo, legislativo y judicial), división que, en democracia, significa que todos y cada uno de los representantes de estos poderes , deben proceder directamente de la voluntad general ciudadana, como manifestación del ejercicio de la soberanía popular, sin quedar supeditado un poder al interés o voluntad de otro.
En fin, como decíamos, una victoria del ordenamiento constitucional, pero un atropello democrático. Un motivo más para mantener nuestra lucha por una democracia real (radical) y un Estado republicano y federal.
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