Los ánimos están caldeados. La oposición pide garantías para el ejercicio político en medio de una campaña para, el próximo año, determinar quién gobernará el país hasta el 2014, sin descartar que Álvaro Uribe se prolongue en el poder, tras que el Congreso aprobara una Ley de Referendo que le permite aspirar a la reelección por segunda vez consecutiva.
Máquina criminal
"Uribe es un dictador que convirtió al DAS en una máquina criminal,” ha dicho reiteradamente el ex presidente César Gaviria (1990/94), director del Partido Liberal (PL), colectividad que designará este mes el aspirante a la sucesión presidencial. Una primera denuncia en tal sentido la hizo en Cúcuta, ciudad fronteriza con Venezuela, ante una convención de su partido.
Ayer, desde los micrófonos de Radio Caracol, Gaviria preguntó: "¿Hasta cuándo el Presidente nos va a devolver la tranquilidad de contar con garantías políticas?"
Luego, calificó de “bomba explosiva” las relaciones entre la Casa de Nariño (sede del Gobierno) y el DAS, y calificó de “bochornoso ver como compraban conciencias” en el proceso de aprobación del referendo. Las “chuzadas”, como coloquialmente se denominan las interceptaciones que desde el Departamento Administrativo de Seguridad, DAS-Inteligencia, se han hecho a comunicaciones telefónicas de magistrados, políticos, periodistas y activistas de organizaciones no gubernamentales, son sólo una de las múltiples y graves irregularidades que han aflorado y que persisten pese a cambios en su jefatura y aparentes reestructuraciones.
El cartel de las 3 letras
Sin duda, las acusaciones de mayor calibre, porque salpican al presidente Uribe, y hablan de infiltración en territorio venezolano, son las hechas por Rafael García, ex directivo responsable del área de sistemas del DAS, quien destapó los primeros escándalos de nexos entre la cúpula de ese organismo y las paramilitares Autodefensas, las cuales ahora reafirma, tanto en una declaración que entregó a las autoridades estadounidenses como en entrevista al telenoticiero Noticias Uno, en su emisión del domingo 6 de septiembre.
Según García, quien ya fue condenado por la infiltración paramilitar en el DAS, desde ese organismo operaba una red de narcotráfico a la que llamó ‘el cártel de las 3 letras’, en la que también intervenían funcionarios del servicio de aduanas. La red, que funcionó desde el 2003, realizó operaciones de tráfico de drogas y lavado de dinero, mediante correos humanos, lo que permitió ingresar al país unos cien millones de dólares blanqueados.
También reveló que su ex jefe, Jorge Noguera, actualmente procesado, “viajó a México en razón de su cargo como director del DAS, (y que) en realidad este viaje -el cual fue oficial y pagado por el Estado colombiano- tenía como propósito establecer alianzas con la organización narcotraficante de los hermanos Beltrán Leiva, lo cual se concretó”.
De acuerdo con la versión que de su entrevista aparece en la página de Internet de Noticias Uno, “el presidente Álvaro Uribe conocía y aprobaba la existencia de esta red ilegal y las actividades delictivas a que nos dedicábamos (en beneficio de los paramilitares) quienes hacíamos parte de ella”. Otra acusación delicada es la relacionada con una reunión en la que, según dijo, “se definió enviar tropas de las Autodefensas a los departamentos de Norte de Santander y Arauca, con el fin de combatir a la guerrilla en la frontera con Venezuela y entrar a este país cuando fuera necesario.
Fue de esta reunión de donde se fortalecieron los bloques Catatumbo y Vencedores de Arauca”. Muy grave Las implicaciones del escándalo del DAS “son muy graves para un Estado de derecho en el que las actividades de inteligencia deben estar dentro de los límites de la Ley, pese a que, por su propia naturaleza, están lejos del escrutinio público,” declaró a Radio Nederland Camilo Sánchez, investigador del Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad de Justicia. Sánchez destacó que “la situación no es nueva,” pues desde 1997, con ocasión de una visita a Colombia de la Comisión Interamericana, organismo de la Organización de Estados Americanos, OEA, se advirtieron y denunciaron actividades del DAS para obtener registros de inteligencia de defensores de Derechos Humanos.
