Ante la crisis económica que va a reducir sustancialmente los ingresos de las arcas públicas arrecian las voces urgiendo la introducción del co-pago del usuario por la utilización de los servicios sanitarios, celbrada el pasado mes de septiembre en Zaragoza
En la última reunión del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud la propuesta lanzada por la Consejera de Sanidad de Cataluña – Marina Geli – fue calurosamente respaldada por los Consejeros de Asturias, Madrid y Comunidad Autónoma Vasca.
La iniciativa pretende que se introduzca el abono de un porcentaje del precio de los medicamentos por parte de los pensionistas, para posteriormente requerir el pago de un ticket moderador al conjunto de los usuarios para acceder a consultas, urgencias, etc[1]. El objetivo declarado es contener el gasto farmacéutico que supone ya el 25% del gasto sanitario público total y el uso abusivo o injustificado de urgencias, consultas, etc.
A ellos se ha sumado recientemente el ex Ministro de Sanidad del PSOE Julián García Vargas. El fue quien encargó en 1991 a Abril Martorell el tristemente famoso Informe sobre la reforma del Sistema Nacional de Salud, que fue retirado ante la amenaza de huelga general contra parecidas recomendaciones y de huelga de hambre por parte de las Federaciones de Pensionistas de CC.OO. y UGT.
García Vargas opina que "sería bueno llevarlo al Consejo Interterritorial, seguro que allí se sumarían varias CC.AA. y a partir de ahí se iniciaría el camino". Afirma que la introducción del co-pago "es algo educativo y bueno para todos" y que hay "un exceso de de uso de Urgencias, un exceso de recetas de pensionista..etc"[2].
Hay voces que, aún partidarias del co-pago, alertan de la inconveniencia de introducirlo en un momento en el que a la carestía generalizada, se suman los despidos masivos, sobre todo, el recuerdo todavía caliente de la inyección masiva de dinero público a los bancos en peligro por su insaciable especulación financiera.
Las consideraciones de los Consejeros y el ex Ministro son las mismas que hace 17 años: la cuantía del co-pago no sería la misma para los ricos que para los pobres, para los primeros sería una cantidad simbólica, etc.
Habría que preguntar: para el cálculo de la diferente aportación, ¿se establecería un carnet diferenciado para ricos y pobres? o bien ¿se introduciría una burocracia imposible de gestionar para el cálculo proporcional de la cuantía del co-pago?.
Por otra parte, ¿qué se entiende por aportación simbólica? Es evidente que pueden mediar abismos entre lo que considere como tal un banquero, y quienes perciben la pensión mínima o el salario de integración.
La experiencia de introducir tickets moderadores muy bajos (menos de 2 euros) ya se ha realizado en otros en otros países, como Canadá y ha tenido efectos demoledores: se reduce drásticamente el uso el uso de servicio sanitarios o medicamentos para el 20% más pobre de la población, para quien esa cantidad es relativamente importante, independientemente de la gravedad de su padecimiento.
Tanto el gasto farmacéutico injustificado o como la sobrecarga de las urgencias tiene razones múltiples, bien conocidas, entre las que destaca el déficit de personal sanitario, la consiguiente masificación de las consultas de atención primaria, sobre las que también recaen demandas socosanitarias, de salud mental y las consecuencias de la práctica inexistencia de la medicina preventiva, que a falta de otros recursos se “resuelven” con recetas.
Las propuestas deben ir dirigidas al aumento y racionalización de los recursos sanitarios públicos, que redundaría a medio plazo en una reducción del gasto, además de lo que es más importante: la mejora en la calidad de la atención.
Si no se abordan este tipo de medidas es porque la estrategia privatizadora está bien arraigada y el beneficio privado es incompatible con la universalidad de la asistencia sanitaria: el 80% del gasto es consumido por el 20% de la población de más edad, enfermos crónicos y personas con escasos recursos. Como las mutuas patronales y las aseguradoras privadas saben bien, el negocio está garantizado si se rescinde de estos sectores.
Por el contrario, la valoración desde principios irrenunciables de equidad, salud y servicio público sólo puede ser la siguiente:
- No se puede aceptar ningún tipo de pago para el acceso a servicios sanitarios, ni ningún aumento en la aportación del paciente a los medicamentos, ni de activos, ni de pensionistas, que sólo contribuiría a empeorar la accesibilidad económica, ya muy deteriorada por la caída en picado de las condiciones de vida de la población.
- El servicio sanitario público debe ser gratuito en el momento de uso. Son los impuestos directos, los que gravan la riqueza, los que deben establecer diferencias en las aportaciones a las finanzas públicas.
- El co-pago obedece a objetivos recaudatorios y, sobre todo, a quitarse de en medio a los mayores obstáculos al negocio privado en sanidad: enfermos crónicos, personas mayores y pobres en general.
En esta dirección va la manifestación convocada para el jueves 13 de noviembre, a las 19 horas, desde Cibeles a Sol por la Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad Pública contra la Privatización de la sanidad y por la Derogación de la Ley 15/97 de Nuevas Formas de Gestión.
La respuesta trabajadores de la sanidad y usuarios debe ser clara y contundente, esta vez si, "disuasoria".
[1] La noticia completa puede verse en http://www.lavanguardia.es/lv24h/20081024/53565886996.html
[2] Entrevista realizada por Sanifax, 28 de octubre de 2008
Ángeles Maestro fue diputada portavoz de sanidad en el Congreso y actualmente miembro de la Coordinadora de Trabajadores de la Sanidad Pública
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