El Comité Permanente por la Defensa de los Derechos Humanos, seccional Arauca, denuncia, condena y rechaza enérgicamente ante la comunidad regional, nacional e internacional la forma vil y violenta como fueron desalojadas 164 familias desplazadas que, ante la carencia de vivienda y la indolencia del gobierno municipal y departamental, se tomaron de manera pacifica desde el sábado 6 de marzo un predio que pertenecía al Departamento, en el sector de Costa Hermosa en la capital de Arauca.
El martes 9 de marzo, el grupo antimotines y de caballería de la Policía Nacional irrumpió en el predio de manera violenta, desalojó a hombres, mujeres, ancianos y niños hiriendo a varios de ellos.
En los hechos represivos, la señora Martha Cecilia Chilito fue golpeada y luego arrastrada de los cabellos por todo el terreno. Esta infamia la cometió el mayor de la Policía de apellido Arias. La señora Martha fue llevada al hospital por las múltiples heridas, de donde pensaban sacarla para judicializarla, situación que se evitó gracias a la oportuna intervención de la Defensoría del Pueblo y la Personería de Arauca. En estos momentos la señora se encuentra hospitalizada.
El niño Jorman Macías Chilito, hijo de la señora Martha, también fue llevado al hospital porque al ver lo que el mayor Arias le hacía a su progenitora, intercedió para defenderla y este siniestro personaje lo golpeó, causándole múltiples convulsiones.
Otras personas heridas en este hecho que debe ser rechazado por toda la comunidad son: el señor José Ignacio Aldana, de 37 años, golpeado en el estómago por el mayor Arias; la niña Kelly Yohana Ruiz, de 16 años, fue golpeada por el mayor Arias y pateada luego por otros policías; la niña Estefani Lorena Sanabria, de año y medio de edad, fue golpeada con el escudo que llevaba un policía antimotines; al señor Charles Caro Robles un policía le arrebato su cédula de ciudadanía y se la destrozó.
El policía de placa numero 1132836 le dijo al líder de los desplazados Pedro Julio Quintero antes del desalojo que “la boca le sabia a sangre, que esperaba que le dieran la orden para acabar con todos”.
Ante estos lamentables y repudiables hechos exigimos de las autoridades competentes una exhaustiva investigación contra el mayor Arias y todos los servidores públicos que actuaron de manera violenta contra estas indefensas personas, violándoles sus más elementales derechos.
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