En los últimos años, al tiempo que se está produciendo en todo el estado un importante deterioro del sistema sanitario, políticos y gestores difunden el falso discurso de que lo público no funciona, para justificar la introducción de medidas privatizadoras, supuestamente destinadas a salvar lo que ellos mismos han deteriorado.
El objetivo es convertir la Sanidad Pública en un negocio más. El objetivo de políticos y empresarios es que la privatización pase lo más desapercibida posible, por eso, comienza por los denominados servicios auxiliares (limpieza, comidas, mantenimiento…),
pasando a continuación a los servicios médicos y clínicos, hasta el punto de que ya existen hospitales y centros sanitarios de propiedad totalmente privada, con contratos con la Administración Pública por 30-60 años que les aseguran elevados beneficios, y que sólo tienen de público los pacientes y el dinero que reciben.
Los beneficios, por supuesto, son privados, aunque si tienen pérdidas siempre recurren a la Administración Pública.Todas las medidas que se están aplicando van dirigidas a facilitar la entrada de empresas privadas en la sanidad, cuando la evidencia internacional demuestra que los hospitales con ánimo de lucro tienen resultados mucho peores que los que no reparten beneficios:
Mortalidad en adultos un 2% superior.
Mortalidad en recién nacidos casi un 10 % superior.
Mortalidad en determinados pacientes crónicos–renales un 8 % superior.
Disminución de limpiadoras y más infecciones hospitalarias.
Disminución de médicos y enfermer@s por cama.
Menor número de días de estancia hospitalaria (altas prematuras).
Los centros privados parasitan a los públicos (eligiendo las operaciones y pacientes más rentables). Su principal finalidad es el reparto de beneficios económicos.
El dinero público, en vez de utilizarse para nuestra salud, acaba en manos privadas. Por otra parte, nos están bombardeando con noticias de que “la sanidad pública no se puede sostener” (ocultando que el gasto sanitario se ha disparado sin aumentar recursos, precisamente en las CCAA donde más ha avanzado la privatización), para preparar y justificar la introducción de mecanismos de copago que, de introducirse, limitaran el acceso a los sectores de población más desfavorecidos, incrementando las ya muy elevadas desigualdades en salud (en el estado español, las diferencias de esperanza de vida entre barrios de una misma ciudad, son de hasta 9-10 años, e incluso de hasta 16,6 años entre zonas de un mismo barrio).
El copago ataca los principios de universalidad y gratuidad, pudiendo convertir en crónicas patologías agudas, potencialmente curables. Las medidas privatizadoras son posibles por la existencia de leyes autonómicas y estatales (como la Ley 15/97) que permiten la entrada de las empresas privadas con ánimo de lucro en la sanidad. Estas leyes han sido aprobadas por PP, PSOE, CiU, PNV y CC, siendo por tanto los responsables de lo que está ocurriendo.
Para defender nuestro sistema sanitario público deberemos movilizarnos y exigir:
La derogación de todas las leyes que permiten la privatización.
Que no se implanten medidas de copago. Coordinadora de Organizaciones por la Sanidad Pública
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