Colombia: Santanderismo jurídico al servicio del imperialismo del siglo XXI
Popayán, 1º de septiembre de 2010
En Colombia se cree que gobernar consiste en aprobar leyes. “Qué eficiencia la del gobierno de Santos”, decía un periodista al comentar que ha presentado ante el Congreso varias reformas constitucionales y ha radicado numerosos proyectos de ley. Es prototipo del “espíritu santanderista” elogiado como un gran valor de nuestra democracia republicana.
Tenemos una Constitución con 380 artículos y 60 artículos transitorios. En el escaso tiempo de vigencia - 19 años -, ha sido reformada más de 25 veces. “Está despedazada estructuralmente”, dicen los expertos. Además, en tres semanas de sesiones del Congreso se han inscrito 170 proyectos de ley para su trámite y 17 proyectos de actos legislativos. Es una locura… ¡una verdadera orgía legislativa!
Se gastan en funcionamiento de concejos municipales, asambleas departamentales y Congreso de la República, más de 300.000 millones al año. Es el costo de sostener una apariencia de democracia. “Se eligen los ‘honorables’ y no se vuelven a ver”, dicen los electores. No existe participación de la sociedad. Los representantes que ejercen control político, son excepcionales. Casi todos terminan amangualados con los gobernantes.
El sector judicial y el poder público (contralorías, procuradurías, personerías) absorben más de 2 billones del presupuesto nacional, pero la corrupción crece. Funcionarios y contratistas se roban algo más de esa misma suma. Mientras tanto, las fuerzas de seguridad se gastan un 15% del presupuesto en represión, pero el crimen y el delito se incrementan a diario.
Estudios jurídicos y sentencias de altas cortes, no sirven de nada. Fiscales, cárceles, juicios, penas, extradiciones, y miles de leyes no consiguen detener la avalancha de ilegalidad que consume a nuestra sociedad. ¿Qué pasa?
La ilegalidad “legal”
Los grandes empresarios y transnacionales aprovechan esa debilidad institucional. Pagan a políticos para hacer leyes que les otorgan óptimas condiciones de inversión. Obtienen así, pingües ganancias. Aceptan - de mala gana -, la aprobación de normas sobre derechos sociales, culturales y laborales, defensa del medio ambiente y otras, pero siempre terminan violándolas. Sobornan a funcionarios regionales y locales, o compran con pequeños favores y migajas a las mismas comunidades afectadas por sus actos ilegales.
Ejemplo en el Cauca es lo que ocurre con Smurfit-Kappa (Cartón Colombia) y los Ingenios Azucareros. Leyes especiales les permiten estar entre las empresas más rentables del país. Zonas francas, exenciones tributarias, construcción de obras de infraestructura exclusivas para su beneficio – como ocurre ahora con el “ferrocarril del oeste”[1] -, y todo un cúmulo de gabelas que ya quisiera tener un pequeño productor.
Paralelamente se dan formas de violar “legalmente” todas las leyes que puedan. Se han inventado todo tipo de “cooperativas” y formas de contratación para sobre-explotar a los trabajadores. Persiguen o sobornan a los líderes sindicales. Compran funcionarios de las corporaciones regionales ambientales mientras contaminan y degradan el medio ambiente.[2]
Siguiendo su ejemplo, las transnacionales mineras - encabezadas por la Anglo Gold Ashanti -, hacen estragos en la región. Cuando una comunidad digna no se deja manipular con sus ofrecimientos recurren sin escrúpulos a la violencia paramilitar, como ocurre actualmente en municipios del noroccidente del Cauca.[3]
Mientras tanto el gobierno aprueba “normas sanitarias” impuestas por la Organización Mundial de Comercio para sacar del mercado a miles de productores de panela, pequeños ganaderos y lecheros, y otros productores agrícolas, a los que los funcionarios les aplican “el peso de la ley en defensa del interés común”. Claro, ellos no tienen con qué sobornarlos.
La economía ilegal
Frente a este panorama angustioso e injusto, sobre todo para quien lo vive en carne propia, la salida legal es casi imposible. Mockus acertaba en proponer la “legalidad democrática” pero nunca desafió la criminalidad de Uribe y la ilegalidad de los grandes empresarios. En sus lecciones pedagógicas siempre se refería al ciudadano de a pié que violaba la ley, pero nunca se enfrentó al poderoso. Por eso, él mismo desinfló la “ola verde”.
La reacción normal de cualquier sociedad es la rebelión. Sin embargo, el camino de la insurgencia también fue degradado. La estrategia imperial de la “guerra sucia” enlodó la lucha armada. Hoy, la mayoría de quienes se enrolaran en la guerrilla lo hacen como una aventura delincuencial. Es la realidad. Con ese mismo sentido se vinculan miles de jóvenes a los grupos paramilitares, a las bandas armadas rurales o urbanas, o a prácticas individuales criminales. Lo que ocurre en Medellín es una muestra de lo que ocurre en todo el país.
