El Congreso de Honduras fue la punta de la espada
Faltaban tres días para la firma del Acuerdo de Tegucigalpa, cuando desde Kaos en la Red advertimos que el desenlace final ya había sido trazado en Costa Rica, desde que el mediador, Oscar Arias, decidió discutir primero las condiciones y después la restitución, cuando “una elemental lógica indicaba que debió ser exactamente al revés”.
También sostuvimos que, según la Constitución hondureña y los términos en que fue redactada la propuesta de Tegucigalpa, el Congreso no estaba –ni está- legalmente obligado a acatar la voluntad de la comunidad internacional. No fuimos los únicos que apreciamos la situación. Mucho antes, el 20 de octubre, en una larga conversación que sostuvimos en Caracas, la canciller Patricia Rodas se despojó de todo romanticismo: “si (la restitución de Zelaya) ocurre hoy, mañana, el otro mes, o dentro de un año,los que seguirán perdiendo espacios de poder son la oligarquía y los golpistas, porque durante ese tiempo el pueblo se organizará, se movilizará, irá perfeccionando sus formas de lucha y encontrando nuevas expresiones de combate”. Además, sentenció: “Sin restitución no habrá elecciones legítimas”.
Después de casi cuatro meses, los hechos hablan a gritos, mientras el implacable cronograma silencia todo intento de alcanzar el objetivo central del Acuerdo. El negociador de Zelaya, Juan Barahona pronosticó, por pura intuición, que el diálogo nació “muerto” desde Costa Rica. Tegucigalpa remató la faena y transformó su sospecha en convicción unánime. El propio Zelaya, -más comodemostración de su paciencia franciscana que por confianza en las negociaciones- concedió una última y remota oportunidad de rectificación al Acuerdo aprobado en la capital hondureña.
Sin tapar el sol con el dedo
Hay que admitirlo sin complejos. Micheletti tiene un mérito gris, pero mérito al fin. Ganó palmo a palmo, minuto a minuto, día a día, semana a semana, la batalla contra la restitución del presidente constitucional Manuel Zelaya. Y lo hizo, expresando abiertamente sus intenciones, algo que sólo se puede hacer en un Estado como Honduras donde, históricamente, las instituciones y la oligarquía funcionan con rutinaria solidaridad.
En un Estado sin discrepancias institucionales, cuando las hay, es porque forman parte de esos rituales que periódicamente ejercitan las democracias “climáticas” para legitimarse. Por eso, ni el Congreso ni la Corte Suprema le preguntarán a Micheletti cómo “no se enteró” de que los militares encañonaron, apresaron y expulsaron a Zelaya sin su autorización, a pesar de ser jefe del Estado y Comandante en jefe del Ejército. Micheletti tampoco le dará esa explicación a los magistrados y jefes parlamentarios, muchos de los cuales conocieron su carta, dos días antes del golpe, dirigida al general Romeo Vásquez Velásquez, en la que le recordaba que los “hondureños que quieren cambiar nuestra Constitución no merecen estar en este país”.
Únicamente Vásquez Velásquez podría demostrar que fue así, pero tampoco lo hará, porque la misiva, -insultante para un militar de cualquier rango- ni siquiera rozó sus charreteras. Por el contrario, el jefe del ejército aceptó, mansa y públicamente, ser sacrificado en el altar de la “institucionalidad”, a cambio de un juicio “benevolente” y una jubilación sin sobresaltos. En la práctica, la ausencia de plazos y garantías para restituir a Zelaya fue un artículo “pétreo” a la medida de los representantes de Micheletti. Lo fue desde el comienzo de las negociaciones, hasta que se arribó,finalmente, a la falsa expectativa del Acuerdo en el Congreso de Honduras.
El Acuerdo de Tegucigalpa, pese a ser el más burdo, resultó ser el más sincero, por su perversa transparencia, al incluiruna frase de esas que en los contratos amañados se suele redactar en letras menudas: “en lo procedente”. No se emplazaba al Parlamento a restituir a Zelaya, por el contrario, se le reconocía la facultad de rechazar o aceptar la resolución hemisférica, a sabiendas de que la decisión negativa ya estaba tomada y –peor aún- anunciada. Así fue de simple y de trágico.
El mazo enguantado
De Costa Rica a Tegucigalpa, hurgando entre discursos y propuestas de toda índole, no hemos encontrado un solo argumento razonable para darle a ese proceso un calificativo distinto al de una estrategia, tácitamente consensuada, contra el mandatario depuesto y completamente adversa a la resolución original de la OEAque instaba a larestitución “inmediata, segura e incondicional”, en un plazo de 72 horas. Lo que ha sucedido no tiene nada que ver con esa resolución, que irónicamente sigue vigente, en teoría. Los hechos, tercamente reiterativos, muestran cómo las negociaciones fueron involucionando mientras el discurso diplomático creaba la sensación de ir avanzando, cuando en verdad se retrocedía hasta el punto de partida. Las “coincidencias”, demasiado sistemáticas, marcaron disciplinadamente el rumbo final de las negociaciones, disolviendo, -incluso desmintiendo- a su paso el espumoso discurso reivindicativo de Insulza y Arias. El producto final tiene su marca de fábrica.
