Quito, 12 de enero del 2009
LA CONAIE A LA OPINION PUBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
La responsabilidad absoluta de los hechos en el Sur del país es del gobierno ecuatoriano exclusivamente.
Las dos cadenas nacionales de televisión, mostraron al país una serie de hechos descontextualizados y tergiversados. La CONAIE ha insistido desde hace meses en la necesidad de medidas estatales frente a la forma en que se ha venido haciendo minería en el país; hemos criticado el carácter neoliberal de la actual ley minera en vigencia y señalamos de fundamentada que la ley minera promovida desde el ejecutivo es también de carácter neoliberal y generará graves consecuencias sociales, ambientales y económicas para el país. Hemos venido insistiendo por todos los medios en que es imperativo un debate nacional serio, responsable y riguroso sobre la minería en el país y hemos emplazado al Presidente y a los Ministros diversos que hable al país con la verdad: la minería a gran escala y a cielo abierto, que es la que se pretende imponer en el país con la actual ley minera es una práctica lesiva en todos los países donde se ha practicado.
Como organización nacional, hemos señalado que es urgente y necesario que ante todo se regule la actividad minera ya existente en el país.
Nuestro pedido de que se archive la Ley Minera que se la promueve desde el ejecutivo se fundamenta en el carácter inconstitucional de la misma; se ha desconocido derechos fundamentales como el de la consulta, no hay garantías suficientes para la protección del entorno natural y del agua. Es de conocimiento mundial que esta actividad genera graves impactos de orden ambiental si no se la hace con el máximo rigor. Nos ratificamos en que si es necesaria una Ley Minera, pero esta debe ser elaborada por la Asamblea Nacional Legislativa una vez elegida y más no por un Congresillo cuya legalidad y mandato es fuertemente cuestionado a nivel nacional y mundial. Si el país desea ingresar a la era minera, debe ser luego de un serio legal y sistemático debate nacional, con todas las garantías para derechos fundamentales y pensando fundamentalmente en el interés nacional con plena garantía a derechos. No ha habido en el país un debate serio sobre la Ley Minera que se impone desde el Ejecutivo. Nos hemos retirado de la sala del Congresillo porque no había garantías para un debate serio e integral. En una reunión de un par de horas no se iba a abordar este tema de manera debida. Es irresponsable para el país pretender que esta es la forma de debatir, y construir consensos con prioridades para el país.
La violencia ha sido generada desde el estado que ignora sistemáticamente las innumerables voces que desde hace dos años piden un debate serio para la construcción de una ley de minería en la que se garanticen derechos. El país ha sido testigo de toda una serie de iniciativas desde sectores indígenas, campesinos, agricultores, ecologistas, de derechos humanos para un debate nacional sobre minería, lo que ha sido completamente ignorado desde la Presidencia de la República. Por ética y respeto a las víctimas, la CONAIE no hace públicas las imágenes ni testimonios sobre la violencia contra las comunidades que resisten a la Ley Minera: decenas de hombres y mujeres asfixiados por los gases lacrimógenos, incluso niños y personas de la tercera edad, una líder que fue desaparecido en perfecto estado de salud y que ahora apareció gravemente herido, su vida está en peligro. Este ciudadano tendría lesiones cerebrales irreversibles. Decenas de comunidades están sumidas en una situación de terror al saber que sus tierras están concesionadas a empresas transnacionales y que muchas de ellas deberán abandonar sus hogares o cohabitar con una industria que los matará progresivamente de contaminación y destrucción de su hábitat.
El movimiento indígena no tiene ninguna responsabilidad en la tragedia que se dio en 1993 en Nambija donde perdieron la vida varios cientos de compatriotas. La responsabilidad de ello fue la de un estado incapaz de garantizar derechos y de empujar a nuestros hermanos a buscar actividades de sobre vivencia a como de lugar. Ello muestra que la actividad minera es de alto riesgo y que por ello se debe tomar todas las medidas para una Ley Minera responsable, debatida, garante de derechos.
No hay Minería segura a nivel mundial. En las minas de mayor control y donde se ha usado alta tecnología se han dado accidentes graves que han contaminado irreversiblemente cuencas de agua he intoxicado a cientos de personas. El costo de la reparación de estos accidentes ha sido altísimo. El país aún no cuenta con la tecnología ni con las instancias de control que reduzcan a la expresión mínima de estas tragedias. La experiencia de la Amazonía Norte debe servirnos de escuela: la contaminación originada por la explotación petrolera es gigante, irreversible y cientos de ecuatorianos y ecuatorianas han sido víctimas de lo que se ha considerado una hecatombe ambiental. Nos preguntamos si este se entiende en el gobierno actual o simplemente no se lo quiere entender y se considera que el derecho a la vida, a un medio ambiente sano, a vivir en paz y seguridad y a la salud es para unos pocos ecuatoriano y que la muerte de otros es el precio a pagar por lo que erradamente se ha llamado progreso.
La CONAIE, como organización histórica y responsable con el país, condena enfáticamente y ha condenado siempre todas las formas de violencia. Lamentamos que ciudadanos y ciudadanas del país se hayan visto afectados por las acciones montadas en el Sur del país. Los responsables probablemente son infiltrados en una movilización legal y legítima enmarcada en el derecho a la resistencia. Nada prueba que el policía herido que sin escrúpulo alguno se lo muestra al país, haya sido herido por quienes hacen parte de la resistencia. La retención de otro Policía habría sido hecha para evitar la progresión de la violencia pues había y hay varios detenidos de cuya integridad debe ser precautelada.
Desconocemos como organización nacional de representación de las Nacionalidades y Pueblos Indígenas con quién se ha consultado en el proceso de elaboración de la Ley Minera. Nosotros no hemos sido consultados y otros importantes sectores tampoco lo han sido. Lamentamos que el Gobierno haga eco de voces indígenas aisladas de individuos sin vínculo alguno con organizaciones indígenas pero si relacionados con las empresas, para pretender que hemos sido consultados.
Denunciamos con preocupación y condenamos la campaña de desinformación por la que se está preparando a la opinión pública nacional e internacional para mayor violencia de parte del estado. Se está criminalizando la protesta social, se está estigmatizando irresponsablemente a personas y organizaciones y se está satanizando posiciones que desde el inicio han pedido diálogo, debate, transparencia, responsabilidad.
Hacemos un público llamado a la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, al Relator de la ONU y de la OEA para los Derechos Indígenas, al presidente del Consejo de Derechos Humanos – ONU, a los organismos de derechos humanos nacionales aún coherentes con su mandato institucional y a los organismos internacionales, para que actúen en el marco de sus mandatos para que se garanticen derechos en el país. El discurso gubernamental, hecho público por el Ministro Larrea a la ocasión del Día internacional de los Derechos Humanos por calificar de irresponsables y exageradas las afirmaciones de que en el Ecuador hay violaciones de Derechos Humanos y las del Ministro Bustamante que calificó de criminales y canallas a quienes están en el proceso de resistencia, evidencian tendencias gubernamentales de tintes fascistas y de irresponsabilidad impropias de miembros de un gabinete democráticamente elegido. Estos Ministros deberían ser suspendidos de sus funciones y eliminados de toda posibilidad de presencia el la futura Asamblea Legislativa.
Consejo de Gobierno de la CONAIE.
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