También ha sido preocupación de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la onU evitar que se desvíen acciones de inteligencia para interferir en actividades legítimas de la ciudadanía y de los partidos de oposición.
Radio Nederland: En el actual contexto de campaña electoral, ¿el nuevo escándalo del DAS cobra mayor relevancia o está opacado por la discusión en torno al referendo reeleccionista?
Camilo Sánchez - Habría una confluencia entre los dos momentos políticos. De un lado, ya se conocían interceptaciones directas sobre jueces constitucionales y otros encargados de decidir la constitucionalidad de la anterior reforma que permitió la primera reelección presidencial. De otra parte, recientes noticias de la revista Semana hablan de interceptaciones a miembros de partidos de oposición que estaban en contra de la Ley de Referendo. Esa debería ser una de las líneas de investigación de la Fiscalía.
RN: ¿Qué trabajo le suscitan este tipo de situaciones a De Justicia?
CS: Es muy grave que aparatos del Estado fueran cooptados por personas que los han convertido en máquinas de terror, como al parecer ocurrió, según algunas denuncias. Se requiere que el Estado adopte medidas serias para investigar los hechos, desmantelar las redes, castigar a quienes han cometido estos delitos, y evitar que se repitan. En caso de que se comprueben uniones entre estas organizaciones paramilitares, que se enquistaron en el DAS, exige una política de no repetición destinada a remover todos aquellos factores que permitieron que en una sociedad democrática un grupo criminal se tomara una institución de las más sensibles, bajo la responsabilidad directa del Presidente de la República. Una transformación de las actividades de inteligencia parecería estar a la orden del día en Colombia.
RN: Por lo que usted ha observado ¿cree que ha habido una reacción positiva, o se tiende al encubrimiento o a soslayar la verdadera dimensión del escándalo?
CS: Ha faltado, por parte de las autoridades, asumir una responsabilidad más política. Es paradójico entender la ‘micro gerencia’ con la que el Gobierno nacional intenta trabajar todos los temas, en particular los de seguridad, frente a la ‘macro ignorancia’ que alega tener de lo que sucedía en el DAS.
En cuanto a la actuación de las autoridades judiciales, no ha resultado tan eficiente ni ajustada al derecho, como era de esperar. Por ejemplo, la investigación y el juzgamiento del ex director del DAS (Jorge Noguera) han estado plagados de irregularidades; por eso se han decretado nulidades en varios momentos procesales, y aún no existe una línea de investigación en la Fiscalía con respecto a otras personas que indique la voluntad de castigar.
RN: ¿Cuales son las consecuencias de este estado de cosas en un Estado democrático?
CS: Son nefastas. Primero, gran desconfianza pública y ciudadana en aquellas instituciones encargadas de proveer la seguridad, como son los servicios de inteligencia. Luego, se genera un grado de polarización muy grande que impide llegar a los consensos necesarios para el desmantelamiento de estas redes criminales. En tercer lugar, internacionalmente aísla a Colombia y, por último, genera mecanismos de impunidad que nos impiden avanzar en una transformación democrática de las instituciones para evitar la repetición de actos de conflicto y violencia como los que tenemos en Colombia.
El juicio a Noguera
En un expediente de casi 200 folios, la Fiscalía sustenta el llamado a juicio a Jorge Noguera por la persecución y homicidio de activistas de derechos humanos, académicos y sindicalistas. Sin embargo, ayer, en una audiencia preparatoria del juicio, aduciendo fallas de procedimiento, sólo quedaron vigentes los cargos de concierto para delinquir agravado, derivados de sus nexos con la cúpula paramilitar dirigida por alias ‘Jorge 40’, a cuyas órdenes y servicio puso el aparato de inteligencia del Estado.
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