Muchos campesinos caucanos han aprendido a convivir con la economía ilegal. Ya no tumban todos sus cultivos para sembrar coca como lo hicieron durante la primera “bonanza coquera” de los años 70 y 80. No. Ahora permiten que sus hijos vayan a “raspar coca” (cosechar hoja), o ellos mismos se vinculan a la siembra y procesamiento de la “base” (primera fase de extracción del clorhidrato de cocaína). Así, canalizan parte de los recursos que obtienen hacia el sostenimiento de la producción de café, panela o pequeña ganadería.
En el Cauca, y en muchas regiones de Colombia, gran parte de la economía coquera fluye e irriga canales de intermediación comercial, transporte y financiera. El fenómeno de las captadoras ilegales, “para-financieras” o pirámides, es parte de ese fenómeno. “No podemos dejarnos morir de hambre” afirman los campesinos que tienen que aceptar que su sobrevivencia depende de esa economía, que es calificada como ilegal en los altos niveles del gobierno y de la prensa, pero que – en voz baja – es aceptada y “lavada” tanto en la Bolsa de Bogotá como en Wall Street de New York.
La verdadera legalidad popular
En nuestra región la economía del narcotráfico transforma regiones, envilece las condiciones productivas, descompone lazos comunitarios, corrompe a todas las instituciones, y crea una falsa ilusión de progreso que genera enormes dificultades para construir una sociedad con verdadero futuro.
Nuestro pueblo se ha resistido a ese fenómeno. En los años 90, indígenas yanaconas del sur del Cauca le declararon la guerra a la amapola. Las mujeres del corregimiento de Lerma (Bolívar), impusieron la prohibición al consumo de licores alcohólicos, como reacción a los efectos de violencia y degradación social que traía el fenómeno del narcotráfico. El pueblo Misak (guambiano) y los nasas, han impulsado múltiples campañas de erradicación de cultivos de uso ilícito, pero se han quedado solos. Es una prueba de la dignidad y de la altivez moral de estos pueblos originarios.
Sin embargo, la lógica que se impone es la que se refleja en diversos dichos populares: “El vivo vive del bobo”; “la ley es para los de ruana”; “hecha la ley, hecha la trampa”; “¿si los de arriba roban, por que yo no?”, “no seas pendejo”, y muchas formas de justificar una forma de vida que arrasa con los últimos espacios de resistencia popular.
A pesar de todo nuestro pueblo es muy noble. Frente a esa realidad impactante las mayorías anhelan una “legalidad democrática”. En municipios donde se vive esta situación - de comunidades indígenas, negras y mestizas -, que han sido fumigadas y perseguidas, la población votó en las pasadas elecciones en forma mayoritaria por los “verdes” y por el Polo. Ese es un mensaje esperanzador que genera emoción y confianza.
Conclusión
A más leyes y apariencia de regulación, más ilegalidad y violación de la norma. El camino de la represión y el castigo, no conduce a ninguna parte. El pueblo apoyó la “fuerza de la autoridad” que admiraba en Uribe, pero está descubriendo la verdadera ilegalidad que estaba detrás de esa fórmula. Algo, muy en el fondo de nuestra sociedad, está fallando.
Algunos países sufren más de esta enfermedad que otros. Casualmente los tres países latinoamericanos que conservaron tradiciones jurídicas castellanas combinadas con algunas racionalidades de sociedades “imperiales” pre-colombinas (inca, muisca, azteca), son los que viven con mayor intensidad este problema en Latinoamérica.
La informalidad estudiada por Hernando de Soto en el Perú, y la economía ilegal que convierte en “Estados fallidos” a Colombia y México, parecen ser un resultado problemático de la combinación de lo más atrasado de unas sociedades “semi-coloniales” con lo más avanzado de la estrategia de la plutocracia imperial transnacional. “Santanderismo jurídico” al servicio del “imperialismo del siglo XXI”.
No es con más leyes como nos vamos a liberar de esta tragedia. No es con pequeñas reformas como vamos a poder avanzar. Hay que mostrar las causas profundas de nuestras dificultades, hay que identificar a los causantes y grandes beneficiarios de ese ambiente de ilegalidad. Hay que derrotarlos políticamente. Así lo están haciendo los pueblos de Bolivia y Ecuador. Somos nosotros - los sectores populares -, quienes tenemos la clave para salir de este tremendo atolladero. ¡Hagámoslo!
[1] Importante proyecto de transporte ferroviario de carga que compromete a los departamentos del occidente colombiano.
[2] Broderick, Joe W. El imperio de cartón, impacto de una multinacional papelera en Colombia. 2007.
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