La Asociación Venezolana de Amigos de Euskal Herria pide a la Sala Penal del Tribunal Supremo de Justicia que cumpla con la leyes venezolanas y los Tratados Internacionales suscritos por Venezuela y a la Fiscalía General de la República que vigile que se cumplan los extremos constitucionales en este caso.
Iñaki Etxebarria Landazabal fue detenido ilegalmente el 21 de abril, presentado a un Juzgado de Control el 25 de ese mes y posteriormente pedido en extradición por el Reino de España. Tras dos meses de detención, fue realizada la audiencia pública en la Sala de Casación Penal del Tribunal Supremo de Justicia el martes 30 de junio. En dicha audiencia quedó claro que la Fiscal General de la República, en escrito presentado ante la Corte, estimaba improcedente la extradición. Igualmente, la Fiscalía anunció en esa audiencia la apertura de una investigación penal por las circunstancias irregulares que rodearon la detención y posterior presentación ante un Tribunal de Control de Iñaki Etxebarria.
Hoy, 21 de julio, se ha cumplido el plazo de 15 días de despacho que otorga la ley a la Sala para tomar una decisión y esta no ha sido tomada.
Hacemos un llamado urgente a las autoridades judiciales, a la Fiscalía General de la República, a la Defensoría del Pueblo,a las organizaciones de Derechos Humanos y a los movimientos sociales, para que exijan, junto a nosotros, que reine el imperio de la Ley en el caso de Iñaki Etxebarria.
Iñaki Etxebarria Landazabal, quien lleva 14 años de residencia legal en Venezuela, demostró ante las autoridades que lo detuvieron y ante la Sala Penal del TSJ que su documentación, tanto venezolana como española, está al día y es legal.
El 25 de abril denunciamos la detención ilegal de Etxebarria y recordamos en ese momento “que los estados español y venezolano tienen suscritos un tratado de extradición que prevee el modo y la forma en que se debe de llevar, o tratar de llevar, una extradición. Invitamos a ambos gobiernos a que respeten los tratados firmados”.
Dicho ciudadano se ha sometido a todos los requerimientos y procesos que las autoridades venezolanas y el Tribunal Supremo de Justicia le han impuesto.
No cabe duda que en este caso han existido, y existen, presiones sobre la Sala Penal del TSJ, e invitamos a los magistrados para que demuestren que mantienen una independencia en la toma de decisiones.
Caracas, 21 de julio de 2009
Asociación Venezolana de Amigos de Euskal Herria
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