Aún tibio llega a mis manos el libro “Blood & Capital – The Paramilitarization of Colombia” de la escritora canadiense Jasmin Hristov. En palabras de los editores“Ohio University Press” y Paula Brill de “Between the Lines”, y del académico e historiador de la Facultad de Ciencias Políticas de York University, David Mcnally, se trata de una de las más rigurosas investigaciones realizadas en los últimos años acerca de las complejidades, dinámicas y contradicciones del prolongado conflicto social y armado colombiano.
Hristov en su libro analiza objetivamente el conflicto colombiano, y lo define como una guerra que hunde sus raíces y razones en la injusticia, la exclusión social, la pobreza, la corrupción y la violencia política impuesta por las clases dominantes que controlan los hilos del régimen hace más de una centuria.
Pero el de Colombia es un pueblo rebelde, valiente y soñador, que siempre ha ofrecido resistencia popular, a lo cual el régimen ha respondido con escuadrones de la muerte, que de paso encubren la responsabilidad de la oligarquía en la sangrienta orgía de sangre y violencia con que la clase dominante se ha apoltronado en el poder.
Los poderosos en Colombia, más que en ningún otro país del hemisferio occidental, han acudido sistemática e ininterrumpidamente por sesenta años a los escuadrones de la muerte paramilitares para consolidar su poder mafioso y criminal basado en la injusticia. Pero sólo un presidente, y aquí Hristov da en el blanco, sólo Álvaro Uribe Vélez ha pretendido legalizarlos plenamente y otorgarles status político a cambio de silencio e impunidad, es decir, para que no denuncien a sus financiadores y promotores.
Los paramilitares que han roto este acuerdo de silencio e impunidad, o sea aquellos que han hablado más de la cuenta, fueron traicionados e inmediatamente extraditados a los EE.UU. para ser juzgados por narcotráfico, el embeleco moderno con que se cubren históricas realidades de injusticia y opresión.
De acuerdo con el libro de Hristov, pareciera que el afán del régimen, es decir de Uribe Vélez y su séquito más cercano (Juan Manuel Santos, Francisco Santos, Luis Carlos Restrepo, Eduardo Pizarro Leongómez, Fabio Valencia, Andrés Felipe Arias ó alias Uribito, y parlamentarios como Germán Vargas Lleras ó Mario Uribe entre otros) es silenciar ciertos crímenes. Aquellos que de acuerdo con la legislación internacional contra crímenes de lesa humanidad, no prescriben.
Entre los crímenes que esperan por verdad, justicia y reparación están la tortura, 30 mil desapariciones, miles de violaciones carnales, ejecuciones extrajudiciales ó falsos positivos, el genocidio contra la Unión Patriótica, el secuestro y asesinato de lideres sociales y sindicalistas, el desplazamiento forzado y robo de tierras contra 5 millones de campesinos, y otros 250 mil crímenes que más temprano que tarde serán juzgados por un gobierno popular, ó en su defecto por una corte internacional.
Jasmin no duda en señalar que la insurgencia también ha cometido infracciones contra el derecho internacional humanitario. Pero incluso de estas violaciones también es responsable el gobierno, primero por ser el garante constitucional de los derechos humanos de los colombianos, y segundo, por empeñarse en una guerra sin fin en contra de toda alternativa de solución política dialogada para el conflicto interno con la insurgencia, inclusive por oponerse y embolatar la posibilidad de un acuerdo humanitario con las FARC, que permita la libertad de los cautivos.
Este es un gobierno que negocia con los paramilitares, que negocia con los narcotraficantes, pero que se niega a dialogar y buscar alternativas de paz con la insurgencia guerrillera. Jasmin Hristov afirma sin rodeos que el diálogo entre los paramilitares AUC y el gobierno de Uribe, fue el diálogo de un sistema; fue parte de la estrategia de un sistema, y está integrado a la evolución de la estrategia paramilitar del Estado.
No es fortuito que una buena parte de la elite terrateniente, empresarial y política, incluso del clero y de las fuerzas militares y de policía en Colombia se hayan beneficiado del paramilitarismo (para encubrirse), y por ahí derecho del narcotráfico. No es accidental que ese segmento gamonal de la elite respalde unificadamente al actual presidente Uribe y su política de “seguridad democrática”.
Esa misma elite es la dueña de los medios masivos de información. La mass media colombiana ha desarrollado una campaña de miedo, a la vez posicionando al régimen mediante encuestas de opinión, que en últimas terminan manipulando a la población que no importando que viva entre la miseria y la muerte, acepta y aprueba la opinión falsificada de que la vida de los colombianos pobres, o sea la mayoría (25 millones en la miseria), es mejor que la vida de los suizos, los alemanes, los japoneses ó los canadienses. Como dice burlonamente el vicepresidente Santos: Colombia es el país más feliz del planeta.
La información que emiten los medios es parte de esa violencia política que calculadamente desarrolla el régimen. Esa violencia tiene también manifestaciones terroristas como son la estrategia del desplazamiento forzado para apoderarse de la tierra amansada por los campesinos y colonos (en palabras del sociólogo Alfredo Molano), los crímenes selectivos de líderes barriales, de sindicalistas, defensores de derechos humanos, de lideres estudiantiles, de voceros campesinos, negros ó indígenas, así como las masacres que apuntan adesintegrar redes organizativas y sociales de las comunidades.
La investigadora canadiense Jasmin Hristov en su libro “Blood & Capital” pone su mirada crítica, descifrandode manera organizada y sencilla la conexión íntima entre estas violencias y los intereses de las corporaciones financieras, compañías mineras, bananeras y de palma africana. Por eso su fascinante análisis aborda las razones para querer imponer los tratados de libre comercio. Uribe sabe que la firma de estos tratados significa respaldo para su régimen de oprobio e impunidad.
Hristov documenta el rechazo organizado y pacífico de las comunidades de base contra los tratados de libre comercio. Y analiza la tragedia humanitaria que han generado operaciones paramilitares para desalojar comunidades de territorios que luego han sido o serán entregados a corporaciones mineras transnacionales, ó entregados a compañías agroindustriales (banano y palma africana) de capital colombiano y extranjero.
* ex consejero de paz del Valle del Cauca
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