Reconocidas o desconocidas las ilegítimas elecciones del 29 de noviembre, así sea con observadores internacionales del Rotary Club, con fundaciones privadas, con organizaciones anticastristas de Miami o con entusiastas organizaciones opositoras a los gobiernos de Chávez, Correa, Ortega y Evo Morales, Micheletti por fin podrá declarar “resuelta” la crisis institucional y aliviar su aguda crisis económica y comercial con ayuda norteamericana, aunque para ello haya tenido que saltarse a la torera el clarísimo mandato de la comunidad internacional, ya revocado por vía de hecho, con consecuencias todavía adormecidas por la burocracia diplomática.
El desenlacecoloca sobre los hombros de la OEA – y más que todo de Insulza- una deuda política impagable con los países miembros, a quienes debe varias explicaciones, entre ellas su sospechoso “receso”, que la misión norteamericana esperaba a la vuelta de la esquina para asumir, en menos de 48 horas, el control absoluto de las negociaciones. Sin embargo, el saldo sigue en rojo. Haberle negado a los hondureños el derecho a decidir si quieren o no una Constituyente y al presidente depuesto  de reasumir con mediana dignidad el poder, es una victoria momentánea porque Zelaya, por sí mismo, pero sobre todo más allá de sí mismo, es una circunstancia internacional con efectos multiplicadores inevitables dentro de la sociedad hondureña, que tendrán que ver mucho con un cambio de estrategias en la reconstrucción de los altos y medianos liderazgos. En cualquier momento, Micheletti y Zelaya tendrán que confrontarse ante el país, vale decir, en la calle, pero esta vez sin el control directo de los medios, sin ejército, sin apoyo institucional, sin siquiera escoltas, en el caso del primero.
Sin la hoja de parra
¿Qué pasará con Zelaya y micheletti después de enero, cuando asuma el “nuevo” (las comillas son a gusto del consumidor) gobierno? Será una ruda apuesta, porque desde el 28 de junio el hombre fuerte de Honduras no representala unidad y la reconciliación de los hondureños y menos aún a partir de enero. La matriz de opinión espontánea –que es distinta a la mediática- identifica a Micheletti como símbolo de intolerancia, división y anarquía, atributos no precisamente favorables para coronar su vieja aspiración de ejercer la Presidencia por votación popular. ¿Qué responderá Micheletti cuando los ciudadanos, mirándole directamente a los ojos, le pregunten por qué hizo lo que hizo y no hizo lo que debió hacer?  Fuera de las fronteras hondureñas, a Micheletti le valdrá más el silencio que explicar sus razones para burlar el espíritu del Acuerdo.
Las preguntas serán, en ambos casos, menos comprometedoras para Zelaya, quien, en cambio, lamentará haber perdido esa batalla, básicamente por su ingenuidad al confiar en dos cosas que nunca existieron: las reservas éticas del congreso para interpretar la esencia del Acuerdo y la voluntad política de la OEA y Estados Unidos para hacerla respetar. Pero, a diferencia de Micheletti, la imagen de Zelaya viene montada sobreantecedentes que generan expectativas a su favor en el largo plazo, una de las cuales, bastante probable, es que a partir del próximo año la confrontación política coloque a Micheletti en la posición de acusado y a Zelaya en la de acusador. Y en ese terreno, muy poco valdrán las opiniones de la Corte Suprema de Justicia, del Congreso o del Ministerio Público de Honduras.
En el imaginario popular, Zelaya es la víctima y Micheletti el victimario. Hasta por inercia, el engaño orquestado contra Zelaya ha derramado sobre el ex mandatario un manto de estoicismo heroico. Tras la derrota humillante, su aureola de mártir tendrá una alta rentabilidad política y electoral. Inteligentemente administrada, en los próximos cinco años podría proyectarlo como un arrollador fenómeno de opinión pública hacia la retoma del poder.
Por lo demás, es obvio que el Zelaya de ahora no es el mismo que los militares apresaron y expulsaron en pijamas el 28 de junio. Viene precedido, entre otros acontecimientos, por uno que no tiene precedentes cercanos ni lejanos. Zelaya disfruta de la más alta cuota de apoyo  internacional jamás lograda   por un presidente depuesto –incluido el ex  mandatario de Haití, Jean-Bertrand Aristide- en toda la historia de Europa, América Latina y el Caribe.
Eso, que poco importa a Micheletti y mucho a los zelayistas, podría también sensibilizar a millares de institucionalistas en las filas civiles y militares, independientemente de que estén o no con Zelaya. Incluso, hará cambiar de opinión a varios de los actuales aliados de Micheletti, ya liberados de compromisos políticos y ganados por el oportunismo. De hecho, en un programa de TV, el diputado liberal Wenceslao Lara le espetó al ministro de la Presidencia, Enrique Flores Lanza: “Estoy resentido porque ustedes quisieron romper el orden constitucional y no me voy a prestar a esas sinvergüenzadas (sic). Me avergüenzo de ustedes. Usted no es liberal. Los liberales no somos golpistas”.De todo habrá en ese deshumanizado río revuelto que es la lucha por el poder.
Mientras tanto Zelaya, exiliado u oculto, enjuiciado, preso, y hasta muerto en territorio hondureño, será un problema político difícil de manejar para cualquiera que asuma el gobierno en enero.
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