La primera maestra perseguida que conocí fue una profesora que al mismo tiempo ejercía como directora de la biblioteca de mi barrio, un sueño que poco a poco había sido construido por mi madre. Era una madrugada de fines de los 70, pese al frio matinal que bajaba por la quebrada Zapamanga, el parche estaba caliente afuera de la casa, yo iba para el colegio Santander a estudiar, como le respondí al soldado que me detuvo en una esquina y que requisó la tula del Atlético Bucaramanga que usaba como maletín escolar.
Hasta esa mañana no sabía que era un allanamiento, tampoco había visto nunca tantos soldados juntos en el vecindario. Al regresar de clases mi madre me descubrió el país, me habló de las torturas, del estatuto de seguridad, de desaparecidos, de presos políticos, como lo eran desde ese día la profesora bibliotecaria de barrio y su esposo. Eran los prolegómenos de la guerra sucia en el momento de mayor auge de los movimientos sociales en Colombia.
La suerte de nuestros profesores no ha cambiado mucho durante estos años, el terrorismo de Estado se ensañó con este gremio en departamentos como Cauca, Nariño, Putumayo y Antioquia. También en la costa atlántica, donde incluso el narcoparamilitarismo asumió la administración de algunas universidades como la de Córdoba. El caso tal vez más conocido fue el asesinato en el 2004 del profesor Alfredo Correa de Andreis, en la ciudad de Barranquilla, como resultado de la sinergia gansteril entre el DAS y los escuadrones de la muerte.
En lo que va de 2009 por lo menos 11 profesores han sido asesinados. En los últimos 22 años cerca de mil docentes fueron ultimados. En el lapso comprendido entre el 2006 y lo que va de 2009, 84 educadores han sido asesinados y 120 más amenazados, según cifras de Fecode y de la Escuela Nacional Sindical. Muchos han tenido que desplazarse de sus lugares de trabajo huyendo de los sicarios y sus amenazas.
En la educación superior se está pasando de una fuerte tendencia represiva sobre el estudiantado organizado hacia la coerción sobre toda la comunidad universitaria, contando para ello con la connivencia de altos cargos administrativos, como lo evidencia el caso del rector de la UIS Jaime Alberto Camacho Pico, quien sigue en su cargo, pese a que fue pillado infraganti cuando hacia acuerdos con un sicario paramilitar, vía telefónica.
Durante los últimos meses asistimos a una cacería de brujas sobre profesores universitarios e intelectuales, quienes son sistemáticamente sindicados de pertenencia a la guerrilla. Se busca por todas partes a alias "el profesor". Las víctimas de la represalia estatal tienen en común un alto grado de formación, una opinión crítica sobre la realidad del país y unas propuestas transformadoras desde su desempeño profesional como docentes.
La inquisición ha logrado encarcelar y hacer ver como delincuentes, a través de los medios oficiales, a reconocidos, en el medio académico, investigadores y profesores, como Miguel Ángel Beltrán, William Javier Díaz, Fredy Cortés y Liliany Obando, esta última además madre soltera de dos hijos. Ahora nos dicen que estos académicos combinaban sus investigaciones y tesis doctorales con la siembra de minas quiebrapatas en el páramo del Sumapaz, y que además eran responsables de sofisticadas redes de logística, reclutamiento e inteligencia de una guerrilla aparentemente casi exterminada.
Las oficinas de inteligencia, los asesores de seguridad y la dirección de la acción integral han recreado bloques de intelectuales de las FARC, buscando guerrilleros en los medios alternativos de comunicación, en los sectores políticos progresistas y el profesorado. Se está criminalizando de manera planificada la crítica y la opinión. Orwell se quedaría corto para describir la capacidad de control e intimidación en este régimen de traquetos con poder político.
La idea es llevar al oprobio de la cárcel a la mayor cantidad posible de personas opositoras, para sentar el precedente, refrendado por una sociedad enferma, de que pensar, criticar, cuestionar y proponer cambios es delictivo. De tal forma que, en las 140 cárceles del país ya no cabe más gente, allí están hacinadas 60.175 personas, de las cuales 7.200 son actualmente presos políticos.
El aparato de propaganda del estado y los medios de comunicación construyen permanentemente el miedo y aceitan la paranoia nacional que hace posible que lo malvado sea visto como benévolo y lo diferente, disidente u opositor como un monstruo amenazante que merece la muerte y el encierro.
Esto explica que a una mujer negra que propone arreglar el país mediante los acuerdos y el diálogo se le escupa en la cara, se le griten amenazas e improperios machistas y racistas en aviones y aeropuertos; y que a un cantante que organiza conciertos por la paz se le llame ya guerrillero sin fronteras.
Más información:
Si quieres contribuir a que Kaos en la Red pueda seguir publicando artículos como este, puedes hacer tu donación en:
| Paypal (seguro y permite diferentes formas de pago) |
Microdonación de 2 euros
| Donación de importe libre
|
