El defensor de los derechos humanos y jesuita colombiano, Javier Giraldo, se escusó de asistir, aludiendo "impedimento moral", a una cita judicial en Bogotá convocada por las acusaciones de "falsa denuncia, injuria y calumnia", en relación a la masacre de 8 personas en la región de Urabá (noroeste de Colombia).
De esta forma, Giraldo apeló a una norma constitucional que reza que "nadie será obligado a actuar contra su conciencia" para de esta manera no asistir a la convocatoria pautada el pasado 11 de marzo por una fiscal en Bogotá.
A través de un informe de 43 páginas difundido este viernes en la capital colombiana, Javier Giraldo explica a Piedad Angélica Acero, la fiscal que lo convocó, las razones por las que se ausentó del encuentro judicial, en un proceso por "falsa denuncia, injuria y calumnia" abierto por una autoridad militar.
La causa está basada en la masacre de 8 integrantes de la comunidad de paz de San José de Apartadó (noroeste), tres menores, entre ellos, perpetrada el 21 de febrero de 2005 por paramilitares y militares, como lo sentenció finalmente la Fiscalía General.
Sin embargo, autoridades colombianas insistieron en adjudicarle este hecho a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).
El defensor de los derechos humanos afirmó que en los 29 años que lleva en esas actividades, se ha enfrentado a "experiencias negativas y aterradoras" que minaron su fe en la justicia.
"La conciencia ética de la humanidad se siente comprometida con la búsqueda de la verdad y de la justicia, y acepta con agrado someterse a mecanismos institucionalizados que faciliten las aproximaciones sociales a la verdad y a la justicia, así impliquen muchas veces molestias, esfuerzos o incomodidades personales", reconoció Giraldo.
En este sentido agregó que "lo que no puede aceptar una conciencia ética es involucrarse en mecanismos institucionales que, tras ficciones o simulacros de verdad y de justicia, lo lleven a uno a contribuir en la práctica y positivamente con la falsedad y la injusticia".
"Esto reviste una gravedad superlativa cuando en el simulacro está comprometida la vida y la dignidad de numerosos seres humanos", enfatizó el jesuita Giraldo, para solicitarle a la fiscal que lo exima de "toda declaración, versión, indagatoria o entrevista".
Este proceso en contra del jesuita colombiano, lo inició la denuncia de un Coronel del Ejército, tras la información sobre la masacre que develara Giraldo.
La matanza ocurrió en la "comunidad de paz" San José de Apartadó, ubicada en el Golfo de Urabá, donde 8 personas fueron asesinadas el 21 de febrero de 2005.
Los efectos causados en la comunidad nacional e internacional fueron contundentes, pues los tres menores fueron degollados y los cadáveres de los cinco adultos restantes fueron descuartizados.
Mauricio García, director del Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), organismo del cual el jesuita colombiano es miembro, aseguró que la denuncia contra Giraldo fue puesta "por quien ejercía el mando operacional de la Operación Fénix, en desarrollo de la cual paramilitares e integrantes de la Brigada 17 ejecutaron a ocho personas".
Por su parte, Jorge Molano, abogado defensor de derechos humanos, dijo que llama la atención que la Fiscalía "no haya vinculado a la investigación por la masacre, al Coronel que puso la denuncia contra Giraldo, pero, en cambio, sí haya citado a indagatoria al padre por falsa denuncia".
"Yo creo que la finalidad es, por un lado, encubrir y, por otro, promover la impunidad", se quejó Molano.
Según la Comisión Colombiana de Juristas, en 2008 fueron asesinados al menos 11 defensores de derechos humanos en Colombia y otros más fueron "detenidos arbitrariamente".
Javier Giraldo dirige una de las bases de información más completas en torno a violaciones de los derechos humanos en Colombia.
El organismo internacional Human Rights First, dio a conocer por medio de un informe en febrero pasado, las 32 investigaciones que llamó "acoso judicial" desarrolladas por la Fiscalía de Colombia y que califica de "infundadas" contra personas que se desempeñan como defensores.
El informe sostiene que "es un sistema de justicia penal destacado por sus niveles de impunidad. La tenacidad de los fiscales colombianos que persiguen casos en contra de los defensores de derechos humanos es impresionante".
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