La organización humanitaria Colombianos y Colombianas por la Paz expresó este miércoles, a través de un comunicado, su rechazo sobre la responsabilidad de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) en el secuestro y posterior asesinato del gobernador del departamento colombiano del Caquetá, Luis Francisco Cuéllar, ocurrido el pasado mes de diciembre.
El colectivo "reitera su rechazo al secuestro y posterior asesinato del Gobernador de Caquetá, Luis Francisco Cuéllar y del patrullero Javier Simón García Gutiérrez por parte de las FARC-EP."
El texto de la organización condenó de igual modo el asesinato del policía Javier Simón García Gutiérrez, único escolta presente en la casa del Gobernador el día del plagio.
La organización, que preside la senadora del Partido Liberal, Piedad Córdoba, y que lucha por la liberación de los secuestrados por el grupo insurgente, emitió el comunicado en respuesta al pronuncimianto que hicieron las FARC al reconocer su autoría en el asesinato de Cuéllar.
Pese a los hechos y a su postura con respecto a los actos de violencia, "en los cuales pierden la vida decenas de colombianos a diario en el país", la organización reitera su disposición de seguir en la "búsqueda de caminos que permitan la negociación política del conflicto armado colombiano".
El pasado 23 de diciembre, mediante un comunicado, la organización humanitaria también expresó su pesar por el asesinato del gobernador del departamento colombiano del Caquetá, cuyo cadáver fue encontrado por autoridades colombianas en una zona rural de esa entidad sureña.
Además de rechazar el secuestro y posterior asesinato de Cuéllar, Colombianos y Colombianas por la Paz exigieron a las FARC que se pronunciaran sobre si eran responsables o no del hecho.
Por su parte, el presidente de la nación Álvaro Uribe Vélez, tras el secuestro de Cuéllar ordenó al Ejército emprender el rescate militar de los secuestrados, por lo que se temió sobre la posible suspensión de todos los esfuerzos para obtener la libertad de los cautivos.
Las FARC se hicieron responsables del asesinato del gobernador, ocurrido el pasado 21 de diciembre, tras aclarar que el objetivo era realizarle un juicio político, pero el trágico desenlace se originó como "consecuencia directa de la orden impartida por Uribe a las fuerzas militares del rescate a sangre y fuego".
Mediante un comunicado emitido el pasado martes, las FARC explicaron que, "a pesar de los evidentes vínculos del gobernador Luis Francisco Cuéllar con el paramilitarismo, el objetivo de la retención no era ajusticiarlo, ni hacerle exigencias económicas, sino realizarle un juicio político por corrupto, al haber convertido el dolor y el prevaricato en piedra angular de su administración".
Los insurgentes denunciaron mediante el texto la "hipócrita actitud presidencial que primero declara la guerra, luego la intensifica, la amplía, la financia con exorbitantes recursos".
"Colombianos y Colombianas por la paz acompañan en su dolor a todas las víctimas del conflicto armado", señaló el comunicado de la agrupación armada